Menos de un mes después de que el Congreso lo censurara por sus pésimos –por no decir inexistentes– resultados en la lucha contra el crimen, el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha regresado al Gobierno al que prestó servicios durante casi un año, primero como jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio del Interior, luego como viceministro de Orden Interno y, finalmente, como titular del sector. Lo hace, además, en una dependencia recién estrenada (la brumosa Oficina General de Monitoreo Intergubernamental) y con un sueldo anual que bordea los S/250.000.
Todavía no se sabe bien qué utilidad tendrá esta oficina o si, por el contrario, solo duplicará funciones que alguna otra ya viene realizando (entre sus encargos está el de “facilitar la coordinación y articulación del desarrollo de la agenda presidencial”, “emitir opinión técnica” sobre diversos asuntos y “establecer mecanismos de coordinación”), pero se sabe que contará con siete trabajadores y se calcula que nos costará a todos los peruanos unos S/880.000 al año.
Solo un despistado podría creer que a Santiváñez se lo ha nombrado por sus méritos durante su paso por la administración pública o por sus probadas competencias para el nuevo puesto. ¿Qué labores de coordinación, por ejemplo, va a realizar alguien que cuando fue ministro se dedicó a confrontar con el Ministerio Público un día sí y el otro también? ¿Qué opinión técnica puede emitir una persona a la que se la recuerda principalmente por difundir mentiras en televisión nacional y por presentar datos de manera antojadiza y parcial?
Los méritos de Santiváñez, qué duda cabe, hay que buscarlos en otro lado. Y estos parecen estar más vinculados con la intención de la presidenta Dina Boluarte de premiar a alguien que le fue leal hasta lo último o, cuando menos, de evitar que se repita lo que le pasó con su exjefe del Gabinete Alberto Otárola, quien meses atrás confirmó que la mandataria se sometió a una cirugía de manera opaca, sin avisarle a nadie, ni siquiera a sus ministros.
Esto explicaría por qué al exministro de Desarrollo e Inclusión Social Julio Demartini se lo recicló como asesor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo luego de que tuviera que abandonar el cargo tras las intoxicaciones de los escolares del programa Qali Warma. O por qué alguien tan cuestionado como el exministro de Energía y Minas Óscar Vera fue recolocado en Petro-Perú.
El regreso de Santiváñez, en fin, no es solo una burla al Congreso que lo censuró por su incapacidad para el cargo, sino también a la ciudadanía que sufre los estragos de su incompetencia para luchar contra la inseguridad ciudadana.
WUF
