Tras la masacre de Pataz, se ha levantado en el Congreso un clamor contra el Ejecutivo y su falta de acción frente a la criminalidad asociada a la minería ilegal. Un clamor que ha acabado traduciéndose en varias mociones de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, cuyo debate se realizará antes de que termine la semana. Lo cierto, sin embargo, es que la situación que los parlamentarios critican no es solo culpa del gobierno y tiene que ver, en muchos casos, con ellos mismos.

Como se sabe, el parapeto que permite operar a los mineros ilegales e impide a las autoridades intervenir en sus actividades, por turbias que parezcan, es el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Un instrumento que, desde su creación, no ha impactado de manera relevante en el incremento de la formalización, y cuya vigencia ha sido extendida por el Legislativo en más de una oportunidad. Sin ir muy lejos, en noviembre del año pasado la actual representación nacional aprobó su renovación por seis meses con 87 votos provenientes de todas las bancadas.

A la luz de los acontecimientos de Pataz, algunos legisladores han sugerido tímidamente la posibilidad de que haber respaldado esa extensión fuera un error, pero creer en la veracidad de semejante autocrítica se hace difícil. El dato que más alimenta ese escepticismo es la cantidad de visitas de dirigentes de organizaciones de mineros informales que legisladores de toda procedencia partidaria han recibido en los últimos tiempos. De acuerdo con un análisis efectuado por este Diario, solo entre enero del año pasado y el presente, los presidentes de Confemin Perú, Fenamarpe y AMA Pataz han concurrido al Parlamento 160 veces. Entre los congresistas más visitados se encuentra, sintomáticamente, Paul Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial), presidente de la Comisión de Energía y Minas. Él ha recibido a los dirigentes en cuestión 11 veces. Y algo parecido sucede con sus compañeros de bancada Elizabeth Medina Hermosilla y Segundo Quiroz Barboza, quienes han recibido 8 y 6 visitas, respectivamente. Ocupan asimismo una posición llamativa en ese inquietante ‘ránking’ los legisladores Luis Kamiche (APP) y Guido Bellido (Podemos Perú). Esa información, además, que tiene que ser cruzada con la circunstancia de que varios de ellos presentaron en su momento propuestas para extender la vigencia del registro de marras.

Pues bien, ahora que, en junio próximo, la última extensión del Reinfo está por extinguirse será muy revelador ver la reacción de todos esos parlamentarios si el Ejecutivo decidiera no renovar su vigencia. Estaremos atentos.

Editorial de El Comercio

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