Editorial El Comercio

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Desde estas páginas hemos llamado la atención en más de una oportunidad sobre la manera intempestiva e irresponsable de legislar a la que el Congreso se ha habituado. Entre todos sus excesos, uno de los más llamativos ha sido sin duda el reciente intento de derogar la Ley de Promoción Agraria (LPA) en apenas un día. El intento, finalmente, se derivó –por pocos votos– a las comisiones de Economía y Agraria para mayor análisis, pero el precedente reveló un nivel de institucionalidad tan erosionado que en cuestión de horas se puede perder todo un régimen económico, sin más ni más.

En algunas ocasiones anteriores, el Poder Ejecutivo había servido de contrapeso a los desatinos del Legislativo. En esta oportunidad, sin embargo, el gobierno del presidente Francisco Sagasti –quien decidió no entrar mucho al fondo de la discusión– se sumó rápidamente al pedido de derogatoria de la LPA. Ayer, durante su presentación en el Congreso para el voto de confianza, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, indicó que “desde el Ejecutivo presentaremos un proyecto ley derogando el régimen laboral aplicable a los trabajadores agrarios comprendidos en la Ley 27360 (LPA)”. El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Palacios, de hecho, ya se había adelantado con el anuncio, y había declarado el día anterior que “todas las normas de carácter laboral de esa ley deben ser derogadas”. De acuerdo con el ministro, “corresponde aplicar el régimen general, que tiene las vacaciones, la CTS, gratificaciones y todos los derechos considerados ahí”.

Esta última afirmación deja entrever que el actual régimen agrario no tendría los derechos ahí descritos. Este ha sido uno de los puntos de discusión más controversiales durante los últimos días, y es lamentable por eso mismo que la autoridad máxima del empleo en el país no contribuya con información veraz. El régimen laboral de la LPA sí incluye vacaciones remuneradas de 30 días calendario (igual que el régimen general y más que el régimen mype), gratificaciones, CTS, indemnización por despido arbitrario y ajuste de remuneración mínima diaria de acuerdo con la remuneración mínima vital vigente (S/930 al mes). De hecho, muchos de estos ajustes en favor del trabajador fueron realizados hace menos de un año, con la última ampliación de la norma vía decreto de urgencia de diciembre pasado. Contribuir con esta información hubiese sido sumamente valioso.

Es cierto que no es la primera vez en los últimos años que el Ejecutivo carece de los reflejos y de la voluntad política para hacer valer el Estado de derecho y la responsabilidad económica por encima de las demandas populistas. Durante la administración del presidente Martín Vizcarra, lo había demostrado ya con el sistema de pensiones y también con la denegatoria del avance del proyecto minero Tía María, por citar solo dos casos. En esta ocasión, se ha puesto en juego sin mayor análisis la viabilidad de uno de los sectores que más empleo formal y bienestar ha generado de forma descentralizada en el Perú de décadas recientes. Peor aún, se ha hecho con un nivel de apresuramiento tal que solo puede tener como resultado peores condiciones para los trabajadores, los empresarios y el país en general.

El Gobierno, pues, no solo ha carecido del valor necesario para hacer frente a una iniciativa precipitada y antitécnica, sino que se sumó a lo que entendieron era la movida política oportuna y contribuyó activamente a difundir información imprecisa sobre la naturaleza del régimen agrario. Si es esa la trayectoria que espera tomar el Gabinete de la señora Bermúdez, serán ocho meses muy complicados los que tiene el país por delante.