En las primeras horas del jueves 17 de agosto, un operativo liderado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder intervino casi 50 inmuebles y detuvo a 12 personas implicadas en el Caso Operadores de la Reconstrucción. Entre los detenidos, se encuentran el exdirector de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) Robert López, su exasesor Mario Espinoza y el exalcalde del distrito piurano de La Unión Fernando Ipanaqué. Así como también dos personas a las que el Ministerio Público identifica como “asesores en la sombra” del congresista Guillermo Bermejo: Jaime Jara y Yul Valdivia.
El inicio de esta investigación se remonta a noviembre del 2022, cuando el medio piurano Palmeras TV divulgó un audio en el que se escucha a Ipanaqué hablando con Espinoza sobre cuatro obras ejecutadas el año pasado en el distrito en momentos en que el primero se desempeñaba como burgomaestre y que habrían sido dirigidas por los implicados. Estos proyectos se realizaron con presupuesto de la ARCC, donde laboraban López y Espinoza, y fueron posibles gracias a un decreto supremo de agosto del 2022, emitido durante el gobierno de Pedro Castillo. El monto total por los cuatro ascendió a casi S/15 millones.
“Tú me indicaste que anote lo que le correspondía a él de los cuatro [proyectos] que salieron en ese momento”, le dice Ipanaqué a su interlocutor. “Nosotros tenemos que ver también a la gente darle algo, ¿no?”, le responde Espinoza en otro momento de la conversación. En esta, además, el alcalde le dice al funcionario de la ARCC: “Estoy con el asistente de Bermejo, que está en Piura” y poco después, luego de que Espinoza le preguntara si se trataba de Jara, Ipanaqué precisa que no; que estaba con Yul Valdivia.
En sus descargos ante la prensa, el legislador Bermejo ha rechazado su participación en cualquier acto de corrupción, ha asegurado que la fiscalía busca “eliminar políticamente a los que somos acérrimos opositores de este régimen de barbarie”, ha dado a entender que terceros han utilizado su nombre sin su conocimiento y ha negado que Jara y Valdivia sean sus asesores. Ello, pese a que el primero se desempeña como técnico del parlamentario desde el 27 de julio del 2021, mientras que el segundo, aunque no ocupa un cargo formal, registra al menos 13 visitas al despacho del legislador, según ha revelado este Diario.
Otro elemento llamativo consignado por la fiscalía en el pedido en el que sustenta los allanamientos y las detenciones de esta semana es el que concierne a una declaración del exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda (en el que laboró López antes de aterrizar en la ARCC) Salatiel Marrufo y que comprende al expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres. Según Marrufo, el hoy preso extitular de Vivienda Geiner Alvarado, que por entonces era su jefe, le comentó que Torres les solicitó a los ministros en una reunión privada “hacer una bolsa de dinero para los problemas legales del expresidente Pedro Castillo”. Una aseveración que, sin duda, debe investigarse.
Al final, cabe destacar que el esquema montado alrededor del gobierno distrital de La Unión parece ser apenas uno más de los varios que germinaron durante la administración anterior en instituciones como los ministerios de Transportes y Vivienda, la policía, el Ejército, o municipios del interior del país, como los de Anguía o Chadín, en Cajamarca, o el de Chachapoyas, en Amazonas. ¿En cuántas comunas más habrá operado la presunta organización criminal que tenía como líder en última instancia –siempre según la tesis fiscal– al expresidente Castillo? ¿Cuánto hilo más queda por jalar para conocer otras tramas que aún permanecen ocultas? Pues solo el avance de las investigaciones podrá proveernos respuestas.
Lo que corresponde ahora es que la fiscalía continúe con las labores de reconstrucción de este y otros casos para que la ciudadanía pueda conocer la identidad y el rol desempeñado por estos operadores de la corrupción que durante el gobierno anterior se aprovecharon de las expectativas de la población para enriquecerse.
WUF
