Las cifras son frías y suelen golpear, pero pocos golpes son tan certeros como aquellos encajados a la niñez. Entre enero y mayo, SíseVe, del Ministerio de Educación, registró 930 casos de agresiones físicas y sexuales en colegios de Lima Metropolitana, 240 de ellos de violencia sexual. Detrás de cada cifra hay un niño vulnerado en el lugar que debía protegerlo. Estos casos no son anomalías, son la expresión más cruda de un patrón de violencia que las autoridades conocen desde hace años y que no han logrado revertir.
Las cifras son frías y suelen golpear, pero pocos golpes son tan certeros como aquellos encajados a la niñez. Entre enero y mayo, SíseVe, del Ministerio de Educación, registró 930 casos de agresiones físicas y sexuales en colegios de Lima Metropolitana, 240 de ellos de violencia sexual. Detrás de cada cifra hay un niño vulnerado en el lugar que debía protegerlo. Estos casos no son anomalías, son la expresión más cruda de un patrón de violencia que las autoridades conocen desde hace años y que no han logrado revertir.
Este Diario ya lo advirtió con datos propios. Un informe de EC Data reveló que las denuncias por ‘bullying’ en escuelas públicas y privadas del país se duplicaron en apenas un año, y que más de 6 de cada 10 casos ocurren en secundaria. El crecimiento no es nuevo ni sorpresivo: es sostenido desde hace una década. Lo alarmante no son solo las cifras, sino la persistencia de las fallas que las explican y la casi nula acción al respecto por parte de las autoridades.
¿Qué ha hecho realmente el sistema educativo con esa alerta temprana? La respuesta es incierta. SíseVe funciona como un termómetro que mide la fiebre, pero nadie prescribe el tratamiento: se registran los casos y se abren investigaciones cuando la prensa los visibiliza, pero la prevención sigue ausente en las aulas. Los protocolos existen en el papel; sin embargo, en la práctica, muchos colegios reaccionan solo cuando el escándalo estalla, incumpliendo su deber de protección.
La responsabilidad no recae solo en los colegios. El Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no pueden limitarse a acompañar a las víctimas después de ocurrido el daño. Se necesita fiscalización permanente, capacitación docente en detección temprana y sanciones ejemplares para quienes oculten denuncias. La secundaria, la etapa de mayor riesgo, requiere programas específicos, no campañas de cartel.
Peor resulta la desidia ante agresiones cometidas por profesores, cifra que en este reporte no es menor y que debería encender las alarmas sobre los filtros de contratación docente. Ningún adulto que agrede a un menor debe seguir frente a un aula mientras se investiga.
El Estado debe actuar con la misma velocidad con la que crecen las cifras de violencia escolar. Defendamos a nuestros escolares, es una exigencia que no admite más postergaciones.
EEUU
