El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ya no tendrá excusas para mitigar la ola criminal que aterra a los vecinos del norte. El domingo, los ecuatorianos se movilizaron para votar en un referéndum y consulta popular de 11 preguntas, ocho relacionadas con inseguridad ciudadana y sistema de justicia. Una de las preguntas, la estrella de la consulta y por la que más del 72% votó por el sí, pedía responder a una propuesta de reforma constitucional que permita que los miembros de las Fuerzas Armadas tengan un rol activo en la lucha contra el crimen organizado sin necesidad de decretar estado de excepción.
La realidad de Ecuador no está alejada de la nuestra: inestabilidad política, interrupción de los períodos presidenciales y ahora inseguridad ciudadana. Recordemos que nos contagiamos de miedo en enero, cuando en una emisión en vivo delincuentes armados ingresaron a una estación de televisión en Guayaquil, al mismo tiempo que los presos se amotinaban y el caos se apoderaba de las calles. La posibilidad de un escenario de dominio criminal en nuestro país no se sentía, y aún no se siente, tan remota.
Por eso, es interesante colocarle la lupa a las decisiones del pueblo ecuatoriano. Ejercer la ciudadanía no es tarea fácil o no debería serlo, pues demanda conocimiento, información y análisis. Lamentablemente, así como el ciudadano vota en elecciones presidenciales desde las vísceras, también puede hacerlo en referendos. Esta vez, el movilizador fue el miedo.
Algunos críticos señalan que la medida es más popular que necesaria. Argumentan que el régimen de excepción que dispone esta medida extrema ya se había declarado desde inicios de año, y que el referéndum no hace más que institucionalizar la militarización del Estado y colocar a las Fuerzas Armadas como un actor político.
Los resultados positivos darán, supuestamente, las herramientas que el gobierno de Daniel Noboa necesita para bajar los índices de criminalidad y significan –calculadamente– el impulso a una probable reelección presidencial el próximo año. Sin embargo, la promesa de acabar con la violencia debe ir de la mano con cambios estructurales que pasan por estabilidad política, disminución de la pobreza y la corrupción, generación de inversiones y puestos de trabajo, entre otros.
Noboa se juega su futuro político si no logra satisfacer las expectativas de la ciudadanía, y el tiempo dirá si la democracia sin sustancia –esa en la que solo se exige el voto libre– justifica el populismo punitivo.
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