“Se ha devuelto la estabilidad y la esperanza a un país que busca su desarrollo económico con justicia social”, dijo la presidenta Dina Boluarte en su alocución en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su segunda salida del país. La afirmación contiene una verdad a medias y vale, además, para detenerse en dos términos: la estabilidad y la esperanza. La esperanza es, quizás, lo único que el país nunca perdió.
Si se revisa la bicentenaria historia del Perú –llena de avances y retrocesos, dolorosos enfrentamientos entre peruanos y sucesivas crisis políticas que recurrentemente traen la percepción de que el actual (el de ayer, el de hoy y el de mañana) es el peor momento que el país vive–, la esperanza siempre estuvo ahí. Se mantuvo aun en los años de la guerra interna y la inflación o, más recientemente, durante la crisis crónica que se vive desde el 2016 y en las revelaciones de los grandes casos de corrupción.
La estabilidad actual, en cambio, es algo que se ha instalado al menos desde marzo. El gobierno de Boluarte, de hecho, se inició con la mayor cifra de acciones colectivas de protesta de las que se tenga registro (1.261 en enero, según la Defensoría del Pueblo) y en un grado de precariedad que hacía presagiar el pronto final de su gobierno.
Si sirve como referente la aprobación presidencial, esta cifra casi no se mueve desde los últimos tres meses, según las principales encuestadoras (Ipsos: 14% en julio, 16% en setiembre; IEP: 12% en junio y 10,5% en agosto; Datum: 15% en julio y setiembre).
Otro elemento de indudable consolidación es la permanencia de algunos ministros. Hace 15 días, se realizó el cuarto cambio numéricamente significativo de ministros (seis de 19). Si algo puede notarse, es la continuidad de aquellos que han estado en el cargo la mayor parte del mandato de Boluarte: de sus 288 días, 11 de 19 ministros superan los 250 días, entre ellos, la fundamental cartera de Economía y Finanzas (MEF).
A ello debe agregarse el pacto tácito de permanencia Ejecutivo-Legislativo que hace muy improbable que se retome la reforma constitucional que permitiría un adelanto de comicios. Cuando en marzo pasado la propuesta se puso en la congeladora, se dijo que en agosto podría retomarse el debate. Estando por concluir setiembre, es evidente que el tema no despierta ningún interés entre la élite política.
Así las cosas, y al margen de su fecha de expiración, el gobierno de Boluarte pasará a la historia no como un gobierno transición, sino como un régimen estándar que será juzgado por los avances y retrocesos que se hayan dado mientras duró. Al final de cuentas, supera ya con creces los ocho meses de los gobiernos de transición que se han tenido desde el 2000.
En tal medida, la severidad o el entusiasmo con que se evalúe será más parecido a lo que experimentó la gestión de Martín Vizcarra y no a la relativa indulgencia con la que se trató a gobiernos que tenían una agenda muy acotada por su naturaleza, como los que lideraron Valentín Paniagua (2000-2001) y Francisco Sagasti (2020-2021).
El escrutinio se llevará a cabo, más temprano que tarde, y se activará cuando se evalúen acciones concretas en temas de gran relevancia como seguridad, economía o gestión de desastres, por mencionar los de mayor cobertura en días recientes.
La agenda de sobrevivencia será claramente insuficiente. Quizás una primera y clara señal de este ánimo es el severo juicio y la profunda impaciencia que genera la gestión de Alex Contreras al frente del MEF. Y es que las cifras económicas hacen tambalear la esperanza que la presidenta Boluarte se esfuerza por ver.
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