¿Baile eterno?

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se encamina a completar su cuarto mes en el cargo, habiendo superado distintos escollos y conviviendo con fragilidades y pasivos que, en otras circunstancias y momentos, tumbaron gobiernos. ¿Qué dinámica es la que ha permitido que su administración se prolongue? ¿Puede plantearse con certeza una fecha de caducidad para esta?

En cuanto a la dinámica, se han superpuesto desafíos y ruidos que no terminan de apagarse. Se presencia algo parecido a un bailetón interminable y sin gracia, en el que se cambia de ritmo con recurrencia, exponiendo a los bailarines a esfuerzos que seguramente quedarán cortos ante el reto. Como en todo baile, toca pretenderse diestro en las artes, aunque se carezca del talento para ello.

El Ejecutivo y su tácita alianza con el Congreso, pues, tendrán que enfrentar casi en simultáneo cuatro frentes: la convulsión social, la expectativa por el adelanto de elecciones, el desastre que dejan las lluvias y las acusaciones de corrupción y despropósitos, que cada vez se hacen más frecuentes e incómodas.

La convulsión ciertamente se ha convertido en un tema de segundo orden, al menos en el debate político nacional. Desde hace un mes, se ha convertido en una cuestión regional circunscrita a Puno. Si bien no es un asunto menor, es claramente menos apremiante que los picos de diciembre o enero pasados, aunque está lejos de haberse silenciado totalmente, sobre todo por el inmenso pasivo que significa el alto número de bajas humanas.

En cuanto al adelanto de elecciones, este se ha convertido en una demanda huérfana. Si bien las encuestas más recientes presentan un mayoritario apoyo (América TV-Ipsos, publicada el 10/2: 92%; IEP, publicada el 26/2: 88%; Datum, publicada el 10/3: 83%), no se identifica un actor que haga suya la presión. En consecuencia, no se dan reacciones ante la clara voluntad del Parlamento de patear la iniciativa. A estas alturas, es virtualmente imposible que se tengan comicios este año y menos probable que hace un mes que se realicen el próximo año o el subsiguiente.

Es en medio de ese escenario que tenía dos temas claramente políticos como protagonistas que se inserta un desastre natural en la historia. Comprensiblemente, la agenda se ha trasladado al drama que significa el impacto de los desbordes en miles de vidas, incluso con bajas humanas. Las autoridades vigentes pueden contar con cierta indulgencia y hasta podrían refugiarse en la mala gestión de sus predecesores. Pero la impaciencia pronto puede convertirse en una presión adicional.

La corrupción y los malos manejos, finalmente, se instalan como una sospecha que hasta hace unas semanas era monopolizada por el gobierno anterior. Al Congreso –que no ha cambiado de composición y se ha hecho más impopular– se le ve quizás con mayor rigor, producto de la frustración que podría estar generando su insensibilidad e inmovilismo. En el Ejecutivo, cuanto más dure se hace también más vulnerable; en ello confabula el pasado de Boluarte, que saltó a la escena pública de la mano de personajes cargados de grisuras.

Es precisamente este último frente el que podría sugerir la respuesta a la pregunta sobre la fecha de caducidad del Gobierno. ¿Está en capacidad de enfrentar estas acusaciones un gobierno impopular, liderado por quien ejerció un cargo ministerial hasta solo unos días antes del fallido golpe de Pedro Castillo?

De hecho, la parsimonia y formalidad con que se removió al comandante general de la policía, Raúl Alfaro, es una señal que debería preocupar a la minoría que preferiría que Boluarte concluya su mandato en el 2026. El caso, por lo demás, debería convencer a la opinión pública en su conjunto de la toxicidad que significó la breve gestión de un mendaz aventurero.