Una pequeña reforma, por Iván Alonso
Una pequeña reforma, por Iván Alonso
Iván Alonso

Economista

A partir del próximo año, por disposición del Ministerio de Educación, todos los alumnos de colegios públicos y privados deberán presentarse el primer día de clases con sus cuadernos debidamente legalizados por notario público. El objetivo es garantizar que los apuntes que tomen reflejen de manera fidedigna los conocimientos impartidos por los profesores. Se trata, como podrá apreciar el lector, de una medida absurda. Felizmente no es verdad.

Lo que sí es verdad, lamentablemente, es que las empresas, grandes y chicas, nuevas y viejas, tienen que cumplir con un requisito similar. Antes de vender siquiera un sol, sus libros de contabilidad deben estar legalizados –y cada uno de sus folios sellado– por un notario público. Y cuando un libro se llena, hay que legalizar otro.

Alguien habrá pensado que la legalización de los libros contables garantiza que la empresa lleve un registro cabal de todas sus operaciones. Quizás la idea haya sido prevenir una posible defraudación a sus acreedores o, más probablemente, al fisco. Pero eso no tiene ningún sentido. Al notario se le presentan los libros en blanco para que los certifique. ¿Qué seguridad puede dar su firma de que lo que allí se anote en el futuro reflejará fielmente el movimiento económico de la empresa; que todas las ventas estén registradas; que no haya compras ficticias? ¿Qué seguridad puede dar de que la empresa no lleva una contabilidad paralela en otros libros, legalizados, quién sabe, en otra notaría?

A la Sunat, en particular, no le hace ninguna diferencia que los libros estén o no estén legalizados. Cuando audita a una empresa puede revisar, si quiere, cada factura emitida, cada comprobante pagado. Tiene todos los elementos a su disposición para reconstruir la contabilidad de la empresa y determinar si pagó todos los impuestos que le correspondía pagar. La legalización de los libros contables resulta para la autoridad tributaria completamente superflua.

Lo mismo para un banco. Si quiere determinar la capacidad de pago de una empresa que va a solicitarle un préstamo, puede inspeccionar sus libros. Tomará lo que ve con un grano de sal o con una cucharada. Pero el sello del notario no hace a los libros necesariamente más confiables –así como su ausencia no los hace menos–, justamente porque sabe que ese sello antecede a todo lo que allí está registrado.

El costo para los empresarios es enorme. Eche pluma: hay tres millones de empresas registradas en el país; cada una debe llevar, por lo menos, dos libros contables (el registro de ventas e ingresos y el registro de compras); y cada legalización costará de 30 soles para arriba. Tres por dos son seis; seis por treinta, ciento ochenta. Son 180 millones de soles que se van en derechos notariales y que podrían, más bien, invertirse en cosas como tecnología y capacitación, que aumentan la productividad. Y eso sin contar a los millones de profesionales independientes, que también tienen que hacer legalizar sus libros de ingresos.

No sabemos si habría que modificar alguna ley para dejar sin efecto este requisito. De repente basta con un decretito supremo, que se puede aprobar sin necesidad de pasar por el Congreso ni pedir facultades legislativas. Una reforma modesta, sin duda, pero que puede hacerles más fácil la vida a millones de personas y ayudar, de paso, a formalizar la economía.