Petróleo falaz

El presidente de Petro-Perú, Pedro Chira, mostró este jueves una excepcional, aunque fútil, habilidad para descontextualizar cifras y argumentos tratando de justificar un nuevo rescate financiero a la petrolera estatal.

Sin embargo, basta analizar sus afirmaciones para que quede clarísimo lo absurdo que sería destinar recursos públicos para mantener a flote a Petro-Perú en medio del mar de deudas en el que sigue hundiéndose pese al rescate de S/4.000 millones y el préstamo de US$750 millones que le entregó el gobierno anterior en el 2022.

En primer lugar, Chira trata de minimizar el impacto fiscal del nuevo rescate. En la conferencia de prensa del jueves, explicó que “nuestro pedido de nuevo capital es de US$1.150 millones. Esto, para aclarar los números que se vienen hablando”.

En efecto, el aporte de capital que la petrolera le ha pedido a su principal accionista, el Estado peruano, es de US$1.150 millones para pagar deudas que asumió en el 2023 para abastecerse de combustibles y crudo. Pero también está pidiendo capitalizar el préstamo por US$750 millones, es decir, que esos recursos ya no tengan que ser devueltos al fisco.

Esto, por supuesto, no originaría un nuevo desembolso porque el dinero ya se entregó en el 2022, pero cualquiera que haya cometido el error de prestarle dinero a la persona equivocada entiende el golpe financiero que significa convertir retroactivamente un préstamo en un regalo. Esos US$750 millones eran recursos con los que podía contar en el futuro el tesoro público que, de aprobarse el rescate, nunca llegarán.

Sobre las garantías –US$500 millones adicionales para la línea de comercio exterior y una nueva garantía de US$650 millones para obtener un préstamo para pagar las deudas por abastecimiento–, Chira afirma que solo “son documentos”.

Pero, nuevamente, cualquiera que se ha puesto como garante de un préstamo para la persona incorrecta, sabe que, si esas deudas no se pagan, una garantía se puede convertir también en un desembolso.

Concretamente, este rescate haría que el tesoro público quede aún más expuesto a los riesgos fiscales que le genera el pésimo manejo de la petrolera estatal, tanto a nivel operativo como financiero, y el lastre que representa una refinería como Talara, que se construyó por motivos políticos y no pensando en su fortaleza financiera futura.

Para redondear su argumentación falaz, Chira saca de contexto extractos de informes de dos agencias calificadoras de riesgo que coinciden en que es clave que el Gobierno otorgue un apoyo financiero a Petro-Perú.

Lo que el presidente de la petrolera no precisa es que estos informes buscan medir el riesgo al que se expone un inversionista cuando compra un bono de Petro-Perú, que efectivamente depende si el Estado peruano le otorga o no un apoyo financiero a la petrolera, pero eso dista muchísimo de justificar, desde el punto de vista fiscal, que un desembolso sea adecuado.

Lo que sí queda claro es que el nuevo pedido de ayuda, para el mismo fin que el del rescate anterior, demuestra que no hay ninguna garantía de que la empresa, ahora sí, salga a flote. Y que nada haya cambiado pese a que ese desembolso tenía como condición la reestructuración de la compañía, nos recuerda una vez más que, no importa qué cambios se realicen, mientras las decisiones en Petro-Perú las sigan tomando los políticos de turno, la historia se seguirá repitiendo.