Una nueva explicación sobre el fracaso de Petro-Perú viene extendiéndose como mancha de aceite en una servilleta, silenciosa pero insistente. Esta afirma que los problemas financieros de la empresa estarían relacionados, en gran parte, con la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía de 1998, que dispuso una serie de beneficios tributarios para personas y empresas de la selva peruana, entre los que se encuentra la exoneración del pago del IGV por consumo de combustible. El argumento dice que, mientras Petro-Perú tiene que pagar dicho impuesto al comprar combustible y transportarlo hasta las regiones amazónicas, no puede trasladarlo al costo final cuando lo vende, por lo que, hechas las sumas y restas, termina saliendo perjudicado.
El último a quien he escuchado decir esto es al excandidato presidencial Alfonso López Chau. Entrevistado hace unos días por Rosa María Palacios, el líder de Ahora Nación afirmó que el Estado Peruano obliga a Petro-Perú a subsidiar “a toda la Amazonía” y que “no hay empresa que resista eso”. Pero él no es el único. El año pasado, el entonces presidente de la compañía, Alejandro Narváez, dijo que Petro-Perú pierde mensualmente S/12 millones “por no facturar el IGV a la Amazonía” y que, sin ese y otros gastos –como el del mantenimiento del Oleoducto Norperuano–, el resultado de la empresa “sería positivo”. Por qué, según esta lógica, Petro-Perú sería la única empresa a la que esta ley en concreto ha llevado a la quiebra es una pregunta que convenientemente se elude. Pero vayamos por partes.
Para comenzar, es importante que recordemos por qué existe una ley que favorece a la Amazonía. Pese a que cualquier beneficio tributario, por lo general, termina produciendo una serie de problemas y distorsiones que con el tiempo se vuelven difíciles de corregir, este en particular no apareció de la nada en la mente de los legisladores que la aprobaron; se dio luego de reconocer lo rezagada que se encuentra la selva peruana en términos de competitividad en comparación con las otras regiones. Una situación que se debe no solo a los desafíos que impone la geografía, sino también al abandono al que sucesivos gobiernos nacionales condenaron a esta parte tan importante de nuestro territorio (Iquitos, por ejemplo, no está conectada por tierra con el resto del país, pese a ser la ciudad más grande de la Amazonía).
Por otro lado, incluso descontando los S/12 millones que su propio expresidente afirma que le cuesta mensualmente a Petro-Perú la mencionada ley, el balance final no cambiaría mucho. Entre el 2022 y el 2025, las pérdidas de la compañía bordearon los US$2.500 millones –sin incluir en este cálculo, ojo, todo el daño asociado al inadecuado funcionamiento de la Refinería de Talara–, lo que significa unos US$52 millones al mes. Hagan la conversión de dólares a soles y verán que los números, simplemente, no cuadran.
Finalmente, usar una ley para justificar la situación financiera de Petro-Perú es una forma de distraer a los peruanos de las verdaderas causas del desastre: años de malos manejos en la empresa, rotaciones constantes en su cúpula (en la última década ha tenido 21 presidentes de directorio y 19 gerentes generales) y un proyecto como la refinería de Talara, que terminó costando más de cuatro veces su presupuesto inicial y que hoy, dos años y medio después de su puesta en funcionamiento, opera solo al 70%, por debajo del estándar de otras refinerías de similar capacidad, que trabajan al 90%.
Dejemos de culpar a la Amazonía por la grave situación que atraviesa Petro-Perú. Los contribuyentes merecemos una discusión seria y responsable sobre el futuro que debe seguir la compañía. Es lo mínimo tratándose de una empresa que nos viene costando más de S/32.000 millones en rescates, con todo lo que ese dinero podría haber hecho por el país.
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