Con el cierre del proceso electoral, el partido elegido asume la responsabilidad histórica de gestionar y resolver los grandes problemas nacionales para orientar a la sociedad peruana hacia el desarrollo pleno. Durante la campaña, la ciudadanía fue categórica al señalar sus prioridades: la urgencia de resolver la inseguridad ciudadana y derrotar a la delincuencia y a la corrupción. No obstante, las propuestas presentadas carecieron de la claridad necesaria para abordar, en paralelo, la raíz estructural de estos severos problemas: la profunda crisis educativa que actúa como cantera de los ciudadanos que optan por la criminalidad. Así, la mayoría de los planteamientos se limitaron a afrontar la coyuntura inmediata, dejando de lado las causas estructurales y su profunda vinculación con el tejido educativo.
La organización y el crecimiento de la economía ilegal en el Perú no son fenómenos recientes: arrastran décadas de evolución. En los años ochenta, el narcotráfico se consolidaba en localidades como El Paraíso, en Huánuco. Hacia el año 2000, La Pampa, en Madre de Dios, emergía como el epicentro de la minería ilegal. Hoy vemos hasta dónde han llegado. Una dinámica similar está siguiendo la extorsión, cuyas primeras investigaciones la registraban en Trujillo a finales de los noventa, antes de expandirse a los niveles alarmantes que padecemos actualmente. ¿Significa esto que hemos alcanzado el punto de saturación? Los espejos de México y Colombia nos demuestran que no. Sin reformas de fondo, corremos el riesgo de perpetuarnos durante décadas como una república delincuencial, secuestrada por funcionarios públicos y empresarios corruptos que no solo viven de las mencionadas formas de economía ilegal, sino que, más grave aún, las protegen activamente.
Para combatir eficazmente la criminalidad y la corrupción se requieren, por un lado, estrategias punitivas sumamente disuasivas. Esto implica dotar de celeridad a las sanciones mediante la digitalización integral de los procesos judiciales, así como aplicar regímenes carcelarios mucho más drásticos –como el traslado a penales en zonas de puna– que infundan un verdadero temor disuasivo en el delincuente. Sin embargo, esta respuesta correctiva debe complementarse con estrategias preventivas de base orientadas a la formación personal en valores, un ámbito que corresponde directamente a la educación social. Como bien señalaba el psicoanalista Saúl Peña, es indispensable que las nuevas generaciones interioricen valores morales básicos para que sean capaces de responsabilizarse de sí mismas y de los demás. Claro, esta labor formativa empieza en el hogar, pero no es exclusiva de este espacio. Debe ofrecerse de manera articulada en el hogar, el colegio, el barrio y los medios de comunicación. Exige padres con la madurez afectiva necesaria para proteger y guiar con cariño a sus hijos, evitando que el conflicto y el abuso se incorporen en sus conductas individuales y sociales.
Continúa en la escuela, pero, por desgracia, el andamiaje del sistema educativo público, que atiende a más del 75% de los niños y adolescentes del país, arrastra pasivos históricos. El descuido sistemático de la remuneración docente, iniciado hace medio siglo, desalentó la incorporación de profesionales de alta competencia. Como consecuencia, las debilidades metodológicas y culturales del cuerpo magisterial y los resultados de su desempeño son evidentes en las evaluaciones meritocráticas enfocadas en la evaluación de competencias lógico-matemáticas o de comprensión lectora. Sin embargo, siendo necesarias, son insuficientes para evaluar y validar las competencias éticas y morales de un docente. No es una tarea imposible. Diversas investigaciones revelan en estos sectores cuadros de baja autoestima, débiles niveles de compromiso, resentimiento laboral y una preocupante falta de autoridad moral. En casos extremos, las malas prácticas se normalizan en las propias aulas, evidenciándose en conductas corruptas como el tráfico o la venta de evaluaciones a los alumnos.
En este escenario, en el corto plazo, una reforma innovadora en la gestión del sistema de justicia criminal puede ser efectiva para contener los índices delictivos. No obstante, surge la pregunta de fondo: ¿cómo evitar que una educación desprovista de valores siga produciendo potenciales delincuentes? La respuesta exige transformar de raíz la cultura institucional del sector pedagógico público, que, repito, atiende a más del 75% de los niños y adolescentes de nuestro país. El reto consiste en construir una cultura docente comprometida y proactiva, volcada hacia un desempeño eficiente, ético y autoexigente. Transformar la cultura organizacional de decenas de miles de educadores –muchos de ellos inmersos en la desmotivación o la politización gremial– representa un desafío titánico, especialmente cuando los directores de las escuelas carecen de facultades reales para sancionar el ausentismo o las malas conductas, y cuando el marco normativo actual dificulta la aplicación de medidas correctivas eficaces ante la indisciplina de los alumnos. El statu quo es, entonces, insostenible: la transformación y la innovación profunda del sistema educativo ya no pueden esperar.
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