En el Perú, el lugar donde vives define, en la mayoría de casos, si un paciente vive o muere por cáncer. No es una percepción: es una realidad que se repite todos los días. Cada año se diagnostican cerca de 80.000 nuevos casos y fallecen aproximadamente 45.000 personas por cáncer. Detrás de estas cifras persiste una brecha estructural: las posibilidades de prevenir, diagnosticar y tratar la enfermedad varían según el territorio, la capacidad económica y el acceso a servicios de salud. El problema no es solo sanitario, también es geográfico. Para una mujer en Lima, acceder a un examen o consulta puede ser relativamente sencillo. En zonas altoandinas, amazónicas o de frontera, los mismos exámenes implican horas de viaje, costos elevados y decisiones que terminan postergando la atención.
En el Perú, el lugar donde vives define, en la mayoría de casos, si un paciente vive o muere por cáncer. No es una percepción: es una realidad que se repite todos los días. Cada año se diagnostican cerca de 80.000 nuevos casos y fallecen aproximadamente 45.000 personas por cáncer. Detrás de estas cifras persiste una brecha estructural: las posibilidades de prevenir, diagnosticar y tratar la enfermedad varían según el territorio, la capacidad económica y el acceso a servicios de salud. El problema no es solo sanitario, también es geográfico. Para una mujer en Lima, acceder a un examen o consulta puede ser relativamente sencillo. En zonas altoandinas, amazónicas o de frontera, los mismos exámenes implican horas de viaje, costos elevados y decisiones que terminan postergando la atención.
Esa demora tiene consecuencias: cuando el diagnóstico llega tarde, las opciones terapéuticas se reducen, los costos aumentan y las probabilidades de supervivencia disminuyen. La detección temprana y la descentralización oncológica deben ser prioridades del gobierno, no solo compromisos declarativos.
Las unidades móviles son una herramienta concreta para cerrar esa brecha. Bien articuladas con las redes de salud, permitirían llevar evaluación clínica y tamizaje a poblaciones hoy fuera del sistema, garantizando continuidad. Este modelo también optimiza recursos y genera datos sobre poblaciones invisibles para el sistema de salud. La equidad no se alcanza esperando al paciente; exige acercar el sistema a la población.
La experiencia de la Asociación Mauchis contra el Cáncer lo demuestra: su unidad móvil ha acercado servicios de detección a zonas de acceso limitado, integrando trabajo médico, participación comunitaria y apoyo privado. Es un modelo que el Estado puede escalar con estándares claros, financiamiento y evaluación permanente. En esa línea, el proyecto de ley 12572/2025-CR es una oportunidad. El 14 de abril, la Comisión de Salud y Población aprobó declarar de necesidad pública y prioridad nacional la implementación de unidades móviles para la detección temprana del cáncer en la mujer. Pero un dictamen no es una ley: el nuevo Parlamento debe completar su trámite.
El éxito no debe medirse por unidades desplegadas, sino por resultados: personas evaluadas, diagnósticos confirmados y tratamientos iniciados. Democratizar la atención oncológica no implica construir hospitales en cada localidad, sino garantizar que la detección temprana no dependa del lugar de residencia ni de la capacidad de pago. El desafío es claro. La decisión también debería serlo.
Lima
