Tablas eternas

Han pasado más de dos semanas desde que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, hiciera pública la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, un hecho inédito en la política peruana. Como se recuerda, la acusación –formulada acudiendo a la convención anticorrupción de Naciones Unidas– debe ser tramitada en el Congreso, donde el proceso no es necesariamente expeditivo y estará sujeto a consideraciones políticas.

En líneas generales, la comunidad jurídica se ha dividido en dos grupos. Por un lado, están quienes han expresado su preocupación sosteniendo que la iniciativa excede los parámetros del artículo 117 de la Constitución (principalmente, constitucionalistas); y, por el otro, quienes buscan una salida ante la impunidad al no estar la corrupción contenida explícitamente en dicho artículo (principalmente, penalistas) quienes, en consecuencia, apoyan el recurso planteado por la fiscal. Debe obviarse en este debate a los defensores oficialistas y oficiosos, quienes prefieren creer ciegamente en el mandatario o mirar al techo ante lo que perciben como una ofensiva golpista.

El Ejecutivo ha puesto a andar el frente internacional en una astuta movida: invocar la aplicación de la Carta Democrática de la OEA. Como se recuerda, este instrumento surgió tras la crisis que experimentó el país a finales de los 90 y que terminó con la caída de Alberto Fujimori en noviembre del 2000.

Desde su aprobación en setiembre del 2001, en la asamblea general celebrada en Lima, la Carta ha sido invocada sobre todo por sectores de oposición. El inusual pedido oficialista, pues, puede ser leído como un último recurso ante el cierre del cerco fiscal. De ser llevado de manera imparcial, el proceso expondrá al Ejecutivo a responder muchas de las acusaciones que se le hace, incluyendo el trato hostil que dispensa a la prensa. Mientras el Ejecutivo recurre a algo que podría terminar siendo un búmeran, el Congreso persiste en avanzar con pies de plomo, cuando no con pasos erráticos, que terminan exponiéndolo a derrotas. La más reciente tiene que ver con la decisión del TC de declarar improcedente el pedido para manifestarse en torno a la interpretación del artículo 117.

Además, la recolección de firmas para la vacancia se ha estancado en 60, una cifra solo ligeramente superior a la votación que alcanzó el segundo intento de vacancia en marzo último (55) y muy lejos del umbral requerido para lograrla (87). En ello confabulan no solo la semana de representación, sino también la soledad en la que parece moverse el voluntarioso Edward Málaga y la aparente indisposición de otros integrantes de la oposición para recolectar votos.

Además, puede notarse una escasa disposición por parte de voceros opositores por hacer crecer la presión, incorporando en el esfuerzo a un grupo más plural. Por ejemplo, ante la invocación del monseñor Pedro Barreto por lograr la renuncia de Castillo, propiciando comicios anticipados, el congresista Jorge Montoya ha respondido que “en la Constitución no está el adelanto de elecciones”.

Pero si, como dice el lugar común, la política es el arte de lo posible, la oposición tendrá que evaluar qué concesiones hacer para lograr el umbral requerido. ¿Elecciones anticipadas? ¿Reelección parlamentaria? ¿Acelerar la bicameralidad? ¿Reducir requisitos de manera excepcional para ampliar la participación? Cualquier interrogante similar debe ser puesta sobre la mesa y empezar a propiciar acercamientos para alterar el presente marasmo.

El acontecer político parece estancado en un empate permanente, un partido sin goles, un constante ejercicio de arar en la arena, una caminata en círculos sin destino claro. Al presidente se le ha puesto en jaque; él ha movido sus piezas más efectivas. La oposición, mientras tanto, persiste en mover peones y comer de lado. La partida permanece en tablas eternas.