Walter Aduviri es sentenciado a prisión por el 'aimarazo'

Varios aspectos de la vida personal y política de Walter Aduviri Calisaya, gobernador regional de Puno, cambiaron en la última semana.

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El 8 de agosto, el mismo día en que cumplió 39 años, el Poder Judicial dictó 15 días de prisión preventiva en su contra por reglas de conducta establecidas en el proceso que afronta por el caso ‘aimarazo’.

Aquel mismo día, Aduviri pidió licencia por 15 días ante el Consejo Regional de Puno. Él estaba en Lima, donde había tenido una reunión con funcionarios del Ministerio del Ambiente. Desde entonces, no se lo vio más.

Finalmente, la mañana de ayer, el Juzgado Penal Colegiado de Puno lo condenó a seis años de prisión por ser coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública, y se le impuso el pago de S/2 millones por reparación civil. La sala, presidida por la jueza Jackeline Reina Luza, dispuso su captura.

–Protestas y juicio–
En noviembre del 2007, el gobierno de Alan García promulgó el Decreto Supremo 083-2007-EM, una disposición que exceptuaba a la empresa Bear Creek de la prohibición (establecida por la Constitución) de que compañías extranjeras pudieran ejecutar actividades dentro de los 50 kilómetros de zona de frontera. Con ello, siete derechos mineros ubicados en el distrito de Huacullani (Chucuito), cerca del límite con Bolivia, quedaron dispuestos para ser explotados través del proyecto Santa Ana, a cargo de dicha compañía.

En abril del 2011, el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, encabezado por Aduviri, inició movilizaciones para oponerse al proyecto. Esta se radicalizó. Además de bloquear la vía Puno-Desaguadero, una turba quemó y saqueó locales públicos como el de la Prefectura, la Sunat, la sede de la contraloría y la oficina de Aduanas.

En julio del 2017, después de un largo juicio, el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Puno condenó a siete años de prisión a Aduviri Calisaya por el delito de disturbios. La sala consideró que sí se había demostrado que el dirigente tenía dominio de la voluntad sobre los manifestantes que cometieron los actos vandálicos. Su defensa apeló.

Aduviri permaneció prófugo. Aun así, postuló en las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre del 2018 con el Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional–Mi Casita. Dos días antes, el 5 de octubre, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró nula la sentencia –por mayoría y con voto discordante– y ordenó un nuevo juicio. Aduviri ganó las elecciones y dejó la clandestinidad para asumir el cargo de gobernador.

En febrero de este año, en entrevista con El Comercio, Aduviri dijo que el ‘aimarazo’ “fue un acto reivindicativo”. Comentó también la razón por la que se mantuvo en la clandestinidad tras la sentencia del 2017. “¿Por qué me voy a entregar, si yo no he cometido ningún delito y no me lo han probado?”, preguntó.

El gobernador regional no participó ayer en la lectura de sentencia, tampoco asistió su abogado. Al cierre de esta edición, no se conocía su paradero.

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