Se complica la lucha por el pisco peruano: la historia podría dar un nuevo giro en Chile
Alejandro Soto Reyes, congresista de Alianza Por el Progreso (APP), se ha atornillado en el escaño principal del Hemiciclo del Congreso, respaldado por la mayoría congresal que ha pedido “pruebas” y “sentencias” para apoyar cualquier intención de retirarlo del cargo.
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Gracias a ello, el presidente del Congreso de la República sigue en su función pese a que su pasado, que había mantenido bajo la alfombra, lo ha alcanzado; y su presente, se vuelve cada vez más delicado con el paso de los días.
Soto Reyes no solo fue hallado culpable -es decir sentenciado- por apropiarse de dinero del Estado, sino que también ocultó que tenía un conflicto de interés al momento de apoyar una ley que lo terminó por beneficiar, mintió al decir que jamás fue beneficiado por esa misma norma; y albergaría un equipo “trolls” dedicados a limpiar su imagen y atacar a sus colegas parlamentarios.
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El congresista se mantiene inamovible en la Presidencia del Parlamento gracias al respaldo de Alianza Por el Progreso (APP) encabezado por César Acuña, Fuerza Popular (FP) con el silencio de su lideresa Keiko Fujimori y Perú Libre (PL) cuyo líder Vladimir Cerrón, se ha beneficiado de norma de prescripción, también conocida como “Ley Soto” y otras bancadas más.
Este, es el recuento de los hechos que Soto Reyes pretende minimizar y que aquellos que lo respaldan, prefieren voltear la vista.
De asesores a escuderos y ‘Trolls’
La más reciente denuncia contra Alejandro Soto se vincula a un grupo de sus trabajadores que habrían dedicado su tiempo a crear cuentas falsas para limpiar la imagen del congresista en las redes sociales.
Solo cuatro meses después de haber jurado como congresista, sus asesores pagados por el Estado, habrían creado cuentas falsas en las redes sociales -conocidos en el mundo del ciberespacio como ‘trolls’- para dedicarse a defenderlo, hablar positivamente, contestar aquellos comentarios negativos en contra de Soto y atacar a los parlamentarios que lo criticaban.
Según la denuncia de Cuarto Poder, las víctimas de los asesores de Soto fueron Luis Aragón (Acción Popular), Guido Bellido (Perú Bicentenario) y Katy Ugarte (Unidad y Diálogo Parlamentario).
“Como se indicó ayer debemos entrar y hacer notar la no presencia de Aragón en la nota, ironizar al ‘zorrito run run’ Bellido y resaltar que la congre (sic) Ugarte jaló siete veces su examen de docencia”, escribió Eduardo Quezada -entonces asesor de APP- en un mensaje de WhatsApp del 23 de noviembre del 2021, que fue respaldado por Sandra Rodríguez, asesora principal del congresista.
Rodríguez Vargas acompaña de Soto Reyes desde el inicio de su gestión y desde entonces ha pasado de ganar como asesora parlamentaria de S/6,332.67 en agosto del 2021 a S/10,975.11 en julio del 2023, según el portal del Congreso de la República.
No solo eso, en conversaciones de Edgar Gamarra -también asesor de Soto- pide a otra asesora del presidente del Congreso, Phenélope Contreras, que ubique a “la persona” para que entre a las redes de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba (Cusco) y borre los comentarios negativos contra Soto Reyes que se habían en las redes sociales de dicho entidad.
La “persona” habría sido un trabajador municipal, según la respuesta que le dio Contreras por WhatsApp el 16 de noviembre del 2021: “Ya hablé con el de la municipalidad. Me dice que sí han estado borrando y que harán lo propio con los demás”.
“Cuotas” para pagar publicidad a favor de imagen
Esta práctica se evidenció una vez más en conversaciones de WhastApp de octubre del 2022. Gamarra Masco, una vez más, recomendó a todo el equipo de Soto que utilicen cuentas falsas en las redes sociales para limpiar la imagen del congresista.
Gamarra Masco -quien fue traído por Soto desde Cusco, donde trabajaba como reportero- empezó como asesor ganando S/3,178 en agosto del 2021; y para julio del 2023 su sueldo ya se había elevado a S/6,245.61, según el portal del Parlamento.
“Sugiero que utilicen sus cuentas falsas para evitar que nos respondan diciendo que trabajamos con el Dr.”, escribió entonces el asesor.
Meses antes, el mismo Soto Reyes, pedía a su equipo de asesores que ayuden a “desbloquear” cuentas de redes sociales de “sus aliados” para que les permitan comentar a favor de su imagen política.
No solo eso, audios y chats de WhastApp mostrados por Cuarto Poder han dado cuenta de las “cuotas solidarias” de los trabajadores parlamentarios del hoy presidente del Congreso para pagar el pago de publicidad en redes sociales para promover la imagen del congresista. E incluso, se habría pagado al periodista cusqueño Carlos Ayma, para que deje de criticar a Soto.
“Doccito [sic], cómo estás, buenas tardes. No te olvides de pasarme el pago de la publicidad. Cincuenta es de noviembre y si gustas pagas de una vez de diciembre”, se escucha en un audio. Además, de chats, en el mismo tenor.
Soto, es un fiel asiduo al uso de redes sociales. Según un informe de este Diario, entre agosto de 2021 y junio último, el presidente del Congreso, pagó S/9.000 en publicidad en Facebook e Instagram para que 90 de sus publicaciones -conteniendo información sobre sus proyectos de ley- tengan mayor alcance.
Investigación por concusión
La Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación preliminar en contra del presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, por el presunto delito de concusión. Esto, a propósito del denominado “aporte voluntario” que para fines legales podría resultar una recorte de sueldos a sus trabajadores con la finalidad de financiar la publicidad a su imagen parlamentaria en redes sociales.
Las pesquisas también incluyen a su asesora Phenélope Jhoana Contreras Cabezas, por el mismo delito. Esta, según audio y conversaciones de WhatsApp, habría recibido y solicitado el dinero para costear el pago de la publicidad.
Según el portal del Congreso, Contreras Cabezas empezó cobrando S/3,531.33 en agosto del 2021 y en julio último cobró un sueldo de S/6,245.61.
Las diligencias se iniciaron luego de la denuncia que presentó la Procuraduría General del Estado en contra de Soto Reyes.
Juicio oral por reparación civil
Gracias a la ley de impunidad (N°31751), el presidente del Congreso pudo reducir el plazo de prescripción y eludir así un proceso penal que lo podría haber llevado a una condena de ocho años y ocho meses de cárcel, por el presunto delito de estafa.
Tal como se ha informado, Soto votó a favor de la aprobación del mencionado dispositivo legal que entró en vigencia el pasado 25 de mayo. Para entonces, el proceso penal del congresista estaba por iniciar el juicio oral, donde la fiscalía le imputaba haber estafado con el de dinero y la venta de un terreno a la empresa Transportes Turísticos Waynapicchu S.A.
El congresista de APP, no solo guardó silencio sobre el evidente conflicto de interés al votar a favor de la ley; sino que además, después, negó haberla usado a su favor para prescribir y archivar su juicio.
Este Diario ha demostrado con documentación que el presidente del Congreso mintió sobre ello; diciendo además que su juicio había prescrito en el 2019, cuando esto tampoco era cierto.
Si bien Soto Reyes se libró del proceso penal, el Poder Judicial ha decidido enjuiciarlo por la reparación civil solicitada por la la empresa Waynapicchu por un monto global de S/1′371.981,58 por cinco hechos. Dos de ellos, imputados directamente al parlamentario de APP.
Contraloría también lo investiga
La Contraloría General de la República, por su lado, también ha iniciado una investigación contra Soto y su despacho parlamentario.
Esto, debido a la contratación de Yeshira Peralta Salas, hermana de la madre de su hijo, quien trabajó en su despacho desde el inicio de su gestión hasta el pasado mes de julio.
Fue el contralor Nelson Shack quien anunció la intervención de una comisión para indagar sobre el hecho, denunciado por el programa ‘Al estilo juliana’.
“Hemos tomado conocimiento de esta situación, ya hemos intervenido. Esa es una investigación que ahorita está en reserva, pero claramente hay un problema moral, un problema ético pero que tiene que ser deslindado sus responsabilidades en los fueros correspondientes”, dijo en una conferencia de prensa.
Investigan construcción de edificio
La Contraloría General de la República y el Ministerio de Cultura investigan también al presidente del Congreso por la construcción de su vivienda, un edificio, en la zona monumental de Cusco del distrito de Yucay.
Soto Reyes construyó un edificio de cinco pisos en una zona monumental que es patrimonio de la Nación al estar rodeada por palacios incas. Según las normas de urbanización, solo estaba permitido construir inmuebles de dos niveles.
“Ya vino contraloría a pedirnos información. [...] Pero no encontramos hasta ahora la licencia en sí”, confirmó el alcalde del distrito cusqueño de Yucay, Abel Tecserupay.
Mientras que, desde el Mincul informaron que “se ha dispuesto indagar y revisar todos los antecedentes del caso en la Dirección Desconcentrada de Cultura de ese entonces”. De hallar responsabilidad, anunciaron, podrían imponer una sanción u ordenar que se adecué a las normas urbanísticas.
Según Registros Públicos, Soto compró el inmueble en enero del 2014 por US$ 10 mil. La Municipalidad de Yucay también ha iniciado una investigación.
Sentencia por apropiarse de dinero público
En julio del 2015, Alejandro Soto Reyes fue sentenciado a pagar una reparación civil, luego de haber sido hallado responsable de apropiarse de S/21,092.00 de dinero del Estado, a través de cobros irregulares cuando se desempeñó como regidor de Municipalidad de Santiago (Cusco), entre 1996 al 2002.
Soto Reyes ha dicho públicamente que no tiene ninguna condena penal, pero contrariamente consignó esta sentencia civil de manera escueta en su hoja de vida, cuando postuló al Congreso.
Este Diario ha detallado los hechos por los que el actual presidente del Congreso mereció la sanción pecuniaria por parte del Poder Judicial, que lo conminó al pago de una reparación civil e S/20,642.00 a favor de dicha municipalidad.
Según registro del Poder Judicial existe una sentencia civil de indemnización contra Alejandro Soto.
Según el fallo, Soto Reyes fue encontrado culpable de cobrar de manera indebida por ocho sesiones de Consejo Municipal que nunca se realizaron, una a la que no asistió. También por incrementarse el monto de ocho “dietas” sin autorización de la comuna y, cobrar por 19 “sesiones solemnes” que son catalogas como eventos sociales, por lo que los regidores no reciben pago.
“En este caso la conducta ilícita del demandado se halla establecida al haber efectuado cobros indebidos de dietas, obteniendo beneficios económicos por sesiones no realizadas, sesiones solemnes, sesiones no asistidas e incrementos sin acuerdo del Consejo, lo que produjo un daño a la Municipalidad y por ende al Estado”, se indica en la resolución judicial emitida el 15 de octubre del 2015 por el Primer Juzgado de Paz Letrado de Santiago.
Ocultó deuda de reparación civil
Según una denuncia de Panorama, el presidente del Congreso Alejandro Soto, habría omitido la deuda de una reparación civil por S/10 mil cuando postuló al Congreso de la República. Esto, con la finalidad de que su postulación no sea tachada en las elecciones Generales del 2021.
La deuda, según la denuncia, fue producto de una condena por difamación, al culpar por la muerte de un joven al comandante PNP Nilo Chávez Luna, ex comisario del Cusco, en el 2011.
En el 2013, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Cusco lo halló responsable y ratificó la sentencia civil. Soto Reyes interpuso una medida cautelar que suspendió la ejecución del fallo hasta el 2016.
Ese año, el Quinto Juzgado Civil de Cusco anuló la medida cautelar y ordenó a Soto cumplir con el pago de la reparación civil.
La deuda fue ocultada cuando el congresista de APP presentó su declaración jurada ante el Jurado Electoral Especial del Cusco al presentar su postulación. No fue hasta después de su elección, en junio del 2021, que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco reportó la deuda del JEE y el presidente del Congreso recién procedió con el pago indemnizatorio.
Alejandro Soto ha negado cada una de las denuncias en su contra; sin embargo no ha demostrado fehacientemente que no tenga responsabilidad o participación en cada uno de los hechos. Se ha excusado alegando que no tiene sentencias penales, antecedentes policiales o no haber sabido de la deuda de reparación civil.
Además, firmó que no cometió infracción o delito por la contratación de la hermana de la mamá de su hijo -quien en redes lo llama ‘amor’ y asistió a su juramentación como presidente del Parlamento, También rechazó haberse beneficiado con la ley de prescripción, pese a que los documentos judiciales muestran lo contrario. Y, recientemente, ha dicho no saber nada sobre la labor de ‘trolls’ desempeñada por sus asesores y ya anunció una “investigación interna’.
