La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado Peruano garantizar de inmediato el acceso de la prensa a Palacio de Gobierno y al Congreso de la República.
Además, informó que el relator especial, el abogado Pedro Vaca, percibió un clima de tensión entre el Gobierno, el Congreso y los medios de comunicación, así como diversas formas de violencia y hostigamiento contra periodistas, durante su visita al país en mayo pasado.
La relatoría presentó el jueves pasado un informe con observaciones preliminares y recomendaciones tras las reuniones que sostuvo Vaca con el jefe del Estado, Pedro Castillo; la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva; el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez; otras autoridades, representantes de gremios periodísticos y de la sociedad civil.
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El documento señala que altos funcionarios del Gobierno y del Congreso han tenido declaraciones estigmatizantes contra la prensa.
Según determinó la relatoría, el discurso público agresivo y la hostilidad contra los periodistas se incrementó desde el último proceso electoral.
Vaca advirtió que desde el 2021 se habrían incrementados los hechos de violencia contra la prensa.
La relatoría detalló que, entre otras agresiones, se incendió el vehículo de un periodista de Antena TV Chimbote, se atacó con una bomba molotov el auto de un periodista de radio La Estación, en Tacna, y se registraron ataques contra equipos periodísticos de Canal N, “La República” y ATV en una marcha al Congreso en junio del 2021, en protesta por los resultados preliminares de las elecciones presidenciales.
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Además, la relatoría obtuvo información dando cuenta de presiones a las líneas editoriales por motivos políticos. El documento menciona que el relator fue informado del despido de Clara Elvira Ospina de la dirección periodística de “América noticias” y Canal N poco antes de la segunda vuelta presidencial. Este caso fue visto por el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana.
También reporta el uso de mecanismos penales contra periodistas. Señala que las figuras de “delitos contra el honor” son frecuentemente instrumentalizadas para querellar a quienes –aun con evidencias– cuestionan presuntos ilícitos y hechos de corrupción. Asimismo, se destacó que durante su visita al país, a Vaca se le informó sobre presiones a los medios mediante la instrumentalización de la publicidad oficial.
El documento se publica en un contexto en el que el jefe del Estado lleva más de cien días sin declarar a la prensa , mientras que el Congreso prohíbe que los periodistas ingresen al hemiciclo y al Hall de los Pasos Perdidos.
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