Alan García: todo está en cancha uruguaya

Tres días y cuatro noches es el tiempo que el ex presidente Alan García cumple hoy alojado en la residencia del embajador de la República Oriental del Uruguay, ubicada en San Isidro, mientras espera que se resuelva su pedido de asilo diplomático.

El Gobierno dio ayer un paso más para que se resuelva esta solicitud, en línea con lo establecido por la convención sobre el asilo, suscrita por el Perú y Uruguay en 1954.

Como lo anunció el presidente Martín Vizcarra, la cancillería entregó ayer por la tarde al embajador uruguayo Carlos Alejandro Barros una nota diplomática y un informe sobre la situación legal del líder aprista, investigado por la fiscalía por los presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.

Barros fue citado por el vicecanciller Hugo de Zela en la sede de Torre Tagle para la entrega de esta información. El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, no estuvo presente porque estaba retornando al Perú desde Papúa Nueva Guinea, a donde acudió por la cumbre de APEC.

La reunión duró aproximadamente 40 minutos. La cancillería informó que la nota entregada a Barros recalca que en el Perú “impera” la democracia, el Estado de derecho y la separación de poderes, así como la “plena vigencia” de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

“En nuestro país no existe persecución política de ningún tipo”, enfatizó.

Asimismo, precisó que el Poder Judicial y el Ministerio Público han actuado en el caso de García “con respeto estricto al debido proceso y a todas las garantías” de la administración de justicia.

Acompañando esta nota, la cancillería entregó un documento “explicativo” que ha sido elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“A fin de que el Gobierno de la República Oriental del Uruguay cuente con todos los elementos objetivos que le permitan un análisis completo de la situación legal del ex presidente”, indicaron.

Fuentes de El Comercio señalaron que dicho documento fue elaborado con base en lo que el procurador ad hoc para el Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, informó al ministro de Justicia, Vicente Zeballos.
Ramírez, precisaron las fuentes, informó cuál es el estado procesal de las investigaciones preliminares en las que está implicado García.

—Los compromisos—
La nota diplomática peruana también resalta el compromiso anticorrupción adoptado por el Perú y Uruguay en la Cumbre de las Américas de abril en Lima.

Entre las medidas adoptadas en el “Compromiso de Lima”, se acordó “de manera expresa” respetar la autonomía de las instituciones que investigan presuntos casos de corrupción.

Remarcaron que ambos países son parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996. “Cuyo objetivo es precisamente fortalecer los mecanismos anticorrupción para defender a las instituciones democráticas de sus efectos corrosivos”, agrega.

Culminada la reunión, Barros aseguró que la información será enviada “de inmediato” a Uruguay, en donde el presidente Tabaré Vázquez analizará la documentación junto a su canciller Rodolfo Nin Novoa. “Tomará todo el tiempo que sea necesario”, declaró.

Horas antes, el vicecanciller Ariel Bergamino remarcó que no existen plazos taxativos para responder la solicitud, pero que no se tomarán un plazo indefinido. En diálogo con Canal N, manifestó que quieren resolver “a la brevedad, pero sin precipitaciones”.

Por la noche, el ministro Zeballos afirmó que, por ahora, “no se descarta” que el Perú no otorgue un salvoconducto, en caso que Uruguay dé el asilo. “Primero agotemos el primer escenario”, afirmó en RPP.

Entrevista
​Allan Wagner: “No hay una persecución política”

¿Cuál es su posición ante el pedido de asilo y la reacción del Gobierno?
Yo coincido en que no hay una persecución política. Y lamento que el ex presidente García haya tomado la decisión de asilarse. Confiaba en que iba a allanarse al proceso tal como lo había anunciado.

Si le dan el asilo, ¿se podría generar tensión diplomática?
No debiera significarlo, porque existe la Convención sobre Asilo Diplomático, que establece cuáles son los derechos y obligaciones de los estados parte. El país de origen, otorgado el asilo, está obligado a extender el salvoconducto para que la persona pueda salir hacia el país que otorga el asilo.

Como ex ministro de los gobiernos de García, ¿esperaba esa reacción?
Le tengo agradecimiento y aprecio, eso no ha variado. Son situaciones complejas, debemos actuar con serenidad, dejar que el derecho internacional actúe.