“Tenemos que cerrarle el paso a esta gente, porque es evidente que están en un proceso de reacomodo de fuerzas”. El congresista aprista Javier Velásquez Quesquén intenta resumir con esa frase el proyecto de ley que presentó a inicios de octubre, que plantea al menos cuatro medidas restrictivas para que se apliquen a los terroristas excarcelados.
Según Velásquez Quesquén, el Estado ya no puede ser “más un triste espectador” frente a la actuación de los subversivos que salen de prisión sin pagar sus reparaciones civiles, se infiltran en organizaciones gremiales o en la administración pública.
El proyecto del aprista propone cuatro restricciones: que los condenados por terrorismo no puedan acceder a los programas sociales, que el cobro de las reparaciones civiles sea imprescriptible, que si el Estado les tiene que pagar una indemnización esta sea para garantizar la reparación civil, y que queden impedidos de ejercer la función pública o postular a cargos de elección popular.
La iniciativa está en la Comisión de Justicia. Pero el grupo de Defensa, que preside el aprista, ha pedido ser la segunda comisión que lo dictamine. “Si el Consejo Directivo del Congreso aprueba nuestro pedido, el próximo lunes estaríamos aprobando el dictamen para que pase al pleno”, declaró a este Diario.
El ministro del Interior, Carlos Basombrío, dijo ayer que el Ejecutivo está a favor de que se apruebe una “muerte civil total” para los terroristas excarcelados, como es el caso de la recientemente liberada cabecilla senderista Martha Huatay. También señaló que buscarán crear un registro de deudores de reparaciones civiles por terrorismo.
–Proyectos en espera–
En el Congreso existen otros cuatro proyectos de ley que también plantean prohibiciones para los terroristas, similares al del parlamentario aprista. Estos pertenecen a la bancada mayoritaria de Fuerza Popular y proponen también, entre otras cosas, que los sentenciados por terrorismo o por apología a este no puedan trabajar en el sector público.
Algunos de estos proyectos aguardan en comisiones ordinarias desde noviembre del año pasado. Tal es el caso de la iniciativa que busca establecer la tolerancia cero para los subversivos liberados que quieran incursionar en la política, que está en la Comisión de Constitución.
El fujimorista Héctor Becerril dijo esperar que, ante esta coyuntura de liberación de las senderistas, se debatan pronto estos proyectos para que pasen a votación en el hemiciclo.
Actualmente, la única prohibición vigente para los condenados por terrorismo es ejercer la docencia, recordó el constitucionalista Víctor García Toma a El Comercio.
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