

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, enfrenta cuestionamientos tras la revelación de que, durante su gestión en la Oficina de Monitoreo Intergubernamental de Palacio de Gobierno, habría sostenido reuniones extraoficiales en el restaurante Cordano, según un reportaje de ‘Cuarto Poder’.
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Las citas, al menos seis según el dominical, no fueron registradas en el portal de Transparencia y habrían incluido la entrega de documentos a personas cuya identidad no han sido esclarecidas. Una de ellas es Marco Palacios Meza, presunto operador de una organización criminal que, de acuerdo con la Fiscalía, estaría vinculada al ahora ministro.
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Congresistas de distintas bancadas se pronunciaron sobre el caso. Alex Paredes (Somos Perú) señaló que el problema radica en que los encuentros se habrían realizado en horario laboral, lo que debe ser investigado por el Ministerio Público.
“Creo que las personas, sean o no funcionarios públicos, podrían reunirse en lugares que tienen esa característica. El asunto es ver el horario, para mí ese es el tema. Ahí si tiene que haber una justificación. Lo va a tener que constatar el Ministerio Público, porque no es fácil poder llegar a conclusiones sobre equis reuniones de lo que se estaría hablando”, mencionó ante la prensa.

Jorge Montoya (Honor y Democracia) afirmó que las reuniones paralelas deben ceñirse a lo que establece la ley. “Esas reuniones paralelas si han sido en horas de trabajo, son reuniones paralelas reales, pero si son fuera de su horario de trabajo son cosas particulares y parece, por la foto que han pasado, es en hora de trabajo”, dijo.
En tanto, Elvis Vergara (Acción Popular), presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, adelantó que citarán a Santiváñez para que explique estos hechos. “Vamos a tener que citar al señor Santiváñez por ese tema en particular. Todos tienen derecho a reunirse donde quieran, pero si se trata de un funcionario público y dentro del horario de trabajo, obviamente debe de rendir cuentas”.
En paralelo, la Fiscalía investiga presuntas irregularidades en contrataciones de defensores legales para generales de la Policía Nacional procesados por muertes en las protestas de 2022.
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La tesis fiscal apunta a que Santiváñez, a través de sus allegados, habría direccionado servicios valorizados en más de un millón de soles hacia estudios jurídicos cercanos.
Jefe del Estado Mayor de la PNP se pronuncia
El general PNP Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía, negó cualquier participación en esas contrataciones y aseguró que cada oficial elige a su abogado de manera personal. Asimismo, pidió acceso al expediente fiscal para ejercer su defensa.
El caso Santiváñez abre un nuevo capítulo de controversia en torno a la transparencia y el manejo de influencias en el Estado, mientras el Congreso y la Fiscalía afinan sus respectivas diligencias.
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