Piden que Eduardo Arana informe a Fiscalización sobre legalidad del pronunciamiento del gabinete a favor de Nicanor Boluarte

El congresista Juan Burgos (Podemos Perú) solicitó que el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, informe a la Comisión de Fiscalización sobre los “fundamentos y legalidad” del pronunciamiento del Consejo de Ministros a favor de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.

En un oficio enviado al presidente de dicho grupo de trabajo, Elvis Vergara (Acción Popular), pidió que se disponga la convocatoria del primer ministro en una fecha por determinar.

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“Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a su vez, en cumplimiento de la función de control político y fiscalización que corresponde al Congreso de la República, solicitarle que, se disponga la convocatoria del Presidente del Consejo de Ministros, señor Eduardo Melchor Arana Ysa, a fin de que informe a la representación parlamentaria sobre los fundamentos, alcances y legalidad del comunicado emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el día 27 de agosto de 2025, referido al allanamiento realizado por el Ministerio Público al domicilio de Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la actual Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, por sus presuntos vínculos ilícitos con la presunta organización criminal que lideraría el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez Antúnez”, indicó.

Mencionó que el hermano de la mandataria viene siendo investigado por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias, debido a su supuesta vinculación con la red “Los Waykis en la sombra”.

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Recordó que la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, delimita “con claridad” las funciones del Consejo de Ministros, sin contemplar entre ellas la defensa política de ciudadanos investigados por el Ministerio Público.

“En tal sentido, corresponde que el señor Presidente del Consejo de Ministros explique a la representación nacional las razones legales y constitucionales que justificarían un pronunciamiento de defensa política en este caso particular, considerando el principio de separación de poderes y la neutralidad institucional que debe regir al Poder Ejecutivo”, subrayó.

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“Por lo expuesto, agradeceré disponer las acciones pertinentes para garantizar la comparecencia del señor Presidente del Consejo de Ministros ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría”, añadió.

Como se recuerda, el pasado 27 de agosto el Consejo de Ministros en pleno salió en defensa de Nicanor Boluarte y, desde Palacio de Gobierno, emitió un pronunciamiento para rechazar el allanamiento del Ministerio Público a la vivienda del hermano de la presidenta Dina Boluarte.

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Según los voceros del Ejecutivo, se busca “desestabilizar, politizar la justicia y hacer uso de ella como un arma de venganza política”. El pronunciamiento fue leído por el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, quien estuvo acompañado por 15 ministros de Estado.

El caso

Este miércoles 27 de agosto la fiscalía realizó un nuevo allanamiento en el domicilio del hermano de la presidenta, como parte de una nueva investigación en su contra por presuntos actos de corrupción que lo involucran.

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Personal del Ministerio Público llegó poco antes de las 6 a.m. al domicilio en un operativo que se está realizando en diversos distritos que, según el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, es parte de un nuevo caso por el cual no han sido notificados.

Boluarte Zegarra es vinculado a uno de los cuatro hechos presuntamente ilícitos que habrían sido perpetrados por una supuesta organización criminal que lideraría el ahora ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

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Según la fiscalía, Santiváñez sería el “hombre clave” y, en su condición de ex ministro del Interior, habría reunido a un grupo de personas, entre ellas diversos abogados con la finalidad de que apoyen presuntos actos irregulares.

Por ello, el Ministerio Público solicitó también el allanamiento a la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial que dirigía Juan José Santiváñez, pero este extremo del requerimiento fiscal fue rechazado por el Poder Judicial (PJ).

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