En el segundo y último día de labores en el Perú, la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió el martes pasado con las bancadas de oposición en el Congreso, la Conferencia Episcopal Peruana, los gremios periodísticos y la defensora del Pueblo en funciones, Eliana Revollar, entre otros.
Revollar advirtió- durante la cita realizada en el Swissôtel de San Isidro, de acuerdo a fuentes de El Comercio- que la libertad de expresión en el país “ha sido asediada, particularmente, desde que las altas autoridades del Poder Ejecutivo utilizan discursos hostiles contra mujeres y hombres de prensa”.
También refirió que simpatizantes, “tanto del oficialismo como de la oposición”, reiteradamente “agreden física y verbalmente” a los periodistas, en especial desde que se conocieron los resultados de las elecciones generales de 2021.
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Recordó que la prensa no pudo acceder al Parlamento hasta mayo último. Es decir, prácticamente durante casi toda la administración de la acciopopulista María del Carmen Alva al frente de la Mesa Directiva.
“Este clima de creciente exasperación constituye un escenario de riesgo para el ejercicio de derechos fundamentales y, de manera particular, para el funcionamiento de las instituciones de la democracia, cuya racionalidad descansa en la vigencia de la ley y la práctica continua del diálogo democrático”, remarcó.
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De otro lado, la defensora del Pueblo en funciones afirmó le preocupa “la falta de voluntad de diálogo y el progresivo traslado de la lucha política a las calles”.
“Se observa en los actores políticos del oficialismo y la oposición una búsqueda constante de respaldo social a sus posiciones. Para ello apelan, cada vez con más frecuencia, a mensajes públicos que podrían ser interpretados por sectores de la población como llamados a la acción directa, a la toma de medidas de fuerza en uno u otro sentido”, sostuvo.
La Comisión de Alto Nivel de la OEA también recibió a la presidenta del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), María Eugenia Mohme; y al presidente de Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Augusto Álvarez Rodrich. Ellos alertaron que el gobierno de Castillo “ha lanzado una intensa campaña de ataque y hostilización” en contra del periodismo peruano.
En un pronunciamiento conjunto, al cual también se sumó la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), señalaron que el presidente y varios integrantes del Gabinete Ministerial han presentado a la prensa “como enemigo de la democracia”.
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Explicaron que la campaña incluye ataques en actos públicos a la prensa por parte del mandatario y del jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres; discursos de confrontación sistemático; iniciativas legislativas para penalizar la difusión de información sobre investigaciones penales; y amenazas de querellar a periodistas, entre otros.
El CPP, la SNRTV e IPYS recordaron que invitaron al mandatario a suscribir las declaraciones de Chapultepec y de Salta, cuando inició su administración, pero este se ha negado.
Más temprano, la misión especial sostuvo encuentros con las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País.
La primera agrupación en ser recibida fue la fujimorista. La congresista Patricia Juárez, portavoz del conjunto naranja, afirmó que rechazaron, durante la cita, que estén preparando un golpe de Estado encubierto o manifiesto en contra del mandatario.
“Lo principal es que en el país no existe un golpe de Estado ni manifiesto ni encubierto […] Se ha desechado toda posibilidad [de una ruptura del orden democrático]”, manifestó Juárez, para luego referir que no se les puede catalogar de “golpistas”.
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A su turno, el vocero de APP, Alejandro Soto, dijo esperar que la Comisión de Alto Nivel de la OEA emita “un informe imparcial”, sobre todo después de la información que han podido recoger no solo de las bancadas parlamentarias, sino también de las autoridades de las instituciones constitucionalmente autónomas.
Por su parte, la portavoz de Avanza País, Adriana Tudela, consideró que el organismo internacional “debe limitarse, en su informe, a analizar si es que hay un golpe de Estado en marcha o no”. “Ni el Congreso, ni el Ministerio Público, ni la contraloría, ni la Defensoría del Pueblo, ni ninguna institución autónoma está complotando para realizar un golpe de Estado”, finalizó.
De otro lado, según pudo conocer este Diario, los miembros de la misión de la OEA no han emitido al momento algún juicio de valor u opinión respecto de las reuniones sostenidas, puesto que su tarea es escuchar y dialogar para posteriormente emitir su informe.
En la víspera, la congresista Digna Calle aseguró que la misión tomó positivamente su proyecto de adelanto de elecciones y señaló que le dijeron que es “una buena alternativa”.
La comisión llamó al diálogo a los actores políticos al concluir su visita al Perú e informó que “a la brevedad posible” presentará un informe sobre la situación del país al Consejo Permanente de la OEA. En dos días de trabajo, el grupo mantuvo 27 reuniones.
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