El pedido de facultades de la Comisión de Fiscalización para investigar el presunto abandono del cargo e infracción constitucional de la presidenta Dina Boluarte a raíz de una intervención quirúrgica permanece encarpetado en el Congreso desde marzo.
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La solicitud fue presentada por el grupo de trabajo que preside el parlamentario Juan Burgos (Podemos Perú) a fines de enero y, en marzo, el Consejo Directivo acordó que pase a orden del día para que se ponga en la agenda del pleno.
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Sin embargo, la Mesa Directiva no ha priorizado el tema en la agenda del pleno para su debate y votación. Este Diario buscó contactarse sin éxito con el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y los demás integrantes de la mesa.
La mayoría de bancadas, incluida la de Burgos, mantiene hermetismo sobre el tema, y no ha solicitado en la Junta de Portavoces, donde están representadas las 13 agrupaciones, que la moción sea abordada en una sesión plenaria.
En diálogo con El Comercio, el parlamentario Arturo Alegría (Fuerza Popular) señaló que su bancada respaldará la moción si llega al pleno. “Nosotros apoyamos en la comisión y será igual en el pleno”, respondió.
La legisladora Norma Yarrow (Renovación Popular) dijo que su bancada apoyará la moción, como lo ha hecho con todas las iniciativas para investigar al Poder Ejecutivo. Sin embargo, señaló que ni siquiera la agrupación de Burgos ha solicitado que se priorice el tema.
“Siempre ha sido importante que esta comisión tenga facultades investigadores, el problema es que el parlamentario Burgos no toma las cosas en serio y no cierra nada. Sin embargo, nosotros como bancada respaldaremos cualquier proceso de investigación”, acotó Yarrow.
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De otro lado, Lady Camones, indicó que su agrupación no había abordado el tema, pero que, a título personal, no tiene “confianza en la imparcialidad, competencia y objetividad del presidente de la comisión (Juan Burgos)”.
En tanto, fuentes parlamentarias estimaron que la solicitud no prosperará porque las bancadas no confían en el trabajo de Burgos al frente de la Comisión de Fiscalización. “Este caso no lo van a aceptar, su bancada está dividida y no lo apoya. Ocurrirá lo mismo que pasó con los pedidos para interpelar a los ministros Morgan Quero (Educación) y César Vásquez (Salud). Es un desgaste”, expresaron.
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El pedido
La moción fue enviada el 31 de enero al Consejo Directivo del Congreso. Esta instancia recién aprobó el 10 de marzo que pase al órden del día. Desde entonces, permanece encarpetada, no se pone en la agenda del pleno para su debate y votación.
Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización. (Foto: Congreso)
El pedido se sustenta en reportajes de medios de comunicación, como el semanario “Hildebrandt en sus trece” y declaraciones de Alberto Otárola y otros exfuncionarios, que revelan que la presidenta fue sometida a intervenciones quirúrgicas que habrían conllevado a “una incapacidad temporal para el ejercicio de sus funciones laborales presidenciales”.
Señala que los medios de comunicación han dado a conocer que la mandataria podría haberse ausentado del cargo por 12 días y durante su retiro evitó la vida pública, incluidas reuniones presenciales del Consejo de Ministros.
Cabe recordar que el pasado 15 de abril, la Comisión de Fiscalización aprobó un informe preliminar que recomienda la vacancia de la presidenta de la República. Este documento reitera, además, que es importante que el pleno les otorgue las facultades de comisión investigadora con el fin de “superar los obstáculos surgidos durante la indagación”.
“El otorgamiento de dichas facultades contribuiría a garantizar el acceso oportuno a la información relevante y evitar actos de obstrucción que limiten el control parlamentario sobre la gestión pública”, dice el informe preliminar.
Luego de aprobarse dicho informe, Burgos explicó que iba a enviar el documento al Ministerio Público sin pasar por el pleno del Congreso, pues el grupo que dirige no cuenta con las facultades de comisión investigadora.
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Fuentes del despacho de Burgos señalaron que contar con estas prerrogativa tiene implicancias importantes “tanto en el alcance como en la fuerza legal de sus actuaciones”.
Subrayaron que el informe preliminar que se aprobó la semana pasada resalta la necesidad de esclarecer el impacto real de dichos procedimientos quirúrgicos mediante una comisión con facultades de investigación.
“En resumen, al otorgar estas facultades, el Pleno convierte temporalmente a una comisión ordinaria en una especie de comisión investigadora ad hoc, con mayor capacidad legal para cumplir funciones de control político y fiscalización”, indicaron.
Según el Reglamento del Congreso, las facultades de comisión investigadora implican poderes coercitivos y de fiscalización reforzada, es decir, la comisión podrá citar a funcionarios, solicitar documentos oficiales, realizar inspecciones, y en general ejercer funciones similares a las del Ministerio Público en cuanto a la recolección de pruebas (aunque no puede formular acusaciones penales).
Además, las citaciones serían de carácter obligatorio bajo apercibimiento legal. Si los invitados no asisten, pueden ser sancionadas conforme a lo dispuesto en el ordenamiento legal (por ejemplo, por desacato).
Asimismo, los actos de la comisión tendrían valor legal. El reglamento establece que las conclusiones a las que llegue la comisión con facultades de investigación pueden servir como base para denuncias constitucionales, acusaciones ante el Ministerio Público, o reformas legislativas.
Cabe señalar que el plazo de investigación es determinado de acuerdo a lo que aprueba el pleno y solo se puede investigar los hechos que ha determinado la representación nacional.
