El “Pacto Perú” y otros foros anunciados en las últimas dos décadas

Más cerca del diálogo que de los anuncios confrontacionales de los dos años anteriores, el presidente Martín Vizcarra propuso en su mensaje a la nación por Fiestas Patrias la suscripción de un “Pacto Perú”, lo cual, según lo adelantado por el mandatario, podría entenderse como un espacio para la generación de acuerdos políticos hacia las elecciones del 2021 e incluso fechas que vayan más allá de la celebración del Bicentenario de la República.

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“Los invito a construir un pacto patriótico que, independientemente de quién sea elegido como el próximo presidente, siente las bases de un Perú con consensos básicos, que nos permitan consolidar la democracia”, refirió Vizcara en su discurso, para poco después vaticinar que de no llegar a acuerdos se podría configurar un nuevo clima de enfrentamiento.

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Entre los lineamientos valorados por el mandatario para ser tratados en la agenda del “Pacto Perú” se concibe la construcción de un sistema unificado de salud, la garantía a calidad educativa eliminando la brecha entre la educación urbana y rural, así como la promoción del crecimiento económico sostenible. Del mismo modo, también mencionó como tópicos la continuación de la reforma política y judicial, además de la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema.

Aunque sonoros, los llamamientos a pactos con vinculación a partidos y organizaciones sociales no son algo novedoso en el quehacer político nacional. Por el contrario, algunos de estos espacios aún son convocados frecuentemente, mientras que otros tuvieron un desempeño un tanto más discreto.

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Acuerdo Nacional

A poco de cumplirse el primer año de gestión del entonces presidente Alejandro Toledo, el 23 de julio del 2002, en Palacio de Gobierno, diversos líderes políticos suscribieron el Acuerdo Nacional, que tiene como antecedentes al Acuerdo de Gobernabilidad suscrito por opositores al régimen de Alberto Fujimori en 1999.

Entre los firmantes más notorios figuraron los desaparecidos exmandatarios Valentín Paniagua (Acción Popular) y Alan García (APRA). Del mismo modo, Lourdes Flores Nano (PPC), Luis Solari (Perú Posible), Aldo Estrada (UPP), el fallecido ex alcalde de Lima Alberto Andrade (Somos Perú), entre otros. Del mismo modo, representantes de la CGTP, la Confiep y de la sociedad civil también se hicieron presentes.

En el documento se acordó un total de 29 políticas de estado, divididas en cuatro matrices (democracia y Estado de derecho; equidad y justicia social; competitividad del país; y Estado eficiente, transparente y descentralizado), que fueron asumidas en pos de lograr su cumplimiento de cara al Bicentenario (2021). En años posteriores se agregaron hasta seis acciones más.

A la fecha, no es difícil dilucidar que varios de los compromisos promovidos por el foro aún significan un saldo pendiente para el país. Una muestra de ello son los irregulares resultados obtenidos de cara a la "erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y la seguridad ciudadana", "reducción de la pobreza" y "afirmación de un Estado eficiente y transparente", por citar tres ejemplos.

Una mención aparte merece el acuerdo de la “promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción”, teniendo en cuenta que entre los firmantes figuraron Alan García, quien se suicidó cuando se le investigaba por el Caso Odebrecht; además de Alejandro Toledo, prófugo en Estados Unidos a la espera de los resultados del proceso de extradición al Perú por el mismo caso que el líder aprista.

En 2011, incluso, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Ollanta Humala (Partido Nacionalista), hoy indagados por la recepción de presuntos aportes de parte de la empresa brasileña, también se adscribieron a los lineamientos del compromiso.

A pesar de ello, el espacio, potestad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y presidido por el presidente de la República, ha sido convocado en numerosas oportunidades, pues se ideó para que sea "la instancia más alta de concertación" del país. A la fecha contabiliza hasta 128 sesiones.

Puede que a ese carácter también responda que el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Max Hernández, haya señalado a El Comercio que el anunciado Pacto Perú “podría tener como ámbito casi natural el Acuerdo Nacional”, posición que ha sido compartida por diversos congresistas y dirigentes de organizaciones políticas.

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Pacto Ético Electoral

En marzo del 2005, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó ante el Acuerdo Nacional el Pacto Ético Electoral, una iniciativa para generar consensos y acuerdos políticos entre los partidos participantes de las elecciones del año siguiente.

En la actualidad, esta propuesta que consiste en un compromiso de honor con el objetivo de lograr consensos y pautas de comportamientos entre los postulantes y las organizaciones durante la campaña, es convocada en cada proceso electoral, siendo la oportunidad más reciente los comicios congresales complementarios de enero pasado.

Asimismo, el Pacto Ético Electoral cuenta con un Tribunal de Honor compuesto por un grupo de ciudadanos que tienen entre sus responsabilidades el procurar por el cumplimiento de los compromisos de los candidatos y organizaciones políticas a nivel nacional, por lo que vigilan sus conductas.

Sin embargo, el mencionado ente no cuenta con autoridad para sancionar jurídica o pecuniariamente a los postulantes o, en su defecto, los partidos políticos que incumplan el acuerdo. Es más, algunas agrupaciones optan por no suscribir el compromiso.

Una muestra del accionar del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral se dio en diciembre del 2019, cuando dicho colegiado ciudadano emplazó al partido Solidaridad Nacional a retirar un video publicado en sus redes sociales en el que se comparaba a políticos peruanos y postulantes al Congreso con integrantes de los grupos terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Aunque Solidaridad Nacional no suscribió el Pacto Ético Electoral en Lima (sí lo hizo en 16 departamentos), el tribunal consideró que ello "no lo exime de respetar los valores éticos propios de un proceso electoral democrático como el que se está llevando a cabo".

Pacto social

En su mensaje a la nación del 28 de julio del 2007, Alan García propuso el Pacto social. Según la presentación del entonces mandatario, dicho foro tendría como foco promover un espacio para que empleadores y trabajadores el incremento de la remuneración mínima vital, así como el resguardo de los derechos a la seguridad social y la jubilación.

Pocos días después de efectuado el anuncio, el constitucionalista Víctor García Toma fue designado gestor ejecutivo del foro. Los meses sucesivos arribaron en un clima de confusión en torno a la medida, pues la configuración de la temática anunciada por García guardaba relación con el Pacto de Mediano Plazo por la Inversión y el Empleo Digno 2005-2011, y con el Compromiso Político, Social y Económico de Corto Plazo 2004-2006, ambos aprobados por el Acuerdo Nacional.

Ante la resistencia de los dirigentes y los trabajadores para abordar la discusión de los temas propuestos por el mandatario en el referido pacto social, en marzo del 2018, García Toma, frente a la consulta de la prensa sobre la iniciativa, contestó: “[El pacto social] ya fue”.

A menos de un año de la finalización del gobierno de Vizcarra, puede que no haga falta mucho tiempo para conocer el destino del denominado Pacto Perú, llegue, o no, a buen puerto.

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