Alan García fue citado para que declare por el caso el 7 de enero del 2019. El ex ministro Enrique Cornejo, el 11 del mismo mes. (Foto: Reuters)
Alan García fue citado para que declare por el caso el 7 de enero del 2019. El ex ministro Enrique Cornejo, el 11 del mismo mes. (Foto: Reuters)
Redacción EC

Junior Miani

La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima abrió investigación preliminar al ex presidente por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible en agravio del Estado. Otras 21 personas fueron incluidas en la indagación, entre ellas el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo.

El caso se investiga a raíz de una denuncia del procurador anticorrupción Amado Enco.

La disposición fiscal, a la que tuvo acceso El Comercio, señala a los imputados por presuntamente “facilitarle” a la empresa APM Terminals la concesión del Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao. También se indica que Alan García y otros funcionarios “habrían emitido instrumentos de gestión, dentro de los cuales se encontraban los decretos de urgencia para viabilizar la concesión [...] y con ello favorecer a la empresa APM Terminals Callao”.

Los decretos de urgencia 001-2011 y 002-2011, promulgados el 18 y 21 de enero del 2011, durante el segundo gobierno de García, declararon la “necesidad nacional” de 33 proyectos de inversión, entre ellos el del Terminal Norte del Callao. Esos decretos fueron declarados inconstitucionales en setiembre de ese año, pero el contrato de concesión siguió en ejecución.

El 1 de abril del 2011, se otorgó la buena pro del concurso por US$1.900 millones. Sin embargo, el contrato firmado el 11 de mayo del mismo año incluyó “una serie de beneficios sumamente excesivos para la concesionaria [...] al haberse dejado sin efecto la modalidad de iniciativa privada y, por ende, efectuar la concesión a través de un contrato bajo la modalidad de asociación en participación”.

Entre los cambios, están la exoneración del pago de 50% de la recuperación adelantada del IGV y las reducciones de los aportes a la Empresa Nacional de Puertos y a la Autoridad Portuaria Nacional. En total, el contrato de APM Terminals habría generado un perjuicio al Estado por US$246’939.764.

Erasmo Reyna, abogado de Alan García, negó las imputaciones. Indicó que la denuncia “desconoce en absoluto que hay principios de delegación de funciones y competencias”.

En un comunicado, APM Terminals Callao señaló que “no ha recibido ninguna notificación” sobre el caso, pero que “está dispuesto a colaborar con las investigaciones”.

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