El juez supremo Juan Carlos Checkley anunciará este lunes 16 de enero a las 10:00 a.m. su decisión sobre el pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva contra el inhabilitado excongresista Freddy Díaz Monago, investigado por el presunto delito de violación a una trabajadora del Parlamento.
Así lo informó el abogado José Ugaz, defensor legal de la víctima, tras concluir la audiencia reservada en la que el magistrado evaluó el pedido fiscal.
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Ugaz dijo a El Comercio que el exlegislador “ha venido entorpeciendo la actividad probatoria” y debido a ello espera que el lunes se le dicte la prisión preventiva “por lo menos hasta que la investigación se consolide y este señor no pueda interferir”.
El abogado detalló que en la audiencia la fiscal a cargo del caso, Zoraida Ávalos, reiteró los argumentos por los cuales el Ministerio Público pide esta medida contra el exparlamentario.
En tanto, la defensa de Díaz Monago negó que su patrocinado haya huido en un inicio y señaló que siempre estuvo dispuesto a colaborar con las investigaciones. El excongresista estuvo presente en la audiencia reservada.
Como se recuerda, en su requerimiento de la prisión preventiva, Ávalos, alertó, en primer lugar, la existencia de “fundados y graves elementos de convicción que vinculan al imputado con la comisión del delito atribuido”.
En segundo lugar, la fiscal sostuvo que la prognosis de pena privativa de la libertad contra Díaz Monago es superior a los cuatro años, tanto para el delito de violación sexual en estado de inconciencia o en la imposibilidad de resistir, como para el de violación sexual agravada, que alternativamente se le imputa a Díaz.
Detalló que ambos delitos “encuentran su límite inferior en los 20 años de pena privativa de la libertad”. Como tercer punto, Ávalos calculó una “alta probabilidad” de fuga y de obstaculización de la investigación.
Sustentó este último punto en la carencia o la incertidumbre de arraigos domiciliario, familiar e, incluso, laboral, pues, como parlamentario, Freddy Díaz se encontraba suspendido por 120 días por ingerir licor en el Palacio Legislativo. Posteriormente, fue inhabilitado.
Otros fundamentos del peligro de fuga advertidos por la fiscal son la gravedad del delito, la magnitud del daño causado -que considera “irreparable”-, la falta de actitud voluntaria para reparar o reducir el mismo, y la conducta inmediata que mostró luego de denunciarse el hecho.
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Previamente, el abogado José Ugaz, defensor legal de la víctima, señaló que la conducta procesal de Díaz “ha sido peligrosa desde el inicio de la investigación”.
El abogado recordó que el congresista estuvo no habido luego de ser denunciado por violación el pasado 27 de julio, e incluso no acudió a la primera citación fiscal.
Además, aseguró que Díaz habría presionado a su personal de seguridad para que mienta sobre lo que ocurrió en su despacho parlamentario, así como a las psicólogas del Ministerio Público a cargo de las pericias practicadas a la víctima.
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Inhabilitado
El jueves, con 77 votos a favor, 1 en contra (el propio denunciado) y 4 abstenciones, el Congreso aprobó inhabilitar a Díaz Monago del ejercicio de la función pública por 10 años. Ello luego de un pedido de reconsideración presentado por la parlamentaria Sigrid Bazán (Cambio Democrático).
Inicialmente, el Parlamento había blindado a Díaz en primera votación. Esta ocurrió el pasado martes 10 de enero, la sanción solo obtuvo un respaldo de 59 adhesiones, mientras que 21 congresistas se abstuvieron al momento de tomar una decisión. El mayor número de estas abstenciones se acumularon en bancadas como Perú Libre, el Bloque Magisterial y Perú Bicentenario. Sin embargo, tras la ola de críticas retrocedieron en un su decisión.
En septiembre de 2022, Díaz fue suspendido por 120 días tras un informe de la Comisión de Ética. Esta sanción venció el pasado 7 de enero y Díaz retornó al Congreso a continuar con sus funciones e incluso votar en contra de su desafuero.
Tras ser inhabilitado por el Poder Legislativo, Díaz calificó la sanción como un exceso, a pesar de que reconoció haber participado en los hechos por los cuales el Ministerio Público pidió prisión preventiva en su contra.
“El tema ético ya ha sido sancionado. Es un error que reconocí, pedí disculpas al país y a mi región. Tuve la máxima sanción. Lo que se está haciendo ahora es una denuncia constitucional la que se votó, y es un exceso y vamos a seguir a la instancia correspondiente”, declaró ante la prensa.
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