Eduardo Arana sobre prisión preventiva contra Martín Vizcarra: “Decisiones que el PJ expida deben ser cumplidas”

El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, se pronunció sobre la prisión preventiva dictada contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y consideró que las decisiones del Poder Judicial (PJ) “deben ser cumplidas”.

En conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros, el titular de la PCM señaló que la opinión del Ejecutivo se basa en el marco de la Constitución Política y no sobre hipótesis.

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“Nuestra opinión va a ser en función de la realidad y no sobre hipótesis. En ese sentido, nosotros consideramos desde el Ejecutivo que las decisiones que el Poder Judicial expida deben ser cumplidas en el marco de lo que la propia Constitución señala”, expresó.

Como se recuerda, el juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, dictó cinco meses prisión preventiva contra Vizcarra Cornejo, en el marco del proceso por presuntamente haber recibido S/2.3 millones en coimas de empresas constructoras ligadas a su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014).

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El magistrado advirtió que existe peligro procesal y de fuga, así como un comportamiento cuestionable del acusado y que sí hay graves y fundados elementos de convicción del delito de cohecho y las inconductas atribuidas a Martín Vizcarra.

La audiencia iba a realizarse el pasado viernes 8 de agosto. Sin embargo, el juez decidió postergarla debido a que tanto la defensa como la fiscalía presentaron documentación adicional relacionada al pedido y era necesario darles tiempo para analizarla.

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El expresidente enfrenta una posible condena de 15 años de prisión y se le acusa de haber recibido sobornos de S/ 2.3 millones de las constructoras peruanas Obrainsa e ICCGSA por los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, respectivamente, durante su gestión como gobernador regional.

El juicio comenzó en octubre del año pasado en el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional. La fiscalía considera que hay riesgo de que Vizcarra fugue del país o pida asilo político ante un gobierno extranjero antes de conocer su sentencia, prevista para fines de año.

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