Caso Odebrecht y arbitrajes: PJ reprograma audiencia de prisión preventiva para 16 abogados

El juez Jorge Chávez Tamariz reprogramó para el próximo martes 29, a las 9 de la mañana, la audiencia pública en la que evaluará el pedido del equipo especial Lava Jato de prisión preventiva de 36 meses contra 16 abogados investigados por supuestamente emitir laudos arbitrales a favor de la constructora brasileña Odebrecht, generando perjuicio al Estado peruano.

El magistrado considera que se debe garantizar el derecho a la defensa de los árbitros implicados. Además, la fiscalía tendrá que incorporar la declaración íntegra de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, respecto al caso.

La decisión del juzgado respondió a un pedido hecho tanto por los abogados de los investigados como por el fiscal Germán Juárez, a cargo del caso Arbitrajes. Según informó el juez Jorge Chávez, cada día se revisará el pedido de prisión preventiva contra cuatro árbitros hasta completar los 16 investigados.

Además, el magistrado estableció que la fiscalía tendrá hasta el viernes para corregir el pedido de prisión preventiva. Deberán ser añadidos los elementos en contra de cada investigado y por cada delito que se les imputa.

El fiscal Germán Juárez Atoche pidió la medida para Humberto Abanto Verástegui, defensor de Jaime Yoshiyama en la investigación a Keiko Fujimori y los aportes de campaña al partido político Fuerza Popular. También para los abogados Fernando Cantuarias Salaverry (para quien el Poder Judicial dictó impedimento de salida del país), Alejandro Álvarez Pedroza y Mario Castillo Freyre.

El Ministerio Público además solicitó prisión preventiva para Marcos Espinoza Rimachi, Alfredo Zapata Velasco, Daniel Linares Prado, Emilio Cassina Ramón, Randol Campos Flores, Luis Pardo Narváez, Richard Martín Tirado, Weyden García Rojas, Luis Pebe Romero, Emilio Cassina Rivas, Ramiro Rivera Reyes y Franz Kundmuller.

-INFORMACIÓN PREVIA-

De otro lado, también se solicitó medida de comparecencia restringida e impedimento de salida del país en contra de los investigados Horacio Cánepa Torre, Celso Gamarra Roig, Sergio Calderón Rossi y Héctor García Briones.

El requerimiento contra todos los mencionados también implica que se solicite la suspensión de derechos en sus ejercicios como funcionarios del Estado Peruano y/o de realizar actividades como árbitros o secretarios arbitrales.

-Detalles-

Entre los involucrados se encuentra el abogado Humberto Abanto. De acuerdo con el requerimiento fiscal, Abanto habría solicitado un bono de éxito de US$106 mil a cambio de influir con su voto en un laudo por la carretera Interoceánica Norte. La cadena de este pago habría involucrado al árbitro Alejandro Álvarez Pedroza, y a los exejecutivos de Odebrecht Roger Llanos Correa y Ronny Loor Campoverde. El pago a Abanto se habría hecho en efectivo en la oficina de Álvarez Pedroza, en San Borja.

Además, Abanto habría solicitado un bono de éxito a través de un elevado honorario de S/305.244, cuando solo debió cobrar S/169.881 de acuerdo con la tabla de honorarios del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. El sobreprecio fue de S/135.374. En total, según la fiscalía, recibió S/423.694 en dinero ilícito.

Estos cobros por encima de la tarifa referencial habrían sido la principal modalidad que emplearon los árbitros investigados por presuntamente favorecer a Odebrecht en los laudos, según las imputaciones realizadas por la fiscalía.

En el período investigado, el abogado de Yoshiyama canceló deudas por S/656 mil relacionadas a la adquisición de un departamento, un estacionamiento y un depósito en Miraflores. En declaraciones a Canal N, Abanto indicó que su propiedad fue adquirida con un crédito hipotecario y acusó que todas las imputaciones en su contra se basan en el testimonio del árbitro Sergio Calderón Rossi, a quien no conoce. En febrero de este año, la fiscalía allanó su vivienda y la de otros árbitros investigados.

En tanto, la fiscalía señala que el árbitro Marcos Espinoza Rimachi habría recibido S/875.924 en forma de bono extraordinario a sus honorarios por el arbitraje en un caso de la carretera San José de Sisa. En comunicación con este Diario, Espinoza negó las irregularidades y señaló que ha colaborado con la fiscalía cuando fue citado.

El fiscal Juárez también ha solicitado esta medida para Fernando Cantuarias Salaverry, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, a quien acusa de haber recibido S/105 mil en pagos ilícitos. “No hay ni una sola prueba sobre un acto ilegal de mi persona. Todo nace con una afirmación del señor [Horacio] Cánepa que, después del expresidente Alejandro Toledo, es la persona que más dinero ha recibido de Odebrecht”, señaló Cantuarias a El Comercio.

Precisamente, en el caso de Horacio Cánepa, la fiscalía ha solicitado comparecencia restringida, al igual que para otros tres procesados.