El fiscal coordinador de las fiscalías de crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, consideró que la ley sobre el crimen organizado que promulgó el Congreso de la República este viernes 9 de agosto “favorece a la delincuencia” y “fortalece la impunidad”.
En declaraciones a Canal N, advirtió que la norma afectaría, por ejemplo, a las investigaciones contra organizaciones criminales que vienen estafando a miles de personas a través de cooperativas de ahorro.
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Explicó que una estafa tiene, según la norma vigente una pena mínima de 3 años de prisión y no máximo 9 cuando es agravada, pero ya no entraría en el marco de una organización criminal, aunque haya sido cometido por las mismas.
“Definitivamente esto lo va a traer como resultado es que va a haber un dinamismo de la delincuencia, más que de justicia y lograr luchar contra la impunidad. Lo que va a fortalecer es justamente la impunidad porque sabemos perfectamente que nuestras fiscalías penales corporativas no cuentan con la logística ni el expertiz para investigar estos temas, lo más grave”, expresó.
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Refirió que delitos como colusión, tráfico de influencias y cohecho saldrían del marco del tipo penal y los abogados presentarían un sinnúmero de recursos al órgano jurisdiccional, por ejemplo, al considerar que las conductas de sus patrocinados no encajan dentro de la nueva descripción del tipo penal.
“Nosotros investigamos estos temas con las unidades policiales especializadas. Las fiscalías penales corporativas no trabajan con unidades policiales especializadas como la Diricri, la trata de personas, Diviac. Van a tener que derivar esas investigaciones a la Depincri y finalmente a las comisarías, y sabemos perfectamente que nuestra Policía Nacional, en estos sectores, no tiene la capacidad ni la experiencia para investigar estos hechos delictivos, mucho menos la capacitación para emplear técnicas especiales de investigación, con lo cual se favorece a la delincuencia y se entorpece la persecución del delito”, subrayó.
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En ese sentido, aseveró que todas las investigaciones preliminares y preparatorias que están a nivel judicial van a ser afectadas porque muchas de ellas no encajan dentro de la modificatoria de la nueva norma, razón por la cual los abogados pedirán que se archiven o se inhiban.
“Todos los casos de corrupción de funcionarios no encajan dentro de lo que dice la norma, que tengan como finalidad directa o indirecta el control de la cadena de una economía o mercado ilegal”, anotó.
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Finalmente, Chávez Cotrina atribuyó la norma al desconocimiento y la “ignorancia” que tienen los congresistas respecto del término organización criminal, razón por la cual –desde su punto de vista- emiten normas “sin tecnicismo jurídico”.
“Pienso que no tienen ni siquiera idea de lo que significa tener una política contra la criminalidad en general. Eso es lo que yo creo, no saben lo que significa una política de Estado contra la criminalidad y sacan este tipo de normas sin tecnicismo jurídico, sin explicar en una exposición de motivos. Creo que la falta de conocimiento es la ignorancia que tienen respecto al término ‘criminal’ en el país y el mundo”, sentenció.
Como se recuerda, la ley que modifica la definición de organización criminal aprobada por la Comisión Permanente del Congreso el pasado 4 de julio y promulgada este viernes, obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y su abogado.
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