La Policía Nacional del Perú (PNP) rompió su silencio durante la madrugada del miércoles respecto de la situación del exministro Juan Silva, sobre quien pesa una orden de detención preliminar por el caso de la presunta red criminal encabezada por el presidente Pedro Castillo en el Ejecutivo.
En un comunicado, la PNP confirmó que la fiscalía dispuso la noche del 27 de mayo hacer videovigilancia a Silva. Según la institución, la tarea fue encargada a la Dirección de Inteligencia de la PNP, con apoyo de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor).
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En ese momento, explicaron, se “inició el cumplimiento de la disposición”, pero no se lo encontró. “No obstante, se continuó con esa disposición”, agregaron.
Sin embargo, Juan Silva fue visto públicamente luego de que se ordenó la videovigilancia: en una entrevista presencial en radio Exitosa el 1 de junio por la mañana y en otra con ATV ese mismo día por la noche. La primera duró más de una hora; la segunda, unos 30 minutos.
En el comunicado, la policía no menciona las apariciones del exministro en medios de alcance nacional ni detalla si a partir de estas pudieron ejecutar la videovigilancia solicitada por la fiscalía.
Por otro lado, Juan Silva tenía resguardo de Seguridad del Estado por su condición de exministro. De acuerdo con un documento publicado por Latina, el investigado solicitó el último lunes desistir de ese servicio “por motivos personales”. Ese día ya pesaba sobre él la orden judicial de detención preliminar.
-5 de mayo: El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abre investigación preliminar a Juan Silva
-25 de mayo: Silva se presenta ante el Congreso. La fiscalía pide su impedimento de salida del país.
-27 de mayo: Silva declara en fiscalía. Sánchez dispone que la PNP que le haga videovigilancia, pero estos alegan que no lo pudieron ubicar.
-1 de junio: Silva da dos entrevistas presenciales: por la mañana en Exitosa y por la noche en ATV.
-2 de junio: El Poder Judicial evalúa el impedimento de salida. Silva no participa en la audiencia
-4 de junio: Fiscalía solicita la detención de Silva. El juez dicta esa medida y el impedimento de salida.
-7 de junio: Se da a conocer la orden de detención. La PNP afirma que recién ese día supieron de la disposición judicial.
El comunicado de la PNP tampoco menciona el resguardo. En cambio, sí afirma que la orden de detención fue informada por el Poder Judicial recién el 7 de junio y que “vienen intensificando y maximizando los esfuerzos” para detenerlo.
Al cierre de esta edición, el exministro seguía como no habido, pero su defensor legal, el abogado Alfredo Yalán, aseguró que permanece en el Perú. Añadió que ayer habló con él y le comunicó que evaluaba la posibilidad de entregarse a la justicia.
Yalán no descartó que Silva intente pedir asilo político. Además, señaló que antes de conocer la orden de detención, planeaba presentarse ante la fiscalía para dejar una muestra de voz, como respuesta al presunto audio entre él y el empresario Zamir Villaverde en el que se habla de la entrega de “cien grandes”.
Anoche, Silva fue incluido en el programa de recompensas del Ministerio del Interior, que ofrece S/ 50.000 por información que permita dar con su paradero.
Responsabilidades
Especialistas consultados por El Comercio consideraron que la responsabilidad operativa por no encontrar a Silva es de la policía, mientras que la responsabilidad política es del ministro del Interior, Dimitri Senmache. Sobre este, opinaron que lo ideal sería que dé un paso al costado.
Rubén Vargas, extitular del Mininter, dijo que es muy sospechoso que personajes del entorno de Castillo –tales como Silva, Bruno Pacheco y su sobrino Fray Vásquez– hayan pasado a la clandestinidad “aparentemente protegidos por el sistema”, ya que hasta ahora no han sido detenidos. Todos ellos son sindicados como parte de la supuesta mafia que involucraría al presidente.
“Eso genera una percepción de protección, de impunidad. [...] Es una cadena de hechos que, en conjunto, nos hace dudar del cumplimiento de las funciones constitucionales de la PNP. El problema que vemos es la cooptación final de la policía por el gobierno de turno”, advirtió.
El exviceministro de Orden Interno Ricardo Valdés comentó que “la fuga del señor Silva es sumamente grave” y que la jefatura de la policía también debe dar explicaciones. Añadió que con esto “se empieza a entender” la salida de Vicente Tiburcio como comandante general de la PNP, luego de haber elevado a la Interpol las órdenes de captura contra Pacheco y Vásquez.
“Más que una negligencia, me da la impresión de que [Silva] ha sido dejado libre a propósito”, expresó. Además, comentó que es preocupante que generales que ascendieron en un proceso bajo investigación en el Ministerio Público estén hoy al frente de zonas fronterizas como la Macrorregión Tacna (gral. Jesús Rivera López) y el Frente Policial Tumbes (gral. Nicasio Zapata).
Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP, incidió en la necesidad de que Senmache renuncie y en que la responsabilidad alcanzaría a la Comandancia General, la Dircocor, Seguridad del Estado y Requisitorias. Además, no descartó que haya una “politización de la policía”. “No hay justificación para decir: recibí, pero cuando fui a hacer la verificación no se lo encontró. [...] [Es] lamentable”, expresó.
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