¿Es viable una suspensión a Fuerza Popular? El impacto penal y político

Pérez dijo que existe “una instrumentalización de la persona jurídica”, en referencia al partido naranja, “para la captación de activos” de Jorge Barata, exsuperintendente de la firma brasileña en el Perú, y de otros. “Los investigados siguen en la conducción de la persona jurídica, siguen obstaculizando la investigación”, añadió.

Recordó, en una entrevista a RPP TV, que la Sala Penal de Apelaciones confirmó, en mayo de este año, la incorporación de Fuerza Popular como organización criminal, para ser investigado como persona jurídica en este caso.

“Estoy habilitado para interponer el requerimiento, no entró en el área política y, así como no emito pronunciamiento en esos aspectos, también exijo respeto de la defensa de Fuerza Popular para los fiscales”, remarcó.

Ivan Montoya: “No hay antecedentes, pero no creo que sea imposible”

El exprocurador Yván Montoya explicó que la solicitud de Pérez busca concretar de manera “anticipada” la suspensión que establece el artículo 23 de la Ley contra el Crimen Organizado (Ley N°30077), cuando se prueba que la estructura de una persona jurídica, en la presente investigación Fuerza Popular, ha sido utilizada para cometer el delito de lavado de activos y otros.

“No hay antecedentes, pero no creo que sea imposible. Si la estructura del partido ha sido tomada por la cúpula y, de manera reiterada, ha sido utilizada para cometer delitos no queda otra que suspender y disolverla. No digo que sea el caso de Fuerza Popular, falta evidenciar y probar de qué manera la cúpula usó la estructura”, refirió en comunicación con El Comercio.

Montoya, no obstante, advirtió que el escenario político “es sensible”, porque estamos a pocos meses de una elección general.

“Esto puede tener una lectura de victimización [por parte del fujimorismo]. Para que no se dé ese efecto, la solicitud debe estar escrupulosamente bien planteada, el documento no me parece claro, espero que el fiscal lo precise al momento de sustentarlo oralmente, porque vincula instrumentos de comisiones [del anterior Congreso] con aportes de grupos de poder”, subrayó.

El ex abogado del Estado indicó que él ve una segunda tesis detrás del pedido de Pérez Gómez, en el sentido, de que la bancada de Fuerza Popular podría haber tomado medidas a favor de las empresas que aportaron a Fujimori Higuchi, como poner obstáculos a la norma sobre los octógonos.

“Podría configurarse tráfico de influencias, se debe determinar si la cúpula de Fuerza Popular incidió en su propio partido para apostar por los intereses de estos grupos”, agregó.

Montoya reiteró que el Poder Judicial deberá evaluar a profundidad “la oportunidad política”, porque la Constitución garantiza el derecho a la participación en elección.

“Este derecho no se puede estar fácilmente vulnerando con una medida de suspensión, debe haber bastante fundamentación, y razones para adelantar una medida como esta, espero que el fiscal fundamente bien y que no deje rastros para la victimización”, acotó.

Dos ejes centrales en la valoración

El exprocurador Antonio Maldonado subrayó que el juez Víctor Zúñiga, quien deberá evaluar el pedido de Pérez, debe tener en consideración dos elementos para emitir una decisión: el contexto y la valoración de los fundamentos que invoca el fiscal.

“Debe realizar un examen riguroso de los elementos, por ejemplo, si está o no demostrado que Fuerza Popular está realizando actos para entorpecer la búsqueda de la verdad. La responsabilidad penal de las personas jurídicas se encuentra en un estado embrionario en el Perú, es un terreno poco desarrollado. Pero no se puede desatender que un partido político pueda potencialmente prestar a la comisión de delitos”, remarcó.

Sobre el contexto, Maldonado sostuvo que Zúñiga tiene que establecer si “estamos frente a un acto deliberado contra el legítimo derecho de un partido de participar en elecciones o no”. Agregó que “no creo que sea el caso” en la solicitud del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público contra el fujimorismo.

El ex abogado del Estado dijo, al ser consultado, sobre la viabilidad del pedido, que esta respuesta depende de los argumentos del fiscal, pero precisó que el derecho penal permite la suspensión, aunque este tema puntual tenga poco desarrollo en el país, a tal punto que no existe un antecedente en el caso de un partido.

Enrique Ghersi: “Es una imprudencia, puede enturbiar las elecciones”

El abogado penalista Enrique Ghersi afirmó que la solicitud hecha por Pérez “colisiona” con la justicia electoral, que, desde su punto de vista, es la “única” que puede suspender o sancionar a un partido. “[Si se da] sería la primera vez que la justicia ordinaria lo haga, es una imprudencia, porque habiéndose convocado a las elecciones generales pedir la suspensión de un partido enturbia el proceso, independientemente de la afiliación, no tengo ninguna simpatía por el fujimorismo”, complementó.

Ghersi, en diálogo con este Diario, opinó que el Poder Judicial debe abstenerse de atender esta solicitud, porque puede dar la impresión de que se está “vetando” a un partido.

“El Ministerio Público tiene el derecho de pedir lo que quiera, pero el Poder Judicial no debe atender este pedido, es altamente imprudente. No debe establecerse el veto, hoy con todo derecho los fujimoristas pueden decir que los quieren vetar, y eso, reitero, enturbia las elecciones, que ni siquiera han empezado”, expresó.

El exdiputado consideró que, si un juez acepta suspender temporalmente a Fuerza Popular, es muy probable que el Partido Aprista y el Partido Nacionalista, quien también son investigados en el Caso Odebrecht, corran la misma suerte. “Ahí todos ellos irían a las cortes internacionales, no podemos volver a tiempos de vetos, que participen, seguramente no tendrán un buen resultado”, añadió.

Ghersi, además, sostuvo que el fiscal Pérez no puede tomar como argumento las posiciones políticas de Fuerza Popular en el Parlamento disuelto, porque el artículo 93 de la Constitución establece que los congresistas “no son responsables” por sus votos y opiniones en el ejercicio de sus funciones. “Sinceramente, es un exceso, y una medida innecesaria, en la práctica está solicitando la proscripción de un partido”.

El punto de vista del derecho electoral

El presidente Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Manuel Villalobos, dijo que el Poder Judicial puede ordenar la suspensión temporal de Fuerza Popular, pero para que el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ejecute esa medida “no hay marco legal”, porque los partidos políticos se rigen por una norma electoral.

Villalobos precisó que el artículo 14 de la Ley de Partidos Políticos regula las causales para cancelar una agrupación “y no figura aún el mandado judicial”. “El mandato judicial solo puede operar cuando se habla de conducta antidemocrática, pero lo declara la Corte Suprema, la máxima instancia del Poder Judicial y no un juez de primera instancia”, declaró a El Comercio.

El abogado experto en temas electorales, además, comentó que ve muy difícil que la suspensión temporal, de ser aceptada por un juez, pueda concretarse a corto plazo, dejando fuera de la carrera electoral al fujimorismo. ¿La razón? El partido puede apelar hasta llegar a la Corte Suprema, luego pedir al pleno del JNE revisar su caso y, por último, acudir al Tribunal Constitucional.

Más información

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, calificó de un “acto antidemocrático” que el fiscal Pérez “pretenda inhabilitar” a su partido “con un proceso electoral en marcha”. “Es fundamental que las elecciones se lleven con normalidad, sin exclusiones arbitrarias ni pedidos desproporcionados contra los partidos políticos”, añadió en un pronunciamiento, a través de su cuenta de Facebook.

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