Poder Judicial instaló el juicio contra Pedro Castillo y sus exministros por el golpe de estado

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema instaló el juicio oral en contra del expresidente Pedro Castillo, acusado de ser autor del delito de rebelión y otros delitos, por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

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Castillo Terrones intentó dilatar el inicio del proceso, al presentarse a la sala de audiencia del penal de Barbadillo, donde está recluido, sin abogado.

“Como presidente constitucional, no acepto y no me someto a ser juzgado en este ‘juicio’ por esta Sala Penal Especial”, manifestó.

Posteriormente, el Poder Judicial designó un abogado de oficio a Castillo ante la ausencia de su defensa legal en el caso intento de golpe de Estado.

Una vez instalado el juicio oral, la fiscalía inició con sus alegatos. Sustentó la acusación fiscal y señaló que este juicio no tiene precedentes en nuestra historia. Indicó que Pedro Castillo quebrantó el orden democrático y constitucional, pese a haber sido elegido presidente.

La Sala Penal Especial ha programado las sesiones tres veces por semana (martes, jueves y viernes), inicialmente en forma presencial en el penal Barbadillo, ubicado en Ate Vitarte.

El tribunal suspendió la sesión al promediar las 12:35 p.m. y programó la siguiente para el jueves 6 de marzo a las 9 a.m., donde se escuchará el alegato de defensa de la ex primera ministra Betssy Chávez. Este martes tomó la palabra Duberlí Rodríguez, abogado del ex jefe de Gabinete Ministerial Aníbal Torres.

NOTA PREVIA

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema realizará mañana desde las 09:00 a.m. la audiencia de instalación del juicio oral contra Pedro Castillo por su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. La sesión será en la sala de audiencias del complejo policial de la Dinoes, contigua al penal de Barbadillo, donde el expresidente cumple una orden de prisión preventiva que expira en diciembre próximo.

El tribunal lo conforman los jueces Ángel Neyra (presidente), Iván Guerrero y Norma Carbajal. Según se desprende del auto de citación a juicio, esta última será la directora de debates y, eventualmente, elaborará el proyecto de sentencia.

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Sigue aquí nuestra transmisión:

De esta forma, un nuevo expresidente peruano se sentará en el banquillo de los acusados. Las circunstancias de su caso, sin embargo, no tienen precedentes.

Si otros exmandatarios han ido a juicio por delitos como homicidio, corrupción y lavado de dinero, Pedro Castillo responderá por un ataque a la democracia: su fallido golpe de estado, con el que intentó intervenir por la fuerza el sistema judicial, cerrar el Congreso y gobernar por decreto. Por todo ello, se enfrenta a un pedido de 34 años de cárcel.

En la sesión se definirá la instalación del juicio. Como informó El Comercio en su edición del 11 de febrero, se prevé que el acusado exministro Willy Huerta se oponga a la instalación, debido a que está pendiente de resolución su apelación contra el auto de enjuiciamiento (la orden para que el caso vaya a juicio). Otras defensas podrían sumarse a su pedido o plantear sus propios argumentos contra el inicio del juzgamiento.

Si la instalación se da y si resta tiempo, podrían darse los alegatos de apertura. Allí, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción presentará los hechos de la acusación, resumirá las pruebas a presentar y planteará su solicitud de prisión contra los siete acusados.

La fiscalía también pide 25 años de cárcel para la ex jefa del gabinete Betssy Chávez, para Willy Huerta y para los policías Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón. Para Aníbal Torres, ex primer ministro y exasesor de la PCM, se piden solo 15 años por ser mayor de 80 años.

Los acusados rechazan la imputación y buscarán ser absueltos. Pedro Castillo alega que solo leyó un discurso sin efectos legales y que nunca alzó un arma. También ha manifestado que “el pueblo” le pedía el cierre del Congreso y que, en relidad, el golpe se lo dieron a él.

El Ministerio Público acusa al expresidente y a sus exministros de haber aprovechado su condición de jefe supremo de la PNP y las FF.AA. para ordenarles, a través de su mensaje, “el alzamiento en armas para suprimir el régimen constitucional”.

Aníbal Torres y Betssy Chávez son sindicados, en particular, de haber participado junto a Castillo en la elaboración del discurso. Este fue leído desde Palacio de Gobierno por el presidente, con las manos temblorosas, en un mensaje transmitido en vivo a todos el país

Luego, según la investigación fiscal, Pedro Castillo ordenó impedir el ingreso de legisladores al Congreso, que se detenga a la fiscal de la Nación y que se dé seguridad a la casa de sus padres, así como la de Torres y Chávez. La entonces jefa del gabinete, según declararon al menos cinco testigos, incluso planeó elaborar un decreto supremo para plasmar las disposiciones anunciadas en el mensaje.

Que su proclama haya fracasado y haya sido rechazada por sus propios ministros, por las instituciones del Estado y por casi toda la comunidad internacional no lo libra de una responsabilidad penal, consideraron especialistas consultados por El Comercio.

“El mensaje sí tuvo peligrosidad para concretar el delito”, dijo la penalista Fernanda Bobadilla. “Él hizo todo todo lo que estaba a su alcance, usando y aprovechando su función, para atentar contra la democracia y llevar a cabo este delito. No es lo mismo que ese mensaje lo dé un presidente a que lo dé un ciudadano de a pie”, agregó.

“Se intentó dar un golpe de estado, que en el Código Penal se llama rebelión. Las evidencias apuntarían a que sí fue un intento planificado, a diferencia de lo que sostienen las defensas. Habría participado no solo Pedro Castillo, sino también exministros y algunos miembros de la PNP”, opinó su colega Andy Carrión.

Ambos remarcaron que se tratará de un juicio histórico y que marcará un precedente importante para este tipo de casos. También coincidieron en que lo más probable es que Castillo sea condenado, aunque no necesariamente se le impondrían los 34 años solicitados. En cuanto a la duración del juzgamiento, dijeron que si se mantiene el ritmo de tres audiencias por semana anunciado por la sala, no debería superar los ocho meses.