Pedro Castillo: ¿Qué implica decisión del PJ que ordena concluir investigación preliminar por Caso Ascensos?

Como consecuencia, la Fiscalía de la Nación deberá emitir un pronunciamiento en los próximos días: presentar una denuncia constitucional para poder seguir investigando o archivar la indagación.

Esta decisión fue emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín. Responde a un recurso, conocido como control de plazos, presentado por Walter Ayala.

En septiembre pasado, su solicitud ya había sido rechazada por el juez supremo Juan Carlos Checkley en primera instancia. Sin embargo, el exministro apeló y la Sala Penal Permanente le dio la razón en segunda instancia.

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La intención de Walter Ayala era que se ordene el cierre de la investigación por haberse ampliado de forma irregular en enero del 2022 y que se anulen todos los actos de investigación realizados desde entonces hasta la fecha. Pero si bien la sala accedió a ordenar lo primero, no accedió a lo segundo.

Por lo tanto, la fiscalía podrá usar todo lo recolectado hasta la fecha para decidir si presenta su denuncia constitucional y que el caso avance a la fase de investigación preparatoria.

Si el Ministerio Público considera que el caso amerita que la investigación siga adelante y se formalice, deberá presentar una denuncia constitucional ante el Congreso. Esto se debe a que Pedro Castillo y Walter Ayala, como altos funcionarios, tienen antejuicio (inmunidad) y sus expedientes deben pasar por la autorización del Congreso para llegar a la etapa de investigación preparatoria. Así ya ocurrió con el expresidente y las pesquisas por el golpe de Estado y presunta organización criminal.

En esos casos, el Congreso acogió la denuncia y aprobó acusar constitucionalmente a Pedro Castillo, levantándole el antejuicio. Esto le permitió al Ministerio Público formalizar su investigación, pedir prisión preventiva y continuar con las pesquisas por un plazo de tres años. La otra alternativa es que la fiscalía opte por el archivo. Sin embargo, según pudo conocer El Comercio, todo apunta a que sí se presentará una acusación constitucional.

Este Diario también pudo conocer que la fiscalía aún estaba realizando diligencias y actos de investigación referidos a este caso. Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema impide nuevas pesquisas en la carpeta fiscal desde que es notificada a las partes involucradas.

“Es para todos. Es un solo expediente”, comentó a El Comercio Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, cuando se le consultó si esta decisión también implicaba el cierre de la investigación en lo referido al exmandatario.

El abogado penalista Jefferson Moreno se expresó en el mismo sentido. “La fiscalía debe tomar la decisión (formalizar la investigación o archivar) por todos los investigados, no solo de Walter Ayala”, comentó a El Comercio.

El propio Ayala usó su cuenta de Twitter para remarcar que su pedido había sido declarado fundado y que la fiscalía “ha vulnerado el plazo razonable y ha incurrido en diligencias indebidas”.

Sin embargo, la Corte Suprema no invalidó las diligencias del Ministerio Público, tal como había pedido el exministro.

Pero no todos los investigados de este caso tienen antejuicio, como Bruno Pacheco, exsecretario del Despacho Presidencial. Su defensor legal, César Nakazaki, coincidió en que este cierre alcanza a todos los indagados: aforados (con inmunidad) y no aforados, como su cliente.

El abogado indicó a El Comercio que la Fiscalía de la Nación deberá determinar si corresponde formalizar la investigación a todos juntos (luego de que el Congreso apruebe la eventual denuncia constitucional) o si opta por derivar el caso de los no aforados al equipo especial o a otra fiscalía.

Sobre el mismo punto, el abogado Jefferson Moreno indicó que “lo mas probable es que se formalice la investigación para los no aforados y se continúe el trámite en el Congreso para los otros. El caso se dividiría en dos”.

La decisión judicial tuvo que ver con temas de forma, como plazos y fechas, más no con la fortaleza o debilidad de las imputaciones contra Pedro Castillo, Walter Ayala y sus coinvestigados.

Según se consigna en la misma resolución, se le imputa al expresidente, al exministro y a Bruno Pacheco haber solicitado al entonces comandante general del Ejército, José Alberto Vizcarra, y al entonces comandante general de la Fuerza Aérea, Jorge Luis Chaparro Pinto, ascender a generales a dos coroneles del Ejército y tres coroneles de la FAP “sin considerar las normas y procedimientos existentes respecto a los ascensos al interior de dichas instituciones castrenses”.

También se les imputa “haber realizado gestiones de forma irregular” para lograr el ascenso a generales de los coroneles PNP Manuel Rivera López y Nicasio Zapata Suclupe. “Incluso el coronel PNP Jorge Luis Castillo Vargas se entrevistó con el investigado Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, en agosto de 2021, pero su visita se registró como particular. Esta actividad delictiva contó con el apoyo del recurrente Walter Edison Ayala Gonzales, en su condición de ministro de Defensa. La finalidad de las mismas fue obtener beneficios económicos indebidos a cambio de irregulares ascensos”, se lee en el documento judicial.

La investigación preliminar del Caso Ascensos inició el 10 de noviembre del 2021, por disposición de la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

El entonces ministro de Defensa y Bruno Pacheco fueron los primeros indagados. Aquella vez, se impuso un plazo de 60 días para las diligencias. El 2 de enero, se incluyó a Pedro Castillo como investigado (si bien el extremo de su investigación quedó suspendido) y el 25 de enero se ampliaron las diligencias por 60 días más. Pero antes de esa primera ampliación, advierte la Corte Suprema en su resolución, el plazo inicial de 60 días ya se había vencido, el 10 de enero del 2022.

Aun así, el 4 de febrero la fiscalía declaró como compleja la indagación y fijó un nuevo plazo de ocho meses. Finalmente, el 8 de julio del 2022, el caso se amplió para incluir el delito de organización criminal y se adecuó el plazo de la investigación preliminar a los 36 meses previsto para ese tipo de indagaciones. Con ello, el plazo de la investigación preliminar de este caso iba a vencer recién el 10 de noviembre del 2024. Ese era el plazo vigente hasta esta decisión de la Corte Suprema.

“La primera ampliación se produjo cuando ya había vencido el plazo de sesenta días [...] Por consiguiente, ya no era posible la prórroga del periodo de las diligencias preliminares. Vencido el plazo, la prórroga carece de cobertura legal. Es cierto que toda investigación tiene un carácter progresivo –que responde a la propia evolución de toda averiguación–, pero las disposiciones y providencias (de prórroga o de ampliación de cargos, según los casos) deben emitirse dentro del plazo legalmente previsto [...] y su apreciación debe realizarse conforme al tiempo fijado en la primera disposición”, resolvió la Corte Suprema.

Pese a ello, no le dieron la razón a Walter Ayala en su pretensión que se anule todo lo investigado desde ese vencimiento de la investigación en enero del 2022.

“La vulneración del plazo no genera nulidad de los actos [...] su inobservancia sólo acarrea responsabilidad disciplinaria [de parte del Ministerio Público]”, consideró la sala. “No cabe sino aceptar parcialmente la pretensión del investigado. Solo corresponde poner fin a las diligencias preliminares, sin que ello entrañe la nulidad de los actos de investigación y demás diligencias ya realizadas”, concluye.