Antes de dejar el cargo de procurador, Javier Pacheco ordenó eliminar información de computadora clave, según reporte policial

Como procurador general, Javier Pacheco era la cabeza de la institución y ejerció la defensa del Estado en casos que involucran a la presidenta Dina Boluarte, a ministros, congresistas, fiscales supremos, jueces supremos y otros altos funcionarios con antejuicio (inmunidad). Como tal, podía promover denuncias contra ellos, representar a la parte agraviada en sus casos y tener acceso a las carpetas fiscales. Lo hizo entre diciembre del 2023 y mayo pasado, cuando el Poder Judicial ordenó reponer a María Caruajulca en ese caso.

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La transición entre Javier Pacheco y María Caruajulca fue accidentada. El gobierno de Dina Boluarte tardó casi dos semanas en acatar la orden de restitución, plazo en el que cuestionó la disposición y presentó distintos recursos ante el Poder Judicial, los cuales fueron rechazados. En uno de esos días, María Caruajulca incluso fue al local de la PGE para intentar asumir el cargo, pero no se le permitió el ingreso. Finalmente, el 23 de mayo, Pacheco renunció.

La procuradura retornó a la sede de la PGE el viernes 24 de mayo, ya con la resolución de restitución publicada por el Ejecutivo en el diario oficial El Peruano. Pero cuando llegó a su oficina, según se reseña en el documento policial al que accedió El Comercio, encontró que su computadora había sido formateada.

El acta da cuenta de que María Caruajulca ingresó a la oficina alrededor de las 9:30 a.m. Horas después, solicitó que se habiliten sus credenciales para usar la computadora de su despacho, pero una asistente técnica encontró que la máquina “había sido formateada”. La procuradura, continúa el acta policial, llamó al técnico que ejecutó el formateo.

Este informó que ese mismo día, a las 8:18 a.m., ingresó a la oficina de la PGE, donde el saliente procurador Javier Pacheco le “ordenó que eliminara y formateara el equipo de cómputo antes indicado, diligencia que realizó tardando un aprox. de 25 minutos, para luego el exprocurador verificar que la computadora había sido formateada correctamente, el mismo que se retiró de la oficina”.

Ante lo ocurrido, la procuradora solicitó que un policía de la comisaría de San Isidro vaya a su despacho para reportar los hechos y dejar un acta policial. En la diligencia también estuvieron los otros dos técnicos. Caruajulca manifestó a la policía que “no se puede borrar la información de dicha computadora, toda vez que es información generada y de propiedad de la Procuraduría General del Estado, a fin de comunicar al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes”.

Fuentes ligadas al sector Justicia calificaron el formateo de la computadora como “irregular”, por tratarse de un recurso de la institución y no de la persona. Más aún, cuando se habría ordenado cuando Pacheco ya había renunciado al cargo de PGE y Caruajulca estaba por tomar posesión del cargo. También comentaron que es un acto afecta la continuidad de las labores que debería existir entre un funcionario saliente y su sucesor: “el perjudicado termina siendo el Estado”.

El registro de visitas oficial muestra que mientras se ejecutaba el formateo de la computadora, de acuerdo con lo denunciado, María Caruajulca se encontraba en el Ministerio de Justicia en una “reunión de trabajo” registrada a nombre del secretario general del sector. Luego de ese encuentro, la abogada se dirigió la sede de la PGE para tomar su cargo.

El Comercio buscó los descargos de Javier Pacheco a través de personas allegadas, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. También se enviaron mensajes a su cuenta de Facebook, con el mismo resultado. El número de teléfono que usaba como procurador ya no está activo.

La mañana del viernes, la procuradora declaró a la prensa y confirmó lo revelado por El Comercio:

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Por otro lado, Javier Pacheco busca volver a la PGE. El abogado solicitó volver a ser incluido en el concurso para ser nombrado procurador anticorrupción nacional, uno de los cargos más importantes de la institución: tiene incidencia en investigaciones de fiscalías anticorrupción provinciales, superiores y algunas supremas, así como en casos emblemáticos, como los de la trama Cuellos Blancos del Puerto y los del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

El Comercio tuvo acceso a una carta enviada por Javier Pacheco al Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado (PGE). En ella, solicita que le incluya para “participar en el proceso de selección para la elección del Procurador Público especializado en Delitos de Corrupción”.

“Me encuentro habilitado en el Registro Único de Aspirantes a Procurador Público con un puntaje de 57 puntos. Cabe señalar que, en su oportunidad, procedí a solicitar mi abstención de participar en el referido proceso, debido a que ocupaba el cargo de Procurador General del Estado, sin embargo el día de hoy ya no existe esa situación, debido a que el pasado 23 de mayo renuncié a dicho cargo”, dice en el documento.

Ese concurso para el cargo de procurador general actualmente está en etapa de entrevistas personales, a la que llegaron seis aspirantes. Según el reglamento de la PGE para concursos de este tipo, la entrevista es la etapa final del proceso antes de que el Consejo Directivo asigne los puntajes finales. También se establece que las etapas son preclusivas: es decir, no se puede “retrotraer el proceso” a una fase que ya se superó o “efectuar actos propios de la misma”.

Las entrevistas estaban programadas para el pasado miércoles 22 de mayo, fecha previa a la renuncia de Javier Pacheco como procurador general. Sin embargo, ese mismo día se suspendieron y están a la espera de su reprogramación. De acuerdo con fuentes de El Comercio, la solicitud de Javier Pacheco para ser incluido nuevamente en el concurso está actualmente siendo evaluada por la Oficina Jurídica de la PGE.

El cargo al que aspira Pacheco no es nuevo para él. Lo ocupó de forma interina desde fines del 2020, tras la renuncia de Amado Enco, hasta diciembre del 2023, cuando el gobierno de Dina Boluarte le encargó el puesto de procurador general del Estado (PGE). En mayo del 2024, se le nombró oficialmente en ese cargo, luego de la destitución de Daniel Soria.

Sin embargo, ese mismo mes, el Poder Judicial ordenó la restitución de María Caruajulca en el cargo de procuradora general, como un medida cautelar en un proceso de amparo por presuntas irregularidades en su destitución en octubre del 2022. Días después, y a pesar de intentos del Ejecutivo para no ejecutar la medida, Pacheco renunció y quedó fuera del PGE.

De acuerdo con distintas fuentes de este Diario, Javier Pacheco es una figura controversial dentro de la procuraduría. Las fuentes señalaron que tuvo cercanía a Aníbal Torres durante el gobierno de Pedro Castillo y que luego se hizo cercano al gobierno de Dina Boluarte.

Además, en abril del 2023, el Ministerio Público le abrió una indagación preliminar por una presunta negociación incompatible (corrupción). Esto luego de que el dominical Panorama denunció que su pareja había sido contratada en la Procuraduría Anticorrupción, que estaba a su cargo. El abogado niega esa acusación. El Comercio conoció que el caso está actualmente en una etapa clave: la fiscalía debe decidir si formaliza la investigación o si la archiva.

Pese a ello, el gobierno de Dina Boluarte le encargó la PGE. Una vez allí, una de sus primeras acciones fue eliminar la Unidad de Defensa Jurídica contra Altos Funcionarios. Su decisión fue criticada, pero él la justificó alegando una supuesta “indebida contratación” de 18 funcionarios. El ministro de Justicia también lo defendió.

Luego de renunciar a la procuraduría, Javier Pacheco anunció que no iba a recurrir al Poder Judicial para volver al cargo de procurador general. Sobre María Caruajulca, afirmó que en su paso previo como procuradora general (de febrero a octubre del 2022), no se vio “nada relevante”.

Durante su primera gestión, María Caruajulca fue cuestionada respecto a su actuación en los casos del entonces presidente Pedro Castillo y por un interrogatorio en el que no hizo preguntas. Desde su retorno al cargo, participó en el interrogatorio a a Dina Boluarte en su investigación por la desactivación del equipo especial de apoyo al Eficcop y según el abogado de la mandataria, hizo una pregunta. Más recientemente, presentó un recurso para que la fiscalía reabra la investigación a Martín Vizcarra por el caso de la compra de pruebas rápidas.