Susana Villarán: ¿de qué se le acusa a Leo Pinheiro, de OAS, y por qué no prosperó su colaboración eficaz?

Las versiones recogidas por El Comercio respecto a los motivos detrás de este rechazo apuntan a que el acuerdo de colaboración eficaz se entrampó principalmente por un tema: si el empresario brasileño debía pagar una reparación civil al Estado peruano por los hechos ilícitos que reconoció.

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De acuerdo con el Ministerio Público, el acuerdo de colaboración eficaz no se pudo cerrar principalmente porque el empresario brasileño no accedió a pagar una colaboración eficaz en el Perú, alegando que ya lo había hecho en Brasil. Toda colaboración eficaz, indicaron, implica aceptar que se cometieron delitos y acordar el pago de una reparación civil al Estado. Sin esto último, un juez no puede aprobar el acuerdo de colaboración.

El abogado del empresario dijo a El Comercio que “es verdad que la defensa de Leo Pinheiro solicitó que se cierre el acuerdo sin necesidad de un acuerdo de reparación civil con el estado”, pero que esto fue en virtud de un documento firmado con la fiscalía y la procuraduría peruana en el 2019. Según dijo, allí se “comprometían a no reclamar reparación civil” para su defendido y fue a partir de ello que este se sometió a la cooperación internacional y la colaboración eficaz.

Más allá del caso de Leo Pinheiro, el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, dijo a este Diario que el archivo de esta colaboración no afectará la acusación contra Susana Villarán ni implica que esta se caiga. Por el contrario, indicó que hay cinco directivos de OAS que sí tienen colaboraciones eficaces aprobadas y que declararán como testigos en el juicio , entre otras pruebas suficientes para probar su culpabilidad.

Por su parte, la defensa atribuyó a la fiscalía y la procuraduría un intento de “ocultar la verdad”. Agregó que, si bien no hay un método establecido para apelar el rechazo de una colaboración eficaz, estaban “evaluando las acciones a nivel nacional e internacional” porque la voluntad de su cliente “es que sepa la verdad”.

Sobre esto, el fiscal Rafael Vela dijo que “de ser el caso, habría que hacer un análisis preciso de lo que pudieran ser los los argumentos de una posible impugnación y se resolverá conforme a ellos”. “Todavía queda seguramente la expectativa en la defensa y nosotros estaremos atentos a todo lo que pueda suceder, para garantizar siempre el debido proceso”, dijo.

Leo Pinheiro es el único acusado extranjero de este caso. Está incluido en el proceso en su calidad de presidente de OAS, una de las constructoras brasileñas que aportaron a las campañas de Susana Villarán. Según la acusación fiscal, fueron US$ 7 millones de esta empresa: US$ 3 millones para la campaña contra la revocatoria y US$ 4 millones para la de su reelección.

El empresario brasileño reconoció su culpa y se acogió a un procedimiento de colaboración eficaz con la fiscalía peruana dentro del cual, según ha confirmado su defensa, admitió que “autorizó” el pago ilícito de US$ 7 millones para las campañas de Susana Villarán. Antes, hizo lo mismo con la justicia brasileña y estuvo en prisión por los casos ligados al Lava Jato en ese país: entre los funcionarios que delató estuvo Lula da Silva, actual presidente brasileño.

El rol de Leo Pinheiro en OAS era similar al de Marcelo Odebrecht en Odebrecht: eran los máximos jefes de las empresas, pero tenían representantes en Perú que tenían un rol de mayor ejecución respecto a las entregas de dinero. En el caso de Odebrecht, el máximo representante en Perú era Jorge Barata; en el de OAS, eran directivos que, según la fiscalía, sí son colaboradores y sí declararán en el juicio.

La colaboración eficaz de Leo Pinheiro se tramitó desde el 2019, de forma independiente a su proceso judicial y su investigación por el caso de Susana Villarán. Dentro de este, el empresario brasileño continuó como imputado: en el 2022 fue uno de los acusados junto a la alcaldesa y este año, se ordenó que vaya a juicio por esos hechos.

La fiscalía lo acusa por el delito de colusión agravada y, alternativamente, por colusión simple y cohecho activo. Según consta en el auto de enjuiciamiento del caso, la imputación es que concertó con funcionarios de la Municipalidad de Lima para “asegurar la aprobación de la adenda N° 1″ del contrato de del proyecto Línea Amarilla, teniendo como “incentivo que la empresa OAS entregara activos ilícitos a favor de la organización criminal liderada por Susana Villarán de la Puente, en el año 2013″.

Concretamente, se le atribuye haber autorizado que OAS entregue los US$ 3 millones de dólares solicitados por José Miguel Castro, exgerente municipal de Susana Villarán, a Valfredo de Assis (jefe de OAS en Perú). Esto con la “finalidad de obtener celeridad en la firma de la Adenda Nº01 del Proyecto Línea Amarilla”

La acusación también sostiene que, en el 2014, José Miguel Castro Gutiérrez solicitó directamente a Leo Pinheiro US$ 4 millones para la campaña de reelección de Susana Villarán, con la consecuencia de que los funcionarios de la municipalidad “favorezcan a la empresa concesionaria” en negociaciones vinculadas a la ejecución de la Línea Amarilla mediante una modalidad conocida como “trato directo”.

Mientras el proceso judicial avanzaba, en paralelo, Leo Pinheiro buscaba cerrar la colaboración con la fiscalía peruana. Su defensa sostuvo incluso que en el 2023, sus declaraciones en esa condición se consideraron corroboradas. La carpeta de colaboración estuvo a cargo del fiscal Walter Villanueva, del equipo especial Lava Jato.

Sin embargo, la fiscalía notificó poco antes del inicio del juzgamiento la decisión de archivar el proceso de colaboración eficaz. El día de la instalación del juicio, Leo Pinheiro no se presentó, indicando mediante su abogado en Perú que no había sido debidamente notificado.

Ese día, el fiscal José Domingo Pérez pidió que se le declare reo contumaz y se ordene su captura a nivel internacional. No obstante, el juzgado optó por agotar primero los esfuerzos para notificarlo debidamente sobre el inicio del juicio. Hasta entonces, se decidió no instalar el juicio solo en lo referido a él.

¿Por qué no prosperó la colaboración eficaz de Leo Pinheiro? El fiscal superior Rafael Vela declaró a El Comercio que, según le informó el fiscal provincial a cargo de la colaboración, se debió principalmente a que no se pudo llegar a un acuerdo sobre el pago de la reparación civil.

“Cuando uno presenta un acuerdo de colaboración eficaz, tiene que estar plenamente corroborado los hechos por los que se está declarando culpable, pero también tiene que, necesariamente, concurrir el resarcimiento económico correspondiente, que es una negociación que se realiza con la procuraduría”, dijo el fiscal

Añadió que la defensa del empresario pidió que su colaboración con la justicia peruana se “adhiera” o se “homologue” con la de la justicia brasileña, lo que “para el Ministerio Público no era posible”. “En todo momento se le dijo que él tenía, necesariamente, que declararse culpable, de manera total o parcial, por los hechos que se le imputaban, si es que pretendía acceder a este proceso especial, dentro del cual recibe beneficios premiales”, dijo.

“A partir de esa circunstancia sobreviene también la imposibilidad de continuar con el proceso porque no llegó a un acuerdo económico con la procuraduría pública. Esto ya lo puedo comentar libremente porque, además, creo que es un hechos notorios y públicos. La procuraduría lo ha manifestado: no hubo un entendimiento económico porque el señor la defensa del señor Pinheiro no estaba dispuesta a pagar nada por la reparación civil, es decir, ni un sol por la reparación civil”.

La fiscalía consideró que “no era razonable presentar un acuerdo en el que habían dificultades tanto para la asunción de culpabilidad por los hechos imputados al señor Piheiro, sino también por el no pago de la reparación civil”. “Por eso es que se decide archivar, considerando también que el Ministerio Público tiene prueba sólida que presentará en el juicio oral sólida, suficiente como para solventar sus pretensiones acusatorias”, sostuvo.

Entre esas pruebas están los testimonios de los otros directivos de OAS, quienes "solventan todo el proceso ejecutivo de los actos delictivos en el Perú“. ”Esos ejecutivos son prueba de cargo que fue presentada por la fiscalía. Van a dar los testimonios correspondientes de cómo se realizaron los pagos, cuáles fueron las justificaciones y todo lo concerniente a los detalles propios del caso que se imputa a la señora Susana Villarán y a otras personas", dijo.

Silvana Carrión, exprocuradora del Caso Lava Jato, dio una explicación similar el último martes en una entrevista con RPP. En declaraciones adicionales para El Comercio, la abogada precisó que Pinheiro “tenía que reconocer los cargos que se le imputaban en el Perú y, hasta donde entiendo, esa parte penal no la llegó a concluir, no la quería reconocer. En el caso de la procuraduría, cuando la fiscalía comunica que se podía ingresar para negociar la recuperación civil, su abogado nunca asistió a las reuniones”, dijo.

“Lo único que indicó a la fiscalía es que no iba a llegar a un acuerdo de reparación civil porque, para él, el tema civil ya estaba ya en su acuerdo en Brasil y los hechos de Perú tenían vinculación con Brasil (...) Su posición era que no iba a llegar un acuerdo de reparación porque no iba a pagar reparación. Entonces no hubo ningún acta, ningún acuerdo que presentar al juez, porque la norma dice que el acta debe tener la parte penal y el monto de reparación. Sin esos componentes, un juez no acepta el acuerdo”, agregó.

La abogada remarcó que “sin pago, sin monto de reparación civil no puede haber acuerdo, porque la norma lo exige. La norma penal peruana lo exige”.

En respuesta, Fernando Silva, abogado de Leo Pinheiro en el Perú, sostuvo que “tanto la fiscalía como la procuraduría son conocedores de la validez y la obligatoriedad de los acuerdos que tienen con diferentes estados dentro de la cooperación internacional. Ellos la han usado para obtener elementos de prueba y para obtener declaraciones que puedan servir a sus intereses. Sin embargo, cuando esos intereses le son adversos o no van con la ideología que manejan, allí no respetan los acuerdos internacionales”, alegó.

A partir de ello, indicó que “es verdad que la defensa de Leo Pinheiro solicitó que se cierre el acuerdo sin necesidad de un acuerdo de reparación civil con el estado, pero la exprocuradora Carrión nunca dijo por qué. La respuesta es porque la procuraduría y la fiscalía firmaron un acuerdo en el que se comprometían a no reclamar reparación civil para el señor Leo Pinheiro”.

Según dijo, fue a partir de la firma de ese documento que su defendido procedió a “realizar la cooperación internacional y la colaboración eficaz”. “Y es por el incumplimiento que tiene la fiscalía y la procuraduría con varios otros acuerdos internacionales que Brasil ha suspendido la cooperación internacional”, agregó. “Ellos saben que por su culpa, la cooperación internacional se ha suspendido”, agregó.

“No es que no queríamos pagar la reparación civil, lo que estamos señalando es que hay un acuerdo del Estado peruano con el Estado brasileño, de que no se le va a demandar civilmente nada al señor Pinheiro si es que continuaba con la adhesión solicitada de la colaboración eficaz. Eso es lo que hemos dicho. Si no se cumplen los acuerdos, ¿cómo continuamos? Pese a ello, el señor Pinheiro estaba dispuesto a continuar, pero el señor Pérez y sus fiscales adjuntos decidieron que no“, concluyó.