La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó ampliar las reglas de conducta impuestas a la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, procesada -bajo comparecencia con restricciones- por su papel en el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo en diciembre del 2022.
La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó ampliar las reglas de conducta impuestas a la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, procesada -bajo comparecencia con restricciones- por su papel en el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo en diciembre del 2022.
Según el documento al que El Comercio tuvo acceso, el Ministerio Público pide que el Poder Judicial le prohíba concurrir a embajadas, comunicarse con diplomáticos, funcionarios o políticos de cualquier otro país y que abone una caución de 20 mil soles.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de Juan Carlos Checkley, evaluará el pedido en audiencia pública convocada para este 26 de setiembre a las 10 de la mañana.
Las reglas de conducta solicitadas por la fiscalía son:
La obligación de no concurrir a ninguna de las embajadas ubicadas en la localidad de Lima, a un radio alrededor de 500 metros.
La prohibición de comunicarse con embajadores, ministros, presidentes o cualquier político de un país extranjero; así como de comunicarse con sus coimputados y testigos del presente caso.
Una caución económica de S/20 mil.
El 3 de setiembre, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria le impuso: “la obligación de no ausentarse de Lima sin autorización” judicial; comparecer para el control biométrico cada 7 días; y “presentarse a la autoridad judicial o fiscal, en la hora y fecha, que sea requerida para cualquier actuación del proceso”.
En sus redes sociales Raúl Noblecilla, abogado de Chávez, cuestionó el pedido de la fiscalía.
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En tanto, el tribunal autorizó a Betssy Chávez a viajar a la ciudad de Tacna desde el 28 de septiembre hasta el 5 de octubre.
La exministra debe retornar a Lima “al término señalado y dar cuenta (al PJ), bajo apercibimiento de informarse al representante del Ministerio Público, para los fines correspondientes, en caso de incumplimiento”.
