Villa Stein no podría ser llevado por la fuerza al Congreso
Villa Stein no podría ser llevado por la fuerza al Congreso
Redacción EC
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Al no existir una norma legal o justificación que ampare la petición interpuesta por la comisión parlamentaria que investiga las irregularidades en la región Áncash, el no daría lugar a la solicitud que reclama que el magistrado sea llevado a declarar de grado o fuerza al Congreso.

¿Cuáles serían los motivos? Pues que una citación de grado o fuerza implica la privación de la libertad de la persona. Al tratarse de un juez supremo, como Javier Villa Stein, con tratos y protecciones especiales parecidas a las de un congresista, el pedido hecho por la comisión que encabeza el parlamentario no tendría asidero.

En línea con lo expuesto, fuentes del Poder Judicial mencionaron a "La República" que "la citación de grado o fuerza es un imposible jurídico, no existe una procedimiento o una norma legal que diga cómo citar a declarar como testigo a un magistrado de la Corte Suprema, sobre todo si se quiere hacer con ayuda de la policía".

De acuerdo a esa información, una persona que ostenta el cargo de Javier Villa Stein solo podría ser detenida por mandato judicial o por flagrante delito, después de antejuicio por la comisión de un acto ilícito.

A partir de esto, la Comisión Áncash tendría que presentar un proceso ante la Vocalía Suprema de Instrucción, que se encarga de los procesos contra magistrados, jueces o fiscales supremos.

En el caso de que dicho departamento acoja y dé luz verde a la petición, esta tendría que ser llevada una vez más a la presidencia del Congreso, para el desafuero correspondiente. El conflicto surge en dicha instancia, puesto que al no existir delito no habría nada qué denunciar y todo se archiva.

NEGATIVAS
Existe el acuerdo en la Sala Plena de la Corte Suprema de rechazar cualquier citación individual a magistrados.

Asimismo, los jueces supremos han declarado en reiteradas ocasiones que ya se dijo todo en referencia al convenio firmado por parte del Poder Judicial y el Gobierno Regional de Áncash para implementar la corte de esa región por un insuficiente presupuesto institucional. 

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