"El tema [de la pena de muerte] es un cambio normativo que pasa por el Congreso de la República", agregó el mandatario.
"El tema [de la pena de muerte] es un cambio normativo que pasa por el Congreso de la República", agregó el mandatario.
Redacción EC

El presidente aseguró que la pena de muerte para quienes incurran en delitos contra la mujeres, como feminicidas y violadores, se debe “evaluar”, a fin de determinar si es una medida disuasiva.

Añadió que un posible cambio de norma depende del , por lo que destacó la reunión que sostendrá este lunes con cuatro agrupaciones que integran la lista multipartidaria a la Mesa Directiva: Somos Perú, Acción Popular, Podemos Perú y Alianza para el Progreso.

Al ser consultado por la prensa si la pena de muerte para violadores podría ser disuasiva, respondió: "Hay que evaluarlo. El tema es un cambio normativo que pasa por el Congreso de la República, en consecuencia, estamos próximos a tener una nueva representación. El lunes vamos a tener una reunión con congresistas de cuatro bancadas, vamos a analizar, pero en este día una medida no soluciona el problema”.

Vizcarra añadió que se deben analizar “todas las opciones” para determinar cuáles podrían ser las sanciones realmente efectivas a fin de disminuir la violencia contra la mujer.

“No quiero adelantar ahora [...] opinión. Hay que analizar todas las opciones y veremos lo que realmente sea efectivo, pero sí que tenemos que redoblar esfuerzos, lo hacemos y tenemos que redoblar como gobierno”, aseguró.

El mandatario resaltó que -hasta el momento- se cuenta con 369 Centros de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional y precisó que, de no ser suficientes, se implementarán más.

Además, refirió que se ha asignado mayor presupuesto a este rubro este año, pero que ninguna medida será suficiente mientras no haya “un cambio de mentalidad”.

“Le hemos asignado mucho mayor presupuesto este 2020, ¿es insuficiente? Daremos más, pero estas medidas tienen que ir acompañadas con un cambio de mentalidad, por más ley, por más presupuesto, si no hay un cambio de mentalidad de toda la sociedad, definitivamente va a ser difícil”, dijo.

-"No es disuasivo"-

Al respecto, el congresista electo por el Partido Morado Alberto de Belaunde advirtió que una medida de este tipo “no es disuasiva” e incumpliría con los compromisos asumidos por el Perú en diferentes tratados internacionales.

Además, calificó como un “peligroso juego político” la posición del mandatario de evaluar la pena de muerte para agresores de las mujeres.

“1. No es disuasiva. 2. ¿Tanto confían en nuestro Poder Judicial que quieren darle esta atribución? 3. Incumpliríamos compromiso internacional de DD.HH. 4. Va en contra de la tendencia internacional, debilitando imagen del país. El debate no es nuevo. Peligroso juego político del presidente”, escribió en Twitter.


En 1978, el Perú ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José. Esta prohíbe expresamente que los países extiendan la pena de muerte a delitos que no estuvieran contemplados previamente en su legislación interna.

La Constitución de 1979, posterior a la fecha de ratificación de la convención, recogió la aplicación de la pena de muerte solo para casos de traición a la patria en caso de guerra exterior.

La Constitución vigente prohíbe la pena de muerte al incorporar los tratados internacionales de derechos humanos firmados por el Perú, incluyendo el Pacto de San José.

Si se discutiera un proyecto de ley en el Congreso a favor de la pena de muerte, se requeriría en el pleno los votos de dos tercios del total de congresistas en dos legislaturas consecutivas por tratarse de una modificación constitucional. Luego se requeriría la salida del Perú del Pacto de San José.

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