Pedro Castillo acude a la OEA e intenta deslegitimar investigaciones en su contra

Alegando un “abuso de control político” de parte del Congreso y que órganos constitucionales autónomos como el Ministerio Público promueven “la ruptura de la institucionalidad democrática” y “una nueva modalidad de golpe de Estado”, el presidente Pedro Castillo solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) la activación de la Carta Democrática Interamericana. Este es un instrumento que data del 2001 y que busca preservar los principios de la democracia representativa en los países y denunciar la alteración o quebrantamiento del orden democrático.

Castillo dirigió un oficio a Luis Almagro, secretario general de la OEA, el 12 de octubre. Este último, seis días después, pidió la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo –representantes de los 35 Estados miembros– para que analice la situación y “disponga visitas y otras gestiones” necesarias. Así, dicha instancia se reunirá desde la 1:30 p.m. de este jueves.

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El llamado, sin embargo, se conoció un día después de que Castillo atacara a la prensa por informar sobre las investigaciones que realiza la fiscalía contra él y su entorno por presunta corrupción. Asimismo, en medio de más indicios que lo vinculan a actos ilícitos y de un nuevo intento del Parlamento por vacarlo.

En su oficio, el mandatario recurre a los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática –que según expertos consultados– se abocan a atender riesgos a procesos democráticos o prevenir la afectación de los mismos, permitiendo la asistencia de una misión de la OEA que deberá informar la situación al Consejo Permanente. Pero no apela al artículo 20; es decir, pese a sus argumentos, no habla de un escenario en el Perú en que “se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.

Así, entre otros aspectos, Castillo cuestiona la denuncia constitucional interpuesta en su contra por la Fiscalía de la Nación y acusa una “motivación política”, pese a los graves indicios en su contra y hechos que lo involucran. También critica las mociones de vacancia del Congreso, las negativas de este para que viaje al exterior e insiste en el discurso referido a que no se reconoce su legítima victoria electoral, aunque se archivaron más de una decena de denuncias del partido Fuerza Popular sobre un presunto fraude en los comicios del 2021.

Sin efecto en procesos

El exministro de Justicia y exembajador del Perú ante la OEA Juan Jiménez, el exembajador en Estados Unidos Carlos Pareja; y el internacionalista Francisco Belaunde explicaron a El Comercio que, de la reunión de hoy, el Consejo Permanente tiene como opciones –de aprobarse por mayoría– solicitar al secretario general información sobre el Perú o acordar el envío de una misión que se reúna con distintos actores y, posterior y finalmente, emitir un pronunciamiento sobre la democracia, pero no necesariamente de respaldo al gobierno.

Jiménez Mayor sostuvo que la medida busca deslegitimar las investigaciones contra Castillo, pues “la nota diplomática ataca a la fiscal directamente, como si fuera operadora política de la oposición. La acción ha sido respaldada por la Junta de Fiscales Supremos”.

“Esto no va a detener las investigaciones, porque no están siguiendo un patrón político, sino una estrategia de investigación criminal que sostiene el Ministerio Público. Nadie puede interferir en una investigación del Ministerio Público, ni la OEA va a poder detener una investigación contra el presidente Castillo o quien sea”, subrayó.

Para Pareja, la medida responde a una “extrema ansiedad” del gobierno ante la denuncia de la fiscalía ante el Congreso, lo que ha derivado en una “estrategia política”. “Todo va a seguir su curso, quizá acelere un poco más la acción del Congreso”, apuntó sobre las pesquisas contra el mandatario.

En la misma línea, Belaunde refirió que, más allá de apoyo político internacional, Castillo no podría conseguir más respecto de frenar las investigaciones en su contra. “Eso no lo va a salvar de las investigaciones, van a seguir. Los fiscales seguirán investigando y el Congreso seguirá con sus procedimientos. Él está pensando que eventualmente se le pueda acusar constitucionalmente, pero eso ni si quiera implica una destitución inmediata, hay todo un procedimiento, está tratando de permanecer en el Poder, pero ahí la OEA es poco lo que puede hacer”, añadió.

Más cuestionamientos

En esa línea, Jiménez afirmó que el presidente está tratando de “sorprender” a la comunidad internacional. “Aquí no se ha decidido nada, se está deliberando sobre la situación crítica de un presidente que habría cometido delitos no porque lo ha dicho la oposición, sino el Ministerio Público [...] En este momento, no hay ningún hecho concreto que determine que hay una alteración del orden constitucional o que esté en peligro”, dijo.

Jiménez también pidió prudencia porque la imagen del Perú está por encima: “Invocaría a los políticos peruanos a que no enciendan la hoguera. Es un error del gobierno, pero también sería un error de la oposición ponerse de antagonistas ante la OEA, porque eso va a ser contraproducente para la posición democrática del Perú”.

A juicio de Pareja, Castillo busca llamar la atención de las naciones del continente e intenta –en una “acción política” – aglutinar a favor de su gobierno posiciones de otros países. “Lo que debería hacer el gobierno es aclarar todas las imputaciones, pero no invocar a la OEA. Pero es el camino que han escogido”, expresó.

La misma opinión tuvo Belaunde, quien consideró que Castillo busca ser visto a nivel internacional como alguien “acosado por la oposición”. “Va a ser complicado que haya un apoyo de la OEA al presidente”, sentenció.

Antecedentes

A los expertos también les llamó la atención la oportunidad de la solicitud de Castillo en base a los antecedentes en los que se activó la Carta Democrática en otros países, entre los que se encuentran hechos concretos relacionados a golpes de Estado.

Por ejemplo, el caso más crítico ocurrió el 2009 en Honduras, cuando la OEA suspendió a este país miembro luego de la ejecución concreta de un golpe de Estado al entonces presidente Manuel Zelaya, que implicó un pedido para que los otros Estados miembros revisen sus relaciones con dicha nación.

En el 2002, en Venezuela, un grupo de militares dio un golpe de Estado al entonces mandatario Hugo Chávez y, con intermediación de la OEA, volvió luego a su cargo.

En el caso del Perú, la OEA activó su carta democrática en el 2004 y expresó su respaldo al gobierno de Alejandro Toledo y exhortó al Gobierno, los partidos y la sociedad civil lograr consensos nacionales para la estabilidad democrática. Ello ante cuestionamientos a la gestión y la crisis social heredada del régimen de Alberto Fujimori.

En diciembre del 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski pidió la activación de la Carta Democrática bajo los mismos artículos citados por Pedro Castillo, ello en medio del primer proceso de vacancia que finalmente superó para renunciar en marzo del 2018 ante un segundo intento del Congreso. La OEA, por entonces, envió una misión diplomática.

Mensaje a la nación

Minutos después de las 9 p.m. de este miércoles, el presidente Pedro Castillo dio un mensaje a la nación acompañado de miembros de su Gabinete, salvo la ministra de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta Dina Boluarte, quien se encontraba en Arequipa. Ello a propósito de su decisión sobre la Carta Democrática y acorralado por la detención de sus más cercanos colaboradores implicados en el Caso Gabinete en la sombra.

Pero de los 16 minutos del mensaje, el jefe de Estado usó solo poco más de uno y medio para referirse a la Carta Democrática Interamericana. Dicha medida, explicó, busca “iniciar un proceso de consulta con todas las fuerzas políticas, los poderes del Estado y las fuerzas sociales para encontrar, con los buenos oficios de la comunidad internacional, un camino que impida una grave alteración del orden democrático en el Perú y un consenso básico para combatir drásticamente la corrupción, con separación e independencia de poderes”.

La mayor cantidad del tiempo del mensaje fue usada por Castillo Terrones para un repetitivo discurso de victimización en donde, nuevamente, acusó un supuesto complot en su contra, atacó a la prensa y respondió generalidades sobre las serias imputaciones en su contra.