El método de elección de miembros del TC en la cancha del nuevo Congreso | ANÁLISIS

Precisamente, fue la negativa del Congreso a detener un proceso de elección en curso lo que sirvió de justificación al gobierno de Martín Vizcarra para dar por denegada la cuestión de confianza y, por ende, disolver el Legislativo. Seis años antes, el escándalo de la ‘repartija’ había movilizado a la ciudadanía y generado que, en menos de 24 horas, 5 de los 6 vocales electos declinaran el cargo.

Lo cierto es que la crítica a los procesos de elección de los tribunos del TC ha sido una constante desde que se instaló en 1996. Enrique Bernales, fallecido constitucionalista, dijo que el tribunal nació enfermo. Y es que, desde que fue creado en 1993 -en reemplazo del Tribunal de Garantías Constitucionales-, tuvo que pasar tres años para que entre en funcionamiento, precisamente, debido a la dificultad para elegir a sus magistrados.

En su libro “La Constitución de 1993, análisis comparado”, Bernales señala que el entrampamiento en la elección se dio “con sujeción a los intereses de la mayoría que en el período 1995-2000 controlaba el Parlamento”.

Desde entonces, el poder del veto que tienen las bancadas en el Congreso ha frustrado diversos intentos por nombrar a los magistrados, y los criterios políticos de la elección se han hecho visibles con las siempre presentes pugnas entre las fuerzas políticas durante los nombramientos.

La tarde del 27 de setiembre del 2019, un anuncio del presidente de la República cambiaría el curso de la historia. Mediante un mensaje a la nación, Martín Vizcarra advirtió que presentaría una cuestión de confianza al Congreso para cambiar el método de elección de los magistrados del TC.

Un día antes, la comisión de Constitución del Parlamento, presidida por Rosa Bartra, había decidido archivar el proyecto de adelanto de elecciones, bandera política de Vizcarra en la contienda de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Según el presidente, el mismo sector del Congreso que archivó su propuesta pretendía ahora “tomar el control del TC”.

“Los peruanos no debemos permitir la vuelta al pasado, a ese pasado vergonzoso donde las repartijas y los acuerdos bajo la mesa eran una práctica común para copar las instituciones, en desmedro de los intereses de las grandes mayorías”, dijo el mandatario ante la cámara.

El desenlace lo conocemos todos. Pese a la advertencia, el Parlamento siguió adelante con la elección –que ya estaba agendada para el 30 de setiembre- y eligió a Gonzalo Ortiz de Zevallos. Vizcarra interpretó que la confianza había sido denegada “fácticamente” y disolvió el Congreso de la República.

No es de extrañarse, así las cosas, que uno de los primeros temas a asomarse en el nuevo Parlamento sea, precisamente, la modificación de la elección de los máximos intérpretes de la Constitución.

El proyecto de ley Nº 4854, anunciado este martes por Rennán Espinoza, vocero de Somos Perú, propone que los integrantes del TC sean elegidos de manera parecida a la que se usó para nombrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esto implica que se conforme una comisión con un representante de cada bancada que establezca los criterios de evaluación, para luego proceder a un concurso para elegir a los vocales en base a los puntajes obtenidos. A diferencia del método actual, la comisión congresal no podría invitar a los candidatos.

“La gran diferencia es que el Congreso ha planteado que la comisión no tenga ninguna decisión de invitación, sino que lleva adelante un concurso. Es el Congreso el que tiene que elegir una comisión para que pueda llevar adelante el concurso no podemos como Congreso abdicar a una facultad que la constitución nos brinda”, dijo Espinoza.

Pero el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, no pareciera estar de acuerdo con la propuesta. A altas horas de la noche, durante el primer día de funcionamiento del Parlamento, el acciopopulista dijo que la elección de miembros del TC se haría bajo el mecanismo de invitación.

En este momento, seis de los siete los magistrados del TC tienen el mandato vencido. Estos son: Marianella Ledesma, Manuel Miranda, Eloy Espinosa-Saldaña, José Luis Sardón y Ernesto Blume. El único vocal con mandato vigente es Augusto Ferrero Costa.

La elección de magistrados: panorama actual

Actualmente, los miembros del TC son elegidos exclusivamente por el Congreso. En todo Latinoamérica, solo Perú y Venezuela concentran la elección de los magistrados de órgano constitucional en el Parlamento.

En Chile y Colombia, por ejemplo, el nombramiento está en manos del Congreso, el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema. En Bolivia, si bien la Asamblea Legislativa participa en la preselección, los candidatos son electos mediante voto ciudadano.

La ley orgánica del Tribunal Constitucional establece dos maneras para designar quiénes serán candidatos a magistrados: una por concurso y otra por invitación. En el primer caso, se forma una comisión para organizar el concurso y convocar a los postulantes. En el segundo, la comisión invita a los candidatos.

Cualquiera sea el mecanismo escogido, los postulantes son luego sometidos a votación en el Pleno del Congreso. Para ser electos, necesitan el voto favorable de los dos tercios de congresistas, es decir, 87. Si no se alcanzan los votos, se realiza una segunda votación.

Si concluidos los cómputos, no se logra cubrir las plazas vacantes, la comisión procede, en un plazo máximo de diez días a formular sucesivas propuestas, hasta que se realice la elección.

El método más comúnmente usado –y, también, el más controvertido- es el de invitación. Es en base a este que surgió la polémica “repartija”, luego de que se hicieran públicos tres audios que mostraban cómo las bancadas de Gana Perú, Perú Posible, Alianza por el Gran Cambio, Fuerza Popular y Frente Amplio-Acción Popular se habían repartido en cuotas las plazas vacantes tanto del TC como de la Defensoría del Pueblo y del Banco Central de Reserva.

Es la posibilidad e invitación, precisamente, lo que busca eliminar la propuesta de Somos Perú. Ello para evitar que la elección “se politice”, según Rennán Espinoza.

Otro embrollo que suele presentarse es el retraso de los nombramientos por el poder de veto. Dado que se requieren 87 votos para escoger a un magistrado, las fuerzas políticas pueden decidir, en bloque, no respaldar a un candidato en la votación en el Pleno, de modo que la elección se ve frustrada. De hecho, la última vez que el Congreso tuvo que renovar a los miembros del TC, tardó cinco años debido a los constantes vetos a candidatos, mayormente provenientes del partido aprista.

Un cambio que también pretende introducir la iniciativa es la publicidad de las sesiones de la comisión especial. Actualmente, la comisión se reúne en privado, lo que facilita que los reales criterios para proponer candidatos se mantengan en la sombra.

Y es que, al fin y al cabo, el TC tiene la última palabra en cuanto a la interpretación de la Constitución, lo que en la práctica se traduce en la resolución de casos polémicos y de alta relevancia política.

Solo por poner algunos ejemplos recientes, este órgano estuvo a cargo de decidir sobre la libertad de Keiko Fujimori, de Ollanta Humala y de Nadine Heredia, así como sobre la disolución del Congreso y el transfuguismo. No debería extrañar, entonces, que varias fuerzas políticas prefieran colocar a magistrados afines a sus intereses ideológicos y políticos. Ni, por ende, que las decisiones del máximo órgano constitucional no respondan siempre a criterios netamente jurídicos.

Una sospecha en este sentido nació el pasado setiembre, cuando la magistrada Marianella Ledesma –hoy presidenta del TC- afirmó que le ofrecieron mantenerse en el cargo si votaba a favor de la libertad de Keiko Fujimori”. Ledesma, sin embargo, nunca presentó pruebas de lo dicho ni formalizó denuncia alguna. Tampoco reveló quién, supuestamente, había realizado el chantaje.

Actualmente, en el Congreso existen 3 proyectos de ley que buscan modificar el método de elección del TC, presentados durante la legislatura pasada. En ninguno, sin embargo, se plantea quitarle al Congreso el monopolio en la selección de los tribunos.

Una de las propuestas corresponde al proyecto que presentó el Ejecutivo a en setiembre, sobre el cual se planteó la cuestión de confianza. Este proyecto guarda similitudes con el planteado por Somos Perú, como permitir que la comisión especial esté compuesta por un representante de cada bancada y hacer que las sesiones sean públicas.

A estas propuestas se sumará una del Partido Morado, según dijo su vocero, Francisco Sagasti, a El Comercio. El proyecto de ley, que sería presentado antes del fin de semana, propondrá un método “más abierto, riguroso y transparente”.

Sagasti explicó que, según la iniciativa de su grupo parlamentario, el proceso de selección contará con dos etapas: en una inicial, se verificará que los candidatos –se puede presentar cualquier ciudadano- cumplan con requisitos objetivos y se realizará una “evaluación exhaustiva” de los documentos presentados y la trayectoria de los postulantes. Luego, los candidatos que superen esta etapa deberán pasar por una entrevista con la comisión especial, que será filmada para fines de transparencia.

Por su parte, Rocío Silva Santisteban, del Frente Amplio, aseguró que el grupo parlamentario de izquierda abogará por un cambio en la metodología de elección de tribunos, de modo que esta ya no sea por invitación que “lamentablemente, por la experiencia de diversas repartijas, no funciona”.

Quien también se mostró a favor de dejar atrás el método de selección por invitación fue Daniel Urresti, vocero de Podemos Perú. Según explicó, su bancada está a favor de que los candidatos sean electos mediante un concurso público en orden de mérito, de modo que solo los que superen dicha etapa puedan someterse al voto del Pleno. "Podemos Perú apuesta por la meritocracia. Pero también estamos seguros de que el Congreso no debe abdicar de sus responsabilidades (...) Nada de invitaciones, nada de escoger a dedo a los miembros del Tribunal Constitucional”, aseguró.

Si se suman miembros de las bancadas que se mostraron a favor de modificar la elección por invitación (Somos Perú, Partido Morado, Frente Amplio y Podemos Perú), la propuesta tendría 60 votos, solo 6 menos de los necesarios para modificar una ley orgánica.

En diálogo con este Diario, Diethell Columbus, vocero de Fuerza Popular, señaló que la bancada naranja aún no ha sentado postura sobre si apoyará o no un cambio en el mecanismo de elección de magistrados, pero precisó que “en una coyuntura como la de hoy, nuestra preocupación es cómo sumamos a dar respuestas a las necesidades de la gente”.