La moneda boliviana habría perdido el 40% de su valor

Bolivia enfrenta una grave crisis económica. Varios años de mantener un tipo de cambio fijo y de subsidios a los combustibles han erosionado sus reservas internacionales y generado un fuerte desequilibrio fiscal.

Como resultado, su moneda se ha depreciado rápidamente, en un contexto de creciente descontento social.

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En el 2006, el Estado Boliviano adquirió el control absoluto sobre la producción y comercialización de los hidrocarburos. Esa reforma coincidió con un contexto internacional muy favorable para el país.

Entre el 2004 y el 2014 el precio promedio del gas exportado por Bolivia se multiplicó por cinco y la producción nacional se duplicó impulsada por contratos comerciales suscritos con Brasil y Argentina.

Producto del buen desempeño del sector hidrocarburos, Bolivia creció a un ritmo promedio de 5% entre el 2005 y el 2014, el tercero más alto de América Latina. Además, el aumento en la recaudación proveniente del gas y el mayor ingreso de divisas permitieron, en solo dos años, reducir la deuda pública a la mitad (de 82% del PBI en el 2005 a 40% en el 2007) y duplicar las reservas internacionales netas (de 18% a 39% del PBI).

Sin embargo, el período de bonanza terminó en el 2014. En los dos años siguientes los precios de exportación del gas se redujeron a menos de la mitad y, ante la ausencia de incentivos para la inversión en nuevos proyectos, la producción también empezó a descender. Así, hacia el 2024, esta se habría reducido en 52%, alcanzando niveles del 2004.

Como resultado de los menores ingresos por exportaciones, las finanzas públicas se deterioraron rápidamente. Así, Bolivia pasó de sostener un superávit promedio de 1,8% del PBI entre el 2006 y el 2013, a un déficit promedio de 6,8% entre el 2014 y el 2019. Para el 2022, la deuda pública en Bolivia (82%) ha retrocedido a niveles del 2005.

Además, al cierre del 2023, las reservas internacionales se han reducido a solo 3,8% del PBI, su nivel más bajo desde 1991. Como referencia, en esos mismos años, la deuda pública y las reservas internacionales del Perú ascendieron a 33% y 27% del PBI, respectivamente.

La situación actual de Bolivia responde a un manejo deficiente de su política económica. Los subsidios a los combustibles generan una presión importante sobre el equilibrio fiscal. Por ejemplo, según su Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, dicha subvención ascendería a US$4 mil millones en el 2024, más del doble que en el 2023 y cerca del 8% del presupuesto público.

Asimismo, los esfuerzos por mantener un tipo de cambio fijo por casi 15 años han erosionado las reservas internacionales y debilitado seriamente la moneda boliviana. Así, usando el tipo de cambio paralelo, se estima que esta habría perdido cerca del 40% de su valor desde el 2023.

La economía boliviana ya evidencia los efectos negativos de estas políticas. En abril, Moody’s rebajó su calificación de riesgo de Caa1 a Caa3, a un paso de ser “extremadamente especulativa”.

En agosto, mientras que el alza de precios se desacelera en el resto de la región, la inflación en Bolivia se elevó de 4,0% a 5,2%. Además, entre enero y agosto, las importaciones (sin considerar combustibles) acumulan una contracción de 14%, principalmente por menores compras de bienes de capital y materias primas para la industria, lo que sugiere que la economía se desacelera.

Pese al alza reciente en el precio del gas, es improbable que se repita un período de bonanza en la producción similar al experimentado en 2005-2014 que rescate a la economía boliviana. Ello se debe a que la gestión pública le ha restado competitividad al sector hidrocarburos: desde el 2022, Bolivia importa más combustibles de los que exporta.

Hace unos días, en medios bolivianos se dio cuenta del posicionamiento del sol peruano como reserva de valor. Esa fortaleza es fruto de las reformas macroeconómicas ejecutadas en el Perú.

La situación de Bolivia debe servir entonces como lección, especialmente en el contexto que vive el Perú de debilitamiento de la institucionalidad fiscal y de una gestión estatal deficiente en Petro-Perú.

Ejecutivo y Legislativo deben alejarse de medidas populistas, priorizar un uso eficiente de los recursos públicos y promover un entorno favorable para nuevas inversiones que permitan aprovechar el potencial de los hidrocarburos en beneficios de todos los peruanos.