Desde el mensaje presidencial, quedó sobre la mesa la oportunidad para que el Gobierno defina un rumbo claro para el país. Se esperaba claridad en sus prioridades, coherencia en las decisiones y señales firmes hacia sectores estratégicos. La minería es uno de ellos: aporta al PBI, genera empleo formal, atrae inversión sostenible y dinamiza territorios históricamente olvidados.
Desde el mensaje presidencial, quedó sobre la mesa la oportunidad para que el Gobierno defina un rumbo claro para el país. Se esperaba claridad en sus prioridades, coherencia en las decisiones y señales firmes hacia sectores estratégicos. La minería es uno de ellos: aporta al PBI, genera empleo formal, atrae inversión sostenible y dinamiza territorios históricamente olvidados.
En ese momento, se destacó que, durante la actual gestión, se han autorizado más de US$13.400 millones en nuevos proyectos mineros y que la cartera vigente asciende a 61 proyectos por US$65.000 millones.
Son cifras alentadoras, pero plantean el desafío de cómo asegurar que se concreten y se mantengan sostenibles frente al avance de la minería ilegal, la tramitología y la fragilidad institucional.
Entre 2022 y 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera identificó operaciones sospechosas por más de US$2.200 millones vinculadas a la minería ilegal. En La Libertad, redes criminales han perpetrado más de 600 ataques a operaciones formales. Ignorar esta amenaza —que pone en riesgo vidas, inversión y sostenibilidad— debilita cualquier visión de futuro para el sector.
Los gremios empresariales han coincidido en tres prioridades: una política firme contra la minería ilegal, avances hacia la Ley MAPE para fortalecer a la pequeña minería formal y simplificación de permisos sin sacrificar estándares.
Si bien se anunció un “shock desregulatorio” de alcance general, aún faltan lineamientos técnicos para el sector, que demanda predictibilidad y reglas claras.
La minería peruana no puede seguir esperando una política de Estado que combine sostenibilidad, eficiencia regulatoria y diálogo territorial.
Para lograrlo, es esencial partir de un entendimiento claro de lo que necesita el sector. Convertir las cifras en progreso real exige visión de largo plazo, rigor técnico y compromiso multisectorial, con acciones concretas que generen confianza y resultados tangibles para el país.
