El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) junto a Videnza, presentaron el análisis sobre las barreras y distorsiones del proceso de formalización minera actual, en el que también se plantean recomendaciones de cara al proyecto de Ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Mape), que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) presentará al Congreso.
El informe advierte la responsabilidad de supervisar este proceso que actualmente recae en los gobiernos regionales y que debería ser liderado por el Minem, en articulación con los organismos especializados como OEFA, ANA, Serfor, Sernanp, etc.
“El Perú necesita recuperar las riendas sobre la formalización minera”, advirtió el presidente del IIMP, Darío Zegarra, quien señaló que no hay actividad en el Perú que se desarrolle con tanta impunidad y ausencia de supervisión del Estado.
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Indicó además que el Reinfo, de ser un registro de formalización, se ha interpretado como un derecho para comprar explosivos, invadir y detonar territorios mineros, traficar recursos del estado sin fiscalización alguna. “El Reinfo no da para más y es clave que este no se extienda nuevamente, pues su carácter permisivo fomenta la criminalidad; además de contribuir al financiamiento de la violencia y el crimen organizado”, refirió Zegarra.
Por su parte, la directora de Videnza, Paola Bustamante, explicó que el Reinfo se otorga con una simple voluntad de formalización por parte del titular, y que no existen plazos específicos para que este proceso sea efectivo. Sostuvo además que la nueva Ley Mape debe establecer plazos definitivos en cada uno de los requisitos de formalización minera.
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“Se necesita sinergia entre Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial para combatir la ilegalidad, y promover una minería más responsable y sostenible“, agregó el presidente del IIMP.
Finalmente, el IIMP y Videnza señalaron que las autoridades nacionales tienen la oportunidad de demostrar su compromiso con el bienestar de la población, implementando un proceso de formalización efectivo, en donde se garanticen condiciones de trabajo seguras para los miles de trabajadores que, actualmente, ponen en riesgo sus vidas.
