Lupaka Gold Corp., minera canadiense de oro, demandó a Perú en Estados Unidos como parte de sus esfuerzos por cobrar unos US$69 millones que le fueron adjudicados tras un arbitraje por protestas violentas que paralizaron las operaciones en una de sus minas, reportó Bloomberg.
La compañía obtuvo el laudo, que incluye intereses, el año pasado en un arbitraje que determinó que el gobierno peruano no logró detener las protestas de comunidades rurales en la mina Invicta de la empresa.
La demanda ha sido presentada el 27 de febrero ante un tribunal federal en Washington y busca que un juez estadounidense confirme el fallo. La compañía minera señaló en un comunicado publicado el lunes que Lupaka confía en que pronto podrá empezar a embargar activos peruanos en cualquier lugar dentro de los Estados Unidos.
Por su parte, Bloomberg dijo que el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF) indicó que contactó a la minera antes de que esta presentase la demanda a fin de transmitirle la intención del país para cumplir con el laudo. El ministerio, según informó, propuso sostener reuniones de coordinación lo más pronto.
No obstante, la demanda igual fue presentada.
Como se recuerda, la demanda es, al menos, la segunda que se ha presentado en los últimos años contra el Perú a causa de laudos arbitrales impagos. Esto en un contexto en el que el país se enfrenta a un número ascendente de disputas con inversionistas internacionales.
Cabe recordar que el Consorcio Kuntur Wasi, adjudicado para construir un aeropuerto, también presentó una demanda y recibió US$91 millones poco después de que un tribunal estadounidense confirmara un laudo arbitral a su favor. En ese litigio, el Perú no presentó abogados para defenderse.
El presidente de Lupaka, Gordon Ellis, mencionó en un comunicado que “la industria minera sin duda tomará nota de la negativa de Perú a cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional al tomar decisiones de inversión”, advirtió.
Carlos José Valderrama, expresidente de Sicreci, la entidad peruana encargada de la gestión de casos de arbitraje, señaló que el caso podría ofrecer una hoja de ruta para otras empresas extranjeras cuyas operaciones se vean afectadas por protestas.
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