El Caso Lupaka es espinoso. Muy espinoso. Ha remecido el estratégico mundo del arbitraje internacional en el sector minero en esta parte del continente. Es la primera vez que el Perú pierde una demanda arbitral internacional –ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi)– interpuesta por una empresa minera. Quizá no sea la última. Antes de continuar, el suscrito no tiene relación comercial con alguna empresa referida en esta columna. Seguimos.
El Estado Peruano ha perdido un laudo arbitral y le pagará a la canadiense Lupaka Gold Corp. más de US$67 millones porque –según la resolución del Ciadi– el Perú “ha incumplido sus obligaciones de protección a la inversión extranjera”. Ojo, léanlo despacio: el Estado ha incumplido sus obligaciones con la inversión extranjera en general, dice la resolución del influyente Ciadi. El fallo del tribunal –que se publicó el 30 de junio y el propio Estado no solicitó la anulación de acuerdo con el plazo establecido– es “definitivo” y en “cumplimiento exigible”. En otras palabras, el Estado deberá pagar sí o sí.
¿Por qué una empresa minera obtiene una victoria en los tribunales del Ciadi contra el Estado Peruano? Según la resolución de la institución supranacional, “el Estado Peruano no actuó con la debida diligencia para salvaguardar la seguridad y las inversiones” de la compañía que había invertido millones de dólares en el proyecto aurífero Invicta, en las alturas de Lima Provincias, y que en el 2019 fue bloqueado, atacado y paralizado de manera definitiva por una comunidad aledaña. Así, el Estado, en su conjunto, “incumplió las obligaciones de protección a las inversiones extranjeras en el marco del Tratado de Libre Comercio con Canadá”. Atención con lo anterior, que el tema adquiere otros ribetes en el que se incluye la referencia a un TLC.
El Caso Lupaka es absolutamente rico en cuanto a argumentos contra el Estado que el Ciadi desarrolla. En una parte del fallo, se determina que “las acciones del Estado son atribuibles a la comunidad de Parán” (que se movilizó contra la operación minera) y que “la política de diálogo fue ineficaz”.
Todo lo anterior no es en absoluto baladí. El caso es delicado y complejo porque es un precedente potente que será estudiado por otras empresas mineras nacionales o extranjeras que son o podrían ser víctimas de campañas antimineras ideológicas, de la ilegalidad y criminalidad de las bandas organizadas o de la informalidad en alianza con la minería ilegal.
Observen lo que ocurre en Cajamarca, en Sorochuco para mayor interés. Miren con atención lo que pasa en el corredor minero del sur peruano, que agrupa a varias regiones donde están las principales operaciones cupríferas. O lleven la vista a Áncash, donde hay campañas de antipropaganda recurrentes contra las empresas mineras formales, al punto de haber llevado a presidentes de las comunidades a una sesión en la propia ONU alegando contaminación que no existe. En las zonas antes mencionadas, tanto la minería ilegal como informal, las estrategias ideológicas de organizaciones no gubernamentales –peruanas y extranjeras– o los asesores/abogados expertos en generar conflictos, “trabajan” con absoluta libertad –a veces– en contubernio con instituciones del Estado a nivel local como nacional. Incluso las propias comunidades –nativas o campesinas– participan en la ilegalidad en la minería o han desarrollado industrias informales mineras en concesiones de formales; y no olvidemos cómo algunos malos jueces, policías y fiscales –el Estado– amparan por acción u omisión las acciones contra las inversiones mineras.
Además de lo anterior, el caso aparece en un presente en marcha con complejidades geopolíticas. Las nuevas palabras ahora son Trump, China, Venezuela, “áreas de influencia” y los intereses estratégicos de Estados Unidos en su “hinterland” sudamericano. Y vale recordar que el Ciadi es una institución del grupo del Banco Mundial, en la que EE.UU. es el principal accionista.
*El autor es asesor del equipo técnico-minero de Enrique Valderrama (Apra).
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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