

La política peruana volvió a mostrar su patrón de “crisis funcional”, repitiendo un desenlace predecible en los procesos de vacancia presidencial, sostuvo un reciente reporte de Renta4 SAB. Esto luego de que el Congreso de la República destituyera a Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”, luego de que la exmandataria decidiera no acudir al Pleno para ejercer su defensa.
La moción obtuvo 121 votos a favor, superando con amplitud los 87 requeridos y consolidándose como uno de los mayores consensos legislativos en un proceso de este tipo desde el retorno a la democracia.
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“La votación se produjo en medio de un clima de creciente presión social y deterioro de la seguridad ciudadana, factores que aceleraron la pérdida de legitimidad del Ejecutivo y precipitaron el desenlace político con una velocidad poco habitual incluso para los estándares peruanos”, indica el informe.
Poco después de la votación, el Parlamento rechazó una moción de censura contra la Mesa Directiva (61 votos en contra, 36 a favor y 17 abstenciones), lo que aseguró la continuidad del orden sucesorio y permitió que José Jerí (Somos Perú), en su calidad de presidente del Congreso, asumiera la jefatura del Estado.
Renta4 SAB advirtió que políticamente, el cambio de mando podría percibirse como una consolidación del poder congresal, generando protestas o rechazo social, especialmente si la población no percibe mejoras tangibles en seguridad y empleo. “La historia reciente advierte que procesos similares, como el de 2020 tras la vacancia de Martín Vizcarra, desencadenaron protestas que terminaron con la renuncia del entonces interino Manuel Merino”, agregó el reporte.
Por ello, Jerí deberá actuar con celeridad, transmitiendo señales de calma y compromiso institucional para evitar que el descontento social escale y afecte la transición democrática. Desde la perspectiva económica, los efectos inmediatos tenderían hacia una mayor volatilidad financiera.
Además, es previsible cierta presión sobre el tipo de cambio, alza en las tasas locales y un repunte transitorio del riesgo soberano, mientras los inversionistas asimilan la incertidumbre política. La inversión pública y privada podría ralentizarse temporalmente por la reorganización del aparato estatal y la prudencia administrativa.
Sin embargo, si el nuevo gobierno interino comunica de forma clara su compromiso con la estabilidad macroeconómica y la transparencia institucional, los impactos sobre la confianza y el mercado financiero serían acotados.
Desde la perspectiva de Renta4, la vacancia presidencial introduce un nuevo episodio de incertidumbre política, pero no altera de manera sustancial la tesis estructural sobre los activos peruanos.
“Consideramos que mercado local ya ha internalizado la lógica de volatilidad recurrente que caracteriza al país, lo que explica su capacidad de recuperación tras cada episodio de inestabilidad. Más que un punto de inflexión, este evento representa un recordatorio de que la política peruana opera bajo ciclos cortos, mientras los fundamentos macroeconómicos permanecen notoriamente consistentes”, remarcaron.
Asimismo, precisaron que la atención del inversionista debe trasladarse del ruido político hacia la búsqueda de valor en activos infravalorados. La combinación de un tipo de cambio estable, anclas fiscales prudentes y un banco central altamente creíble configura un entorno de resiliencia en el que los ajustes de corto plazo abren ventanas de entrada atractivas, resaltan los analistas de Renta4.
Según Renta4 SAB, los sectores con mayor exposición a la demanda interna —infraestructura, financiero y consumo— podrían beneficiarse de una eventual recomposición de expectativas conforme el ciclo político avance hacia 2026.
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