La 37 edición de la Convención Minera Perumin 2025 se llevará a cabo en setiembre del próximo año en Arequipa. (Foto: Difusión)
La 37 edición de la Convención Minera Perumin 2025 se llevará a cabo en setiembre del próximo año en Arequipa. (Foto: Difusión)
Redacción EC

Las empresas que participen en la deberán pasar por un estricto control de transparencia e integridad en esta cumbre, considerada como una de las más importantes de la industria minera a nivel mundial.

Se trata de un análisis de factores críticos denominado “debida diligencia” frente a eventuales riesgos de lavado de activos, corrupción, minería ilegal y cumplimiento de sanciones internacionales a las empresas y marcas que buscan ser parte del evento programado para setiembre del 2025 en la ciudad de Arequipa.

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Para lograr ese nivel de excelencia el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), organizador de Perumin 2025, estableció una alianza con la empresa Achilles.

“La debida diligencia es fundamental para garantizar un entorno confiable y seguro. Al trabajar juntos, no solo elevamos los estándares de calidad del evento, sino que también fortalecemos la confianza entre todos los involucrados”, afirmó Enrique Alania, presidente de Extemin (Feria que se organiza dentro del marco de Perumin).

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Se trata de un compromiso conjunto entre ambas instituciones que apunta a lograr dos conceptos: la transparencia y la excelencia en eventos de carácter internacional.

Por su parte, Daphne Sarria, Account Manager de Achilles, destacó la importancia de este mecanismo en la gestión de riesgos legales y reputacionales. “Aproximadamente el 30% de los proveedores ya están registrados ante nosotros, lo que nos permite revisar y analizar información relevante de manera efectiva”, agregó.

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Para aquellas empresas no registradas en las plataformas de Achilles se solicitará información a través de un cuestionario diseñado en conjunto con el IIMP. Si se identifican potenciales riesgos se informará al IIMP de inmediato mediante un informe completo, facilitando así la toma de decisiones pertinentes.

Voceros de ambas instituciones recordaron que la “debida diligencia” es un proceso que contribuye a que las empresas puedan identificar, mitigar, prevenir y establecer planes de acción ante los impactos negativos, ya sean reales o potenciales.

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