

El congresista Edward Málaga Trillo remitió un oficio al ministro de Cultura, Fabricio Valencia, solicitando información sobre la nulidad de las autorizaciones para las excavaciones arqueológicas en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga, proyectos a cargo de Prolima que forman parte del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima.
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En el documento, Málaga expresó su preocupación por la decisión de suspender los trabajos, aparentemente vinculada a la cercanía con Palacio de Gobierno y los planes de seguridad de la presidenta de la República. El parlamentario enfatizó que estos vestigios del siglo XVI y XVII representan un legado invaluable de la identidad cultural peruana, y advirtió que su paralización podría ocasionar daños irreversibles.
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El oficio solicita precisar las razones técnicas, legales o administrativas que sustentan la nulidad de las autorizaciones, así como confirmar si existió alguna orden directa de Palacio de Gobierno. También demanda conocer qué medidas adoptará el Ministerio de Cultura para garantizar la conservación de los hallazgos y mitigar los riesgos señalados por Prolima, como el aumento de humedad, acumulación de sales y la posible pérdida de estructuras excavadas.
Asimismo, el parlamentario recordó que la suspensión no solo compromete la preservación del patrimonio, sino que también afecta proyectos relacionados al río Rímac y la recuperación de espacios públicos como la Alameda Chabuca Granda, además de inversiones, contrataciones de personal especializado y colaboraciones con universidades e instituciones culturales.

Málaga subrayó que las demoras en las excavaciones ponen en riesgo compromisos presupuestales ya asignados y podrían generar perjuicios legales para el propio Estado, debido a contratos vigentes con empresas y acuerdos con instituciones académicas. En su opinión, la falta de una respuesta clara por parte del Ministerio de Cultura incrementa la incertidumbre en torno al futuro del Centro Histórico de Lima.
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Finalmente, el congresista adelantó que, de no obtener respuesta oportuna, acudirá a las comisiones de Cultura y Fiscalización del Congreso para solicitar la presencia del ministro Valencia y exigir explicaciones en una sesión pública. “No podemos permitir que decisiones poco transparentes pongan en peligro nuestro patrimonio histórico y arqueológico, que pertenece a todos los peruanos”, concluyó.
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