

El Poder Ejecutivo dispuso la creación de un grupo de trabajo multisectorial de naturaleza temporal encargado de elaborar una propuesta normativa que autorice un apoyo económico excepcional para los deudos de personas fallecidas y heridos de gravedad con secuelas en las movilizaciones ocurridas el 15 de octubre de 2025.
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La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial Nº 0370-2025-JUS, publicada en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. Según la norma, el grupo será presidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) e integrado por representantes del Ministerio de Salud (Minsa) y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
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De acuerdo con la resolución, la Secretaría Técnica del grupo de trabajo podrá convocar a otras entidades públicas o privadas para aportar información o asistencia técnica. La instalación de la mesa multisectorial deberá realizarse en un plazo máximo de dos días hábiles tras la publicación de la norma, y tendrá una vigencia de diez días hábiles, prorrogable por una sola vez por igual periodo.
El funcionamiento del grupo será ad honorem, sin generar gastos adicionales al erario público, y su financiamiento se realizará con cargo al presupuesto institucional del Minjusdh, sin demandar recursos del Tesoro Público.

Respuesta ante la marcha del 15 de octubre
El Ministerio de Justicia informó que la creación de este equipo de trabajo responde a los hechos registrados durante la marcha nacional del 15 de octubre, en la que una persona falleció y decenas resultaron heridas. La víctima mortal fue Eduardo Ruiz Sanz, cuyo caso se encuentra bajo investigación fiscal por presunto homicidio en contra de dos efectivos policiales.
Asimismo, se conoce que Luis Reyes Rodríguez, otro de los manifestantes, continúa hospitalizado y en estado crítico tras sufrir una fractura cerebral durante las protestas.
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Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, 120 personas resultaron heridas, entre civiles y agentes policiales. De ese total, el grupo de trabajo evaluará quiénes califican como heridos de gravedad para ser considerados en el eventual apoyo económico.
La resolución ministerial, suscrita por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, ratifica el compromiso del Ejecutivo de brindar atención humanitaria y asistencia económica excepcional a las víctimas directas e indirectas de los hechos ocurridos durante las movilizaciones sociales.
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