(Foto: Bryan Albornoz / El Comercio)
Oscar Paz Campuzano

Puentes abandonados, autopistas inconclusas y megaproyectos sin avances dan a Lima una impresión de ciudad que no camina. Hay, por lo menos, 12 grandes obras paralizadas, retrasadas o entrampadas por S/22.694 millones, según información oficial de diferentes entidades. En este informe, El Comercio da detalles del estado de cada proyecto.

De la ampliación y modernización del aeropuerto internacional Jorge Chávez se habla hace por lo menos 13 años. El concesionario debió iniciar en el 2005 la construcción de una segunda pista de aterrizaje y un nuevo terminal de pasajeros, pero una serie de interferencias ha impedido que empiece.

Según el Regulador de la Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), sigue pendiente que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) entregue a Lima Airport Partners un terreno saneado de 60.178 m2. El área debió otorgarse en enero del 2018, pero una disputa judicial por la propiedad de ciertos predios lo impide. La obra, que sigue sin empezar, tomará cuatro años.

La línea 2 del metro, que conectará Ate y el Callao en 45 minutos, es otro proyecto vital. Según Ositrán, este debería tener 72% de avance, pero está al 23% y con 2,5 años de retrasos. Su construcción es clave para mejorar la movilidad de los limeños.

Otra salida al caos vehicular de Lima es la ampliación de la Costa Verde en el Callao, que permitiría ir desde el primer puerto hasta Chorrillos en 25 minutos.

Sin embargo, la obra de S/313 millones quedó paralizada en el 2017 ante la investigación que se abrió al gobernador del Callao Félix Moreno por presuntamente solicitar una coima a Odebrecht para favorecer a la constructora en la licitación. El Gobierno Regional del Callao estaría dialogando con el Ejecutivo para reanudar el proyecto.

“Tenemos una parálisis absoluta y es grave: se calcula que Lima y Callao tienen 80 años de atraso en transporte”, comenta el gerente de la fundación Transitemos, Alfonso Flórez, quien sostiene que hay proyectos postergados como la periurbana, el anillo vial norte y una veintena de puentes vehiculares sobre el río Rímac que se necesitan con urgencia.

Doce megaproyectos de infraestructura siguen en espera. (Infografía: El Comercio)
Doce megaproyectos de infraestructura siguen en espera. (Infografía: El Comercio)

— Paquete metropolitano —
Seis de las 12 obras o proyectos incluidos en esta nota son de responsabilidad de la Municipalidad de Lima (MML).

Una es la ampliación en 20 kilómetros de la autopista Ramiro Prialé, que el alcalde Luis Castañeda prometió que se terminaría en diciembre del 2017. Está paralizada desde que el río Rímac en marzo del año pasado destruyó lo avanzado por la concesionaria Rutas de Lima. Las obras por S/975 millones no se reanudan porque la comuna capitalina no concluye con la liberación de terrenos y porque la concesionaria tendría pendiente el cierre financiero de la segunda etapa del proyecto.

La Vía Expresa Sur (vía de 4,6 km que uniría Barranco con San Juan de Miraflores) y la ampliación del Metropolitano (desde la estación Naranjal hasta Carabayllo) son, básicamente, proyectos. No hay obras físicas.

Para el primero, la MML debe expropiar 869 predios y, según la concesionaria del proyecto (Graña y Montero), los trabajos físicos se iniciarían en junio del 2019. La Vía Expresa Sur debía estar lista este año.

La ampliación del Metropolitano en Lima norte requiere, según la comuna metropolitana, una inversión cercana a los S/500 millones. “Los recursos iban a ser obtenidos vía convenio con el Gobierno Central a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que hasta ahora no transfiere”, informó el municipio.

Para el decano del Colegio de Arquitectos del Perú, Arturo Yep, el presupuesto de la comuna de Lima (S/3.157 mlls. este año) no alcanza para poner en marcha grandes obras que resuelvan los problemas metropolitanos como el caótico transporte y déficit en infraestructura.

Augusto Mendoza, de la Sociedad de Urbanistas del Perú, opina que, sumado a que no tienen una visión integral para las ciudades, los gobiernos locales y regionales carecen de capacidad técnica, de modo que los contratos y expedientes tienen fallas y terminan por retrasar, paralizar o frustrar las inversiones.

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